Francisco Javier Bautista Lara
  •   Managua, Nicaragua  |
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Es dramático el duelo en las familias y la sociedad por las decenas de muertes ocurridas en la confrontación y el caos (19-22 abril), heridas que claman justicia para sanarse, producto de la violencia oficial y no oficial, policial, política y social, desbordada, que evidenció, a partir de la no consensuada reforma a la seguridad social (suspendida seis días después), múltiples inconformidades (legítimas y manipuladas) y demandas (razonables y extremas), y la fragilidad sociopolítica del país.

El Estado está obligado a investigar, con responsabilidad y transparencia, circunstancias y autores de muertes fatales, centenares de lesionados, numerosos detenidos (liberados), presuntos desaparecidos, destrucción de instalaciones estatales y privadas, saqueo vandálico contra infraestructura pública y social en varias ciudades. 

Dialogar para superar el daño humano, es el urgente camino para la paz. Las muertes de decenas de jóvenes estudiantes, activistas y policías, requieren indagarse de manera pronta, suficiente, calificada y creíble, identificando responsabilidades, asumiendo cambios institucionales y políticos que eviten que hechos de tal naturaleza vuelvan a ocurrir.

El país debe reflexionar con serenidad e ineludible obligación histórica lo acontecido. Fue derramada sangre de hermanos; presenciamos un escenario crítico, cuyas tensiones, expectativas y consecuencias persisten y debemos superar.

Posponer su abordaje agrava consecuencias, exacerba odios, desconfianzas y resentimientos. ¡Ni un muerto más! Las multitudinarias marchas en Managua (y otras ciudades) el 23 y 30, la peregrinación hacia la catedral el 28, demuestran que es posible manifestar la diversidad política cívica, sin impedimentos.

Diálogo inclusivo: escuchar, encontrar consensos y cambiar. La agenda, desde distintos sectores, puede ser amplia desde múltiples intereses, no excluyente, comenzando lo posible, con actores disponibles, sobre temas inmediatos;  institucionalizar mecanismo para dialogar, incluir sobre la marcha otros ámbitos y actores.

La Asamblea Nacional debería ser el foro por excelencia para la discusión política, pero tiene limitada diversidad. Los partidos políticos no son ajenos a la crisis global que enfrentan estas entidades: fragmentada presencia y credibilidad. Organismos no gubernamentales carecen de representatividad aunque expresan acciones válidas y diversas. 

Hay perjuicio económico que, de prolongar la crisis, llevará a un terreno en donde nadie gana. El valor de mercado de tu casa, empresa o emprendimiento es menor, y puede caer más. Viviendas, edificios, fincas, negocios, acciones, de personas naturales y jurídicas, tienen menos valor que el registrado en diciembre 2017, en ocasión de los XI Juegos Deportivos Centroamericanos, cuando se inauguraron modernos parques deportivos.

Inmuebles y centros comerciales en construcción reducen valor con respecto al existente hace unos meses. Ventas de bienes y servicios tienden a reducirse. ¿Por qué? Es efecto de la violencia reciente.

¿Cuánto subió o podrá subir el riesgo en el país? ¿Cuánto se deterioraron activos y garantías reales por créditos bancarios? ¿Cuánto es el efectivo que salió o podrá salir por la incertidumbre y temor de los ahorrantes? ¿Qué pasará con los certificados a plazo al vencerse? ¿Cuántos nuevos negocios y proyectos serán suspendidos o reducidos, cuántos turistas menos, cuánta inversión privada nacional y extranjera menos…? ¿Cuántos empleos pueden cerrarse, cuántas oportunidades perderse? ¿Cuánto talento humano abandonará el país y qué tan grave será la frustración que arrastremos? ¿Qué pasará con costos y precios? Si la economía se desacelera habrá menor recaudación tributaria y menos aporte al seguro social, aumentará deuda pública, se reducirá inversión pública.

¿A cuántos millones ascienden los daños en infraestructura y bienes por el vandalismo desencadenado? Hagamos cuentas. La expectativa de crecimiento económica puede afectarse si no privilegiamos el camino del diálogo, el único sensato ¿A quién beneficia el caos y la confrontación? Cuando fluye en el ambiente de extrema sensibilidad información tergiversada y manipuladora debemos apelar a la prudencia.

Hay daño político institucional. La confianza se desgasta, la polarización perturba la gobernanza. El Estado y el Gobierno requieren instaurar mecanismos de diálogo para consensuar con los actores correspondientes sus principales decisiones, fortalecer la gestión solidaria, tolerante y descentralizada.

Una de las instituciones más dañadas es la Policía Nacional, se requerirán ajustes orgánicos y funcionales para fortalecer el modelo preventivo comunitario y evitar reducir su capacidad para enfrentar la delincuencia común y el crimen organizado. El INSS, según FMI y otros, -además de reforma a la seguridad social-, necesita redimensionar gastos y revisar inversiones de riesgo. 

Diálogo abierto, sin condiciones, para superar daño humano, económico y político exige abordar de inicio dos asuntos (no exclusivos): la impostergable reforma a la seguridad social y la investigación de los dramáticos hechos ocurridos.

Por el momento son visibles cuatro actores: el Gobierno (con entidades estatales y políticas afines), el sector privado, la Conferencia Episcopal y los estudiantes.

Los tres primeros tienen representatividad formal, pero el cuarto, es reciente y amorfo, el tiempo para que los grupos universitarios emergentes establezcan mecanismos organizativos e identifiquen representantes, a partir del nuevo liderazgo y el existente en centros universitarios, no debería obstaculizar arrancar lo posible e incorporarlos paulatinamente. Necesitamos comenzar y avanzar, hablar y escucharnos.