Ricardo Guzmán Sánchez
  •   Managua, Nicaragua  |
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Existen diferentes vacíos en el abordaje de la violencia contra las mujeres, lo cual dificulta la unificación de esfuerzos que permitan mermar (idealmente erradicar) esta fatal enfermedad. 

Medios, instituciones y organizaciones han difundido la idea de que en la actualidad se cometen más abusos contra féminas que en el pasado. Esto evidencia la pobreza de investigaciones y análisis sobre el tema. Se limitan más bien a presentarlo de forma alarmante, pronosticando su proliferación y alcanzando los mismos niveles de rencor que señalan en los atacantes, quienes, lejos de verse amenazados, se sienten acuerpados por los agresores que los precedieron, por encima de las penas impuestas judicialmente.  

Bastan los testimonios de nuestras abuelas para convencernos de lo contrario. Sus voces evidencian que esa práctica inhumana no solo era mayor, sino también “permitida”. Las víctimas de entonces sufrían lo indecible, con resignación. 

Las estadísticas que medios, instituciones y organizaciones presentan en bruto contradicen el prejuicio de que la violencia contra las mujeres predomina en el campo. Los femicidios de la última década han ocurrido mayormente en la ciudad, donde abundan los focos de conflicto, la desesperación por adaptarse y sobrevivir. 

Es un hecho que, en la medida en que las necesidades están insatisfechas, las personas viven bajo tensión constante, lo que multiplica las posibilidades de frustración y violencia. Esto prueba, de algún modo, que las agresiones de género (y otras) se manifiestan más en la gente pobre, constituye la mayoría.   

En nuestro país, sin embargo, la explicación a esta enfermedad es unívoca: “cultura machista”. Por un lado, los defensores de las víctimas denuncian más violencia atroz perpetrada por hombres que ven a la mujer como su propiedad; por otro, las autoridades informan constantemente que los casos registrados esta semana, este mes, este año, son menos con relación al año pasado. Estas respuestas constituyen una manera “decente” (no convincente) de desligar responsabilidades.

Lastimosamente las políticas institucionales solo están enfocadas en subsanar el problema una vez que acontece la tragedia, lo cual es absurdo. En la práctica, nada de preventivas tienen.  

Afirmar que las víctimas de violencia se sentían solas e indefensas no necesita pruebas. Con toda certeza, alguien sabía sobre las agresiones que sufrían las mujeres que yacen enterradas o viven traumas insuperables. Instituciones y personas consideraron mejor no involucrarse en estos casos, los cuales, “a su buen juicio”, siempre terminan en reconciliación. 

Nadie se pronunció antes de la tragedia, pero se exige todo el peso de la justicia y el género masculino debe cargar con cualquier clase de vituperios. 

Sin embargo, como la sicología conductista ha probado, el castigo (que es muy necesario al igual que el premio) es un refuerzo negativo que genera la repetición de la conducta indeseada cuando no está equilibrado con el reforzamiento positivo. Es decir, que mientras los medios, el Estado y las organizaciones enfoquen sus campañas exclusivamente en condenar o trivializar como simples estadísticas los casos de violencia de género, esta se reproducirá, pues nada más reafirman dicho comportamiento y lo anquilosan en su pasado ideológico. 

Nuestra educación, en todas las instituciones sociales, está basada en sancionar lo negativo, no en premiar lo positivo. El ámbito laboral constituye un ejemplo cabal de esto. 

Las agresiones contra mujeres (que nada justifica) no se igualan a los casos actuales de hombres jóvenes que cargan a sus hijos, los llevan a la escuela, se involucran en actividades hogareñas, son amables y respetuosos con las damas, pero nadie parece notarlo. No hay investigaciones serias ni campañas que promuevan esas buenas prácticas, esas nuevas masculinidades.  

* El autor es filólogo y catedrático universitario.
rguzmanche@gmail.com