Carlos Santiso y Ángel Melguizo*
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“No importa que robe, pero que salpique”. Ese chascarrillo era habitual en América Latina y el Caribe hace tan solo una  generación. La corrupción se veía como algo estructural, inamovible, un sistema injusto que no iba a desaparecer y donde solo cabía la resignación y el humor negro. Ya no.

América Latina cada vez tiene menos estómago para la corrupción. Según Latinobarómetro, un 80% de los latinoamericanos considera que la corrupción está en todas partes. El 75% reconoce tener poca o ninguna confianza en su gobierno, veinte puntos porcentuales más que una década atrás. Y la satisfacción con los servicios públicos se ha deteriorado a la misma velocidad. En los últimos diez años, el nivel de satisfacción de la población con la calidad de los servicios de salud cayó de 57% a 41%, muy por debajo de los niveles de la  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (alrededor del 70%), según el Latin American Public Opinion Project. Asimismo, la satisfacción con la calidad del sistema educativo cayó de 63% a 56% en el mismo período.

La paradoja latinoamericana es que, si bien en muchos países nunca ha habido mejores instituciones que hoy, la satisfacción ciudadana con los servicios públicos es más baja que nunca. El 52% de latinoamericanos cree que está justificado no pagar sus impuestos, según Latinobarómetro. ¿Por qué? Los ciudadanos consideran que el Estado no sabe hacer un buen uso de los recursos y que, además, el gasto público está distorsionado. Los últimos [y notorios] escándalos de corrupción han agudizado este descontento. La realidad es que nunca hemos estado tan bien, y nunca nos hemos visto peor.

Las instituciones: Un nuevo contrato social sin letra pequeña

Es necesario repensar las instituciones en América Latina y el Caribe para fortalecer su vínculo con la ciudadanía y su capacidad de responder a las demandas de una sociedad con nuevas expectativas. En su informe anual sobre la región Perspectivas Económicas de América Latina 2018, la OCDE junto con Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Unión Europea (UE) y contribuciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), llama a repensar las instituciones para el desarrollo e identifica varias ventanas de oportunidad para reconectar a los gobiernos con los ciudadanos:

El impulso reformador de una clase media más exigente. En 2015, 1 de cada 3 ciudadanos de América Latina (34.5%) formaban parte de la llamada “clase media consolidada” (que vivía con 10-50 USD al día), comparado con 1 de cada 5 (21%) en 2001. Esa prosperidad económica ha venido acompañada de mayores aspiraciones, así como de un código de valores renovado que reclama con mayor firmeza el cumplimiento de los principios democráticos.

El potencial de las nuevas tecnologías y la transformación digital del Estado. La revolución digital que ha impulsado las aspiraciones de los ciudadanos por un mejor Estado y le ha dado tanta visibilidad a la corrupción también nos ofrece nuevas herramientas para combatirla. Por ejemplo, nuevas herramientas como la minería de datos, la inteligencia artificial, y la cadena de bloques han abierto el abanico de herramientas disponibles para mejorar la calidad e integridad de las políticas públicas (como ha hecho México). Los laboratorios de innovación (como Chile y Uruguay) fomentan colaboración ciudadana con las instituciones públicas, y las estrategias de Gobierno abierto promueven una cultura de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información. El potencial transformador de la digitalización también se extiende al Poder Judicial para fomentar instituciones judiciales independientes y eficaces, y al ecosistema de integridad pública y prevención de la corrupción. Un ejemplo es la tramitación digita
l de los procedimientos judiciales, recientemente introducida en Chile.

Capacidad y voluntad para quedarnos solos con aquello que funciona. Solo se puede avanzar hacia Estados más capaces e inteligentes generando un músculo tributario más acorde a los desafíos, y fortaleciendo las capacidades de rectoría estratégica del Estado desde centros de Gobierno empoderados que fortalezcan la coordinación y la coherencia de las políticas públicas. Se requieren marcos regulatorios robustos para limitar prácticas perjudiciales y de captura en la interacción entre sector público y privado. También se necesita profesionalizar la función pública, fortalecer la capacidad fiscal, mejorar la gestión por resultados, y optimizar la inversión pública en infraestructura. Nos sobran los ejemplos de gobiernos con computadoras del siglo XXI con procesos del siglo XX: toda la innovación y tecnología del mundo no producirá resultados si la maquinaria de Gobierno no está bien aceitada.

Soplan vientos de cambio

La maratón electoral que está atravesando la región, junto con una recuperación progresiva de las economías, abre una ventana de oportunidad que debemos aprovechar para “resetear” las instituciones en la era digital. Sin duda, hay apetito para el cambio. Por ejemplo, hace tan solo unos días la Cumbre de las Américas, donde se presentó Perspectivas Económicas de América Latina 2018, concluyó con la adopción del Compromiso de Lima, con 57 acciones para fortalecer la gobernabilidad democrática, profundizar el Estado de Derecho, y luchar contra la corrupción. Ese mismo día, los dirigentes de las empresas más grandes de la región se comprometían en la Cumbre Empresarial de las Américas para fortalecer la transparencia en las alianzas público-privadas.

Cuando un grupo de empresarios se compromete a no hacer contribuciones ilegales a campañas políticas o a no pagar sobornos para ganar licitaciones, es porque algo está cambiando. El cambio en América Latina y le Caribe fue que hoy tenemos instituciones con más tecnología, más capacidad y mejores incentivos y más exigencias de los ciudadanos. Y mucho más importante que todo eso: hoy tenemos la certeza de que la corrupción salpica siempre… pero solo para manchar.

* Este artículo se publicó en el blog 
Gobernarte del BID.