Tito E. Díaz
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La agricultura es la principal actividad de los habitantes rurales de Centroamérica. Se estima que más de tres millones de familias se dedican a esta actividad y su rol es clave para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de nuestros países. Sin embargo, casi la mitad de los habitantes rurales de América Latina y el Caribe son pobres, y cerca de un tercio se encuentra en situación de pobreza extrema. 

A pesar de los esfuerzos de los gobiernos, los programas de protección social se han mostrado insuficientes para acabar con la pobreza, y se ha producido un estancamiento e incluso algunos países han retrocedido en la reducción de la pobreza rural. 

En este contexto, es necesario repensar las estrategias para sacar a esta población de la pobreza y cumplir con el compromiso de erradicarla al 2030. Los países deben innovar, buscar nuevos esquemas que articulen las políticas y programas de salud, educación, vivienda, y las transferencias de recursos en efectivo con los programas de inclusión productiva a nivel territorial. 

La inclusión económica y productiva implica una atención focalizada en los grupos más vulnerables, como son las mujeres, la juventud, los pueblos indígenas, para fomentar su vinculación al mercado laboral; la generación de nuevas oportunidades para el emprendimiento, el acceso a recursos productivos y mercados para las y los agricultores familiares; así como, acceso a servicios de extensión, financiamiento y seguros agrícolas con los que actualmente no cuentan. Se trata de promover acciones innovadoras que generen impactos transformadores que mejoren la calidad de vida de las personas y les permita permanecer en sus territorios.

Un ejemplo interesante lo encontramos en los modelos de compras públicas a la agricultura familiar para la alimentación escolar. Este modelo genera un esquema doblemente beneficioso, por un lado para la generación de ingresos a las familias y el desarrollo en las zonas rurales, y por otro la mejora de la seguridad alimentaria en los escolares. 

Acabar con la pobreza también requiere una respuesta integral, e implica una mayor coordinación, evitando la sectorialización de los programas y su llegada fragmentada y dispersa a los territorios. Los países de Centroamérica, con el apoyo de la FAO, están apostando por ello, por una mayor articulación intersectorial para combatir la desigualdad y las causas estructurales de la pobreza.

Esta semana se desarrollan unas jornadas de alto nivel político y técnico de los países del SICA que facilitarán el análisis de como innovar y avanzar hacia sistemas intersectoriales de protección social e inclusión productiva. El encuentro servirá para sentar las bases de una Agenda Regional Intersectorial que permita potenciar la política social, económica y ambiental del SICA para hallar soluciones que construyan un futuro para Centroamérica donde nadie se quede atrás.

El autor es coordinador Subregional de la FAO para Mesoamérica