María Augusta Rodrigues Ribeiro*
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Acabo de pasar tres horas hablando con una muchacha que ha tenido dos partos en el sistema público de salud, en el cual tenemos una tasa de cesáreas que ronda el 30% desde el 2006. En el seguro social esta tasa oscila entre el 55 y el 60% desde el 2009, y en el sector privado entre el 50 y el 94% en el período 2006–2012 (según la “Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud 2011/12”). Ya sabemos, porque nos lo ha repetido hasta la saciedad la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde los 80, que la tasa óptima de cesáreas oscila entre el 5 y el 15%. Cuando esta tasa excede del 15%, los resultados en salud materna y neonatal tienden a empeorar.

Mi vecina me ha relatado una larga lista de negligencias y malas prácticas en la atención ginecológica y obstétrica de las que fue víctima en varias instituciones de salud, públicas y privadas. Me habló de su experiencia y de su percepción sobre la atención al parto tras escuchar de primera mano los relatos de decenas de mujeres a las que conoció durante los tres meses que estuvo ingresada con su bebé por un parto prematuro. 

Yo también he sufrido violencia obstétrica y he escuchado a muchas otras mujeres, y ninguna de ellas recordó con cariño y orgullo un momento tan especial, tan sagrado, como lo es el nacimiento de un bebé. Y no por el dolor de las contracciones y del expulsivo, sino por el sufrimiento físico, síquico y emocional que les produjo la crueldad de las prácticas médicas, el maltrato verbal y las amenazas recibidas. 

La violencia obstétrica es una realidad cotidiana en nuestro país. Lo sé porque me lo han contado la mayor parte de las mujeres que conozco y que han parido. Lo sé también porque varias publicaciones científicas lo han evidenciado: Magda Esther Castrillo Sandino, Mercedes Colomar y Alexis Narváez Rojas han estudiado la atención al parto en Nicaragua en los últimos años, dejando patente el intervencionismo desmedido y la incapacidad de los obstetras y ginecólogos para cuestionar la calidad de los cuidados al parto.

México, Venezuela y Argentina han legislado contra la violencia obstétrica. Costa Rica y Chile cuenta con un proyecto de ley. Desde el año 2010, el Ministerio de Salud (Minsa) publicó la Normativa 42, que ofrece pautas importantes para mejorar la calidad de los cuidados al parto. Los instrumentos reguladores y legislativos pueden ser necesarios, pero no son suficientes. Para reducir la tasa de cesáreas y acabar con la violencia obstétrica hace falta transformar la atención al parto. Un primer paso para diseñar una política integral puede ser estudiar en qué medida se están aplicando las recomendaciones actualizadas para el cuidado al parto que ha publicado la OMS a mediados de este mes de febrero. 

Pero, sobre todo, es necesario entender qué es un cuidado humanizado. Obligar a las mujeres a parir acostadas boca arriba y practicar la episiotomía por rutina es inhumano. Decir además que la episiotomía previene los desgarros es negligente: la episiotomía incrementa la probabilidad de sufrir los desgarros más graves. 

En la “Estrategia para Erradicar la Mortalidad Materna Prevenible”, la OMS señala que la comunicación efectiva, el apoyo emocional, el respeto y la protección de la dignidad deben formar parte de los cuidados de calidad, al mismo nivel que el apego a la evidencia científica. Las faltas de respeto y los abusos empeoran la calidad de los cuidados y provocan cesáreas y muertes evitables en mujeres y bebés. Violencia obstétrica lo llamamos desde el activismo y las distintas ramas de la sociología, la bioética, la antropología y la filosofía, desde las cuales se está analizando el modelo hegemónico de atención al parto. Porque la salud no es cosa solo de médicos, sino que compete a la sociedad entera.  

Firmo por mí y por todas las mujeres que me han contado sus partos y que por las múltiples barreras de tipo educativo, político y económico, no han podido escribir este texto. 

* Madre, economista y especialista en género.