Gloria Cortés Téllez
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Según diferentes informes oficiales y privados relacionados con el crecimiento económico que Nicaragua ha experimentado en los últimos años y particularmente el recién pasado 2017, la actividad agraria ha sido el principal motor de dicho crecimiento, gracias al noble y eficiente trabajo desarrollado por los productores y productoras (pequeños, medianos o grandes); gracias al noble y nunca bien remunerado esfuerzo del sector de trabajadores y trabajadoras del campo (campesinos y obreros); gracias al excelente trabajo desarrollado por los gremios mediante organizaciones como Upanic, que merece uno o muchos artículos periodísticos, por Unag y otras organizaciones gremiales, quienes han hecho posible garantizar nuestro alimento y demás productos de consumo, obtenidos mediante la incidencia sobre el ciclo biológico de vegetales y animales, aprovechando las fuerzas de los recursos naturales, obteniendo bienes tal como se producen en la naturaleza o bien sometiéndolos a una o múltiples transformaciones, impactando e
n el mercado, tanto para el consumo interno como para la exportación, consiguiendo divisas limpias para impulsar año con año nuestro desarrollo y crecimiento económico.

Esta gigantesca tarea conlleva múltiples relaciones jurídicas en donde encontramos un gran déficit de atención por parte de las instituciones encargadas de preparar al recurso humano, es decir, abogados especialistas en derecho agrario que atiendan adecuada y eficientemente las necesidades del sector agrario que está haciendo lo suyo, pero cuyo asesor para los asuntos de relevancia jurídica, no está actualizado en el desarrollo y crecimiento que ha experimentado el derecho agrario en consonancia con la fuerte dinámica que conlleva objetivamente la actividad agraria. 

Existen universidades que nunca han tenido en su pénsum de estudios ni un componente educativo de derecho agrario o bien lo han suprimido, cuestión que evidencia la ignorancia de sus graduados sobre el tema, que les obliga a ser autodidactas o a correr buscando información en el momento que se le presenta un caso a riesgo de perjudicar los intereses del usuario o a cometer más errores de lo normal. Otras universidades lo incluyen restringiéndolo al tema de reforma agraria, el cual es un componente importante pero parcial del estudio jurídico agrario. Algunas lo han fusionado con derecho ambiental, derecho cooperativo o con cualquier otra a la que le encuentren alguna afinidad, cuestión que evidencia la somera información con la que egresan sus graduados en ambas materias o componentes educativos fusionados y a riesgo de crear confusiones en su identificación objetiva con los consecuentes efectos negativos.

Existen honrosas excepciones que teniendo derecho agrario ofrecen un contenido relativamente aceptable, aunque no se conoce si en sus procesos de autoevaluación han identificado las necesidades de actualización de sus docentes o del contenido programático establecido, o al menos haber puesto en práctica las investigaciones suficientes que permitan determinar la pertinencia del mismo como uno de los elementos de la excelencia.

 Nuestras universidades tienen un excelente personal en el campo de la administración educativa y de especialistas en planificación educativa, elaboración, diseño de pénsum académico con métodos científicos que les permiten vincular las necesidades socioeconómicas, jurídicamente relevantes del país, con su oferta educativa para determinar qué debe conocer, saber, saber hacer y saber crear al futuro profesional con un enfoque de derechos humanos y en concordancia con la vertiginosa evolución del derecho agrario contemporáneo, procurando la dosificación temática en correspondencia con las necesidades de la empresa agraria, de los sujetos agrarios y de los consumidores. Posiblemente nuestras instituciones de educación superior están en vías de incorporar el componente de derecho agrario con todos sus institutos, siendo imprescindible asociar las políticas agrícolas con la planificación universitaria.

Basta revisar brevemente dos ejemplos, La Política Agrícola Europea parte de la aceptación de que los agricultores europeos desempeñan un trabajo fundamental en la economía y en la sociedad por garantizar el alimento seguro y saludable de más de 500 millones de ciudadanos de la Unión Europea a precios susceptibles de ser adquiridos por todos, por lo cual se ha constituido en una política común (PAC), absorbiendo  el 40% del presupuesto de la UE siendo una de las pocas actividades productivas financiadas por la UE y las universidades ofrecen especialidades, maestrías y doctorados en Derecho Agrario. Nuestra vecina del sur exige por ley que los jueces y magistrados con competencia agraria sean especialistas en Derecho Agrario y por supuesto las universidades ofrecen tal especialidad.

En Nicaragua que basa su desarrollo económico fundamentalmente en la actividad agraria se hace necesario y urgente proceder a corregir el déficit en la oferta universitaria que permita a los profesionales del Derecho atender tales necesidades. Las transformaciones universitarias necesarias están en buenas manos.

* Presidenta de la Asociación Nicaragüense de Derecho Agrario y Derecho Ambiental (ANDADA).