•  |
  •  |
  • END

Recientemente la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Ley General de Educación (LGE) en la que modifica un único artículo, el 58, que establecía que el Consejo Nacional de Educación (CNE) , órgano superior del Estado en materia educativa, es presidido por el Vicepresidente de la República. El cambio introducido es que ahora este órgano será presidido por el Presidente. Este hecho merece algunas reflexiones.

Muchas educadoras y educadores nicaragüenses, hemos manifestado que la Ley General de Educación a pesar de marcar un avance en la institucionalización de los procesos educativos, tiene numerosas e importantes carencias que requieren de una reforma profunda. Esas carencias se originan en el hecho que la misma no fue lo suficientemente consensuada por la sociedad nicaragüense, de manera que se perdió la oportunidad de que la Ley estableciera con claridad metas educativas fundamentales para garantizar el desarrollo del país con una visión de mediano y largo plazo, con la participación articulada de los esfuerzos públicos y privados.

Actualmente los nicaragüenses tienen una escolaridad promedio de 5.6 años, es decir menos del ciclo completo de la primaria. La Ley establece como obligatorios únicamente 7 años, un nivel de preescolar y los 6 de primaria, muy por debajo de lo que requiere el país para aprovechar el bono demográfico y desarrollarse, que sería de al menos 12 años de escolaridad, establecidos por la Cepal como el umbral educativo mínimo para lograr que una persona salga y se mantenga fuera de la línea de la pobreza.

La Ley tampoco aborda con profundidad el tema de la gratuidad de la educación, dejándola en un limbo interpretativo que no abona al cumplimiento de los derechos educativos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Otros elementos de reforma que requiere la Ley están vinculados a la necesidad de armonizarla con otras leyes para evitar las contradicciones que actualmente existen por ejemplo, con la Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, e incluso con la Constitución de la República; la duplicidad de funciones entre varios de los órganos de dirección de la educación (el CNE y el Mined e Inatec; EL CNU y el Consejo Nacional de Rectores, etc.); la falta de claridad en los procedimientos y la manera de incidir del Sistema Educativo Autonómico Regional (SEAR) tanto en los gobiernos regionales como en los municipales; el no establecimiento de mecanismos claros que obliguen al Estado a destinar un presupuesto suficiente a Educación, el que en ningún caso debería ser menor del equivalente al 7% del PIB; y la prohibición explícita de reglamentación con lo que se impide la concreción de la Ley.

Un elemento sobre el que se ha llamado la atención en numerosas ocasiones y que requiere reforma, es el referido a la acreditación y evaluación del sistema educativo, puesto que para diseñar e implementar un sistema de esa naturaleza, necesitamos discutir y construir consensos acerca de qué concebimos los nicaragüenses como educación de calidad, y cómo va a ser garantizada por el CNAE en los diferentes niveles del sistema educativo que se financia con dinero de todos nosotros(as) los contribuyentes. Estos consensos no existen y es prioritario trabajar para alcanzarlos.

Resulta incomprensible que los señores diputados hayan decidido reformar una Ley que requiere tantos ajustes, únicamente para continuar centralizando las funciones públicas en unas pocas manos.

La educación es un proceso trascendental para el presente y el futuro del país y únicamente responderá a las necesidades de desarrollo que tenemos cuando la hagamos una prioridad, asumamos que requiere de un amplio consenso, y que es responsabilidad y derecho de todas y todos.