Johanni Miranda*
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El 2 de febrero de 2018 la Corte Internacional de Justicia sentenció las disputas unidas “Delimitación Marítima en el Mar Caribe y Océano Pacífico” y “Límite terrestre en la parte norte de Isla Portillos” (Costa Rica contra Nicaragua). En relación con la última Corte determinó que el canal de agua que conectaba la laguna de Harbor Head con el río San Juan había desaparecido debido a la recesión costera y que “como no hay un canal, no puede haber un límite a lo largo de él”, fallando que Costa Rica tenía soberanía sobre toda la Isla Portillos incluyendo la barra de arena, excepto la laguna de Harbor Head y su barra frente a ella. 

Igualmente estableció que el inicio de la frontera marítima (dejó una frontera movible de dos millas náuticas) era en la actual desembocadura del río San Juan, que se encuentra a casi tres kilómetros al norte de Punta Castilla, lugar planteado por Nicaragua para iniciar la frontera. Con ello dejó una parte de Nicaragua (Harbor Head), sobre la cual el Estado debe ejercer soberanía, completamente rodeada por el territorio costarricense.

En ese espacio geográfico, por todos es sabido se encuentra dislocado un puesto fronterizo del Ejército de Nicaragua. Aunque para algunos Harbor Head pueda resultar de inutilidad práctica y vista como única generadora de gastos, la realidad es que sigue siendo parte de nuestro territorio y debe de protegerse, más aún cuando existe la posibilidad que la laguna desaparezca y/o se una con el mar como consecuencia de actos de mala fe.

El derecho de Nicaragua de pasar al enclave es una consecuencia natural para ejercer su soberanía; y el derecho internacional y la Convención de Derechos del Mar de Naciones Unidas, de la cual Nicaragua y Costa Rica son partes, permite, a pesar de que pudiera considerarse como un aspecto controvertido y complejo, la navegación de los buques de guerra nicaragüenses por la franja de mar adyacente a la costa costarricense (mar territorial), con lo cual Nicaragua puede acceder a esa parte de su territorio enclavado en Costa Rica para el ejercicio de su soberanía.

Este derecho es conocido como “paso inocente”, el cual es un acto de navegación rápido e ininterrumpido mientras no sea perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad costarricense, con la posibilidad admitida por la Convención de detención y fondeo si se da algún incidente, por fuerza mayor o dificultad grave y por necesidad de prestar auxilio. Si bien la Convención del Mar reconoce la soberanía de Costa Rica sobre su mar territorial, igualmente registra que esta no es plena ni absoluta, ya que conlleva de modo inherente su limitación al permitir a los buques extranjeros el derecho a navegar por dicho mar, y le impone no poner “dificultades al paso inocente” de dichos buques.

Otro aspecto que regula la Convención es la inmunidad soberana de los buques de guerra, señalando que «ninguna disposición de esta convención afectará a las inmunidades de los buques de guerra… ». En un caso reciente sometido a juicio relacionado a un embargo del buque-escuela de la Armada Argentina ARA Libertad en un puerto de Ghana (2012), el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (15-12-2012) recordó que de acuerdo con el derecho internacional general, “un buque de guerra goza de inmunidad y cualquier acto que le impida por la fuerza el cumplimiento de su misión y funciones es una fuente de conflictos que puede poner en peligro las relaciones de amistad entre los Estados”.

* El autor es abogado.