Miguel De Castilla Urbina
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En febrero de 1990 hubo elecciones generales en Nicaragua, y el FSLN que había liderado la Revolución entre 1979 y 1989 perdió las elecciones, y con ello la potestad para continuar a la cabeza del estado revolucionario. Un nuevo modelo de Gobierno y un nuevo régimen económico, diferente del de los años ochenta en Nicaragua, habría de surgir de aquellos eventos.

Desde inicios de los años ochenta, simultáneamente cuando la Revolución sandinista cumplía sus propósitos emancipadores para los más pobres, en América Latina y todo el mundo, el capitalismo estaba mudando hacia la implantación de un nuevo modelo de desarrollo, al que por sus novedades los expertos llamarían neoliberalismo, cuyas características eran (y son) privatización de las empresas públicas, conversión de todo lo social en mercancía, reducción del Estado, apertura comercial y financiera, énfasis en el mercado externo, flexibilización de las relaciones laborales, entre otras.

Igual que en los años sesenta del pasado siglo que el capitalismo desarrollista, signado por la sustitución de importaciones de bienes y servicios y la importación de capitales, conocimientos y tecnología edificó un tipo específico de universidad que le sirviera de aparato de reproducción científica y tecnológica, el capitalismo neoliberal de los años ochenta, noventa y de inicios del presente siglo, articulado a la globalización de las comunicaciones a nivel mundial, ha venido construyendo un nuevo tipo de educación y universidad a su imagen y semejanza.

Por lo general la receta ofrecida ha sido: que los Estados provean a las universidades los recursos necesarios, pero que estos estén condicionados al uso transparente de los mismos y para el fortalecimiento de la eficiencia y la calidad. Se debe proveer a las universidades de autonomía, pero también deben propiciar  mecanismos de monitoreo, evaluación y acreditación de su calidad y desempeño. Se deben propiciar ambientes favorables para la fundación de Cámaras Empresariales de universidades privadas, acompañados de sistemas de becas sobre la base del desempeño estudiantil, e incrementar los aportes al sector privado, la elevación de los aranceles estudiantiles a la par del establecimiento de sistemas de préstamos y crédito educativo y la contribución de los graduados con el pago de cuotas y la organización de la venta de servicios.

Como se observará, los énfasis han sido: liberalización de las instituciones educativas abiertas al mercado; financiamiento educativo versus eficiencia y transparencia y monitoreo de la calidad de la educación. 

Por causas obvias este enfoque ha contaminado e impregnado el discurso y perspectivas de las universidades públicas de la región, las que, ante el estancamiento de los aportes fiscales de parte de los gobiernos, viven hoy una permanente y profunda crisis de identidad, moviéndose pendularmente entre el derecho a la educación de la población estudiantil en situación de pobreza, y la competencia con las universidades privadas por el pastel financiero de los mercados universitarios en nuestros países.

Respecto a Nicaragua, que en 1990 venía saliendo de la epopeya revolucionaria, y que como parte de la misma se había edificado un tipo particular de universidad pública, la apuesta neoliberal se presentaba como una verdadera amenaza, motivo por el cual, la Asamblea Nacional, con mayoría sandinista, antes del traspaso de gobierno en mayo de ese año, promulgó la Ley 89, del 5 de abril de 1990, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, en virtud de la cual se forjaba un formidable escudo protector de estas instituciones, ante la avalancha privatizadora que se preparaba para avanzar sin freno con todos los fierros sobre las universidades públicas, igual a que se estaba haciendo en esos días en los centros educativos públicos de la educación básica del país.

De esta manera, entre el año 1990 y el año 2006, años de franca privatización neoliberal en todos los sectores, las comunidades universitarias públicas nicaragüenses, defendieron en las calles del país, con la Ley 89 en las manos, el derecho de la población empobrecida a su educación superior. A partir del año 2007 hasta hoy, con el Frente Sandinista, de nuevo en el poder, comienza a escribirse la nueva historia de la educación superior nicaragüense, un hibrido que dialécticamente se mueve entre las inequidades del mercado y las luchas por la justicia social en los campos de la educación nacional.