Adolfo Miranda Sáenz
  •   Managua, Nicaragua  |
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  • REDACCION CENTRAL

Imponer una contribución forzosa del 5% al monto de las pensiones del INSS a las personas que ya las reciben, es inconstitucional, porque va contra el principio de irretroactividad de la ley al afectar un derecho adquirido y una situación jurídica consolidada. Un principio universal del derecho es la irretroactividad de la ley. La Constitución Política de Nicaragua establece en el Art. 38: La ley no tiene efecto retroactivo, excepto en materia penal cuando favorezca al reo.

Esta irretroactividad establece claramente que cuando en virtud de una ley se adquiere un derecho, se goza de una situación jurídica consolidada. Una ley posterior no puede suprimir ni modificar ese derecho en perjuicio de quien lo tiene. Un derecho adquirido existe cuando una cosa material o inmaterial es exigible por el titular del mismo. Por otra parte, una situación jurídica consolidada, es un estado de cosas definido plenamente en cuanto a sus características jurídicas y sus efectos. En otras palabras, si ya están cumplidos los presupuestos necesarios para que surtan los efectos, se puede tener seguridad de que estos efectos deberán darse de la manera esperada. La garantía constitucional de irretroactividad implica que, aun cuando en el futuro venga una nueva ley (o la reforma de una ley ya existente) que cambie las reglas bajo las cuales se adquirió el derecho o se consolidó la situación jurídica, estos ya no podrán ser afectados en perjuicio de la persona, sino solo en su beneficio.

Los pensionados del INSS ya tienen adquirido el derecho a recibir el monto de su pensión calculado conforme la ley que estaba vigente al momento en que el derecho a dicha pensión fue adquirido. Igualmente, ya tienen adquirido el derecho a gozar de la atención a la salud establecida en la ley para los pensionados. Ninguna ley posterior (menos una disposición de rango jurídico inferior) puede afectar tales derechos. El monto de la pensión y la atención a la salud, son derechos adquiridos que devienen en una situación jurídica consolidada y no pueden ser modificados. Imponer una contribución forzosa del 5% del monto de las pensiones, es modificar el monto de las mismas que se reducirían en ese 5%. Así mismo, vincular la atención de salud de los pensionados a que éstos paguen una contribución, es modificar su derecho adquirido a dicha atención, que también es una situación jurídica consolidada. En ambos casos estamos ante una violación de la garantía constitucional de irretroactividad de la ley, y, por consiguiente, tal disposición es inconstitucional.

Estos conceptos son relevantes porque van de la mano de otros que son pilares básicos de todo Estado de Derecho, como son la confianza legítima y la seguridad jurídica. Si los derechos adquiridos o las situaciones jurídicas consolidadas pudiesen ser afectados negativamente, estaríamos permanentemente sujetos a un estado inadmisible de incertidumbre y zozobra al pensar que nos puedan o pretendan quitar en el futuro lo ya obtenido legítimamente. Por eso es que la protección que se otorga a estas figuras jurídicas es del más alto nivel, o sea, el constitucional. Esto es especialmente importante en el caso del INSS, porque cuando el derecho ha sido otorgado o reconocido por el Estado o por una de sus dependencias, entonces es todavía más necesario evitar cualquier arbitrariedad y no ir más lejos de lo que la ley faculta hacer. En este caso, la disposición inconstitucional citada deberá ser urgentemente derogada.

Abogado

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