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Constantemente se escucha decir en diversos sectores de la sociedad nicaragüense que Nicaragua es un país con una permanente y grave inseguridad jurídica. Si alguien tiene un problema de derecho patrimonial, mercantil, de familia o de cualquier índole, se le erizan los pelos porque tiene que recurrir a un Tribunal de Justicia que por ley tiene la función de dirimir los conflictos entre particulares. Cuando al ciudadano le lesionan sus derechos, no tiene la certeza de que el Estado representado en los órganos jurisdiccionales le concederá una justicia pronta y eficaz. Ese sentimiento de inseguridad jurídica no es casual ni caprichoso, pues está fundado en el ineficiente modelo de justicia que tienen los nicaragüenses; en el irrespeto y violación a la ley en el que constantemente incurre el juez unipersonal o colegiado; en la inaplicabilidad del principio constitucional de que todos somos iguales ante la ley.

El Estado de Derecho en el país es inexistente, pues hay políticos y funcionarios que piensan que “la ley se hizo para violarse”, y no para respetarla y cumplirla. Esa concepción se expresa en funcionarios del Poder Ejecutivo, encabezado por el Presidente de la República, a quien una orientación o disposición gubernamental dada a un Ministro o Procurador de Justicia que atente contra el ordenamiento jurídico no le importa, pues lleva a la práctica la máxima maquiavélica de que “el fin justifica los medios”.

En un país donde se respeta el Estado de Derecho, todos sin excepción alguna están sujetos y obligados a respetar la ley, ese deber, en primer lugar, lo tienen el Estado y los funcionarios públicos que dirigen esa ficción jurídica. Si el Estado transgrede la ley por actuaciones de sus funcionarios, el ciudadano afectado jurídicamente tiene la potestad de demandar al Estado y exigir el resarcimiento de daños y perjuicios. En otros países donde impera la ley, frecuentemente el Estado y los Gobiernos Municipales son demandados, por daños ocasionados. Si los daños son personales por propiedad u otra circunstancia, el perjudicado demanda al gobierno y el juzgador ordena pagar sumas millonarias por daños y perjuicios.

En nuestro país los funcionarios públicos del Poder Judicial aún cargan en sus mentes una concepción desfasada de cómo conciben al Estado, consideran que éste está por encima de la ley y por encima de los ciudadanos, dicha percepción es fascistas y totalitaria.

Por ese atraso cultural y jurídico que tenemos en este país, el ciudadano en derechos de propiedad y otros derechos se encuentra en un estado de indefensión ante el Estado. Cuando recurre a los Tribunales de Justicia, los Jueces no ven como un igual al Estado, y en sus resoluciones protegen al Estado infractor, no aplican el derecho, por tal circunstancia una vez agotada la vía administrativa, el perjudicado se ve obligado a recurrir a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y demanda al Estado nicaragüense.

Otro obstáculo que es una piedra en el zapato, porque no hemos alcanzado un Estado de Derecho, es que los administradores de justicia en este país no son independientes ni autónomos en la aplicación de la ley. Los jueces y magistrados en los diferentes niveles dependen administrativa y jurisdiccionalmente de elementos exógenos al Poder Judicial, son intervenidos, reciben orientaciones concretas de cómo y de qué manera deben fallar determinados casos.

Los funcionarios del más alto Tribunal de este país, en administración de justicia son dóciles y obedientes con respecto a sus padrinos políticos, porque están conscientes de que el cargo que ocupan no es por ser los mejores técnicos en materia jurídica, sino que lo obtuvieron por congraciarse con el líder del partido, quien lo propuso al cargo y fue electo por el número de votos que tiene en la Asamblea Nacional. De manera que quien llega al puesto no es el técnico sino un cuadro político del partido. Cuando el Líder del Partido, o cualquier persona allegada al líder tiene un clavo de orden legal, sea civil o penal, sólo basta una llamada telefónica dirigida al Magistrado, para que el caso lo resuelva con prontitud y eficacia y a favor de la persona que está apadrinando, no importa ni interesa que tenga o no la razón, pues la orientación debe cumplirse inmediatamente.

Otra dificultad que tiene nuestro sistema jurídico es que el Poder Judicial, como Poder de Estado, es la Cenicienta en cuanto a independencia. Por esa causa es que funcionarios del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo manosean al Poder Judicial, no le permiten que haga su trabajo con independencia, intervienen en sus decisiones. Con frecuencia se observa a funcionarios del Gobierno (Procurador de Justicia), acompañados de funcionarios del Poder Judicial (Magistrados), reuniéndose con los jueces inferiores en las circunscripciones judiciales, bajando la “línea” sobre qué deben o no deben hacer en temas concretos como el de la propiedad. Esta práctica lesiona la independencia del Poder Judicial, violenta el principio de División de Poderes consignado en la Carta Magna (arto. 129 Cn.). El Poder Ejecutivo de esta manera presiona, amenaza, coacciona a quienes administran justicia, todo esto atenta contra el Estado de Derecho.

Mientras en los nicaragüenses no se produzcan cambios profundos de mentalidad, en especial en aquellos hombres y mujeres que llegan a ocupar cargos públicos, en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial; hasta que no se verifiquen reformas profundas en la Constitución Política, donde se cumpla con la División de Poderes; mientras todo el sistema de justicia no sea sometido a una completa cirugía jurídica que garantice una genuina independencia, el Estado de Derecho en la sociedad nicaragüense será una utopía, por hoy inalcanzable, por ende, los enormes problemas económicos, políticos y sociales que tenemos, difícilmente tendrán una solución a corto y mediano plazo.

*Abogado y Notario