Jorge Eduardo Arellano
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Ha causado en todo el país un tremendo escándalo la sentencia dictada por la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de la ciudad de Granada, con fecha catorce de diciembre del dos mil siete, nueve y quince minutos de la mañana, en la cual, dos magistrados de Sala (Roberto Rodríguez y Alejandro Estrada), deciden revocar la sentencia condenatoria de treinta años de presidio que había dictado la Juez de Juicio de la ciudad de Rivas, contra Eric Satanley Volz, en consecuencia ordenan la inmediata libertad del acusado. Mientras que el magistrado Presidente de la Sala Penal (Norman Miranda Castillo), en la sentencia, da un voto disidente, en el sentido que se declare la nulidad de todo lo actuado a partir de la audiencia inicial del siete de diciembre del dos mil seis, por existir en el proceso nulidades absolutas.

A través de los medios de Comunicación Social, muchos ciudadanos han opinado, repudiando y condenado lo resuelto por los magistrados de la Sala Penal, porque en la polémica y controversial sentencia, se confirma la condenatoria de treinta años contra el ciudadano nicaragüense Julio Martín Chamorro López. El pueblo percibe que hay iniquidad en el fallo, pues se absuelve a un ciudadano norteamericano, de quien se comenta tiene lazos de parentesco con altos funcionarios del gobierno estadounidense, por la participación beligerante de la Embajada de Estados Unidos y del Departamento de Estado. Por esa situación evidentísima es que aflora en el pueblo nicaragüense un sentimiento nacionalista y antinorteamericano.

En el fallo dictado, los tres magistrados de la Sala Penal coinciden plenamente en que el proceso penal tiene vicios de nulidad absoluta, que se arrastran desde la audiencia inicial del 07 de diciembre de 2006, en la cual el Ministerio Público, representado por la fiscal auxiliar María Esperanza Peña Núñez, presenta una modificación a la acusación que había expuesto ante el Juzgado de Audiencias la fiscal Yhajaira Largaespada, el 25 de noviembre de 2006, en la que acusó a cuatro personas por el delito de asesinato, violación y asesinato atroz: Eric Stanley Volz, Julio Martín Chamorro López, Armando Agustín Llanes Navarro y Nelson Antonio López Danglas, el Juez decreto prisión preventiva contra todos. En la audiencia inicial del 07 de diciembre, la fiscal Peña Núñez retira los cargos contra los acusados Llanes Navarro y López Danglas, éste era un sospechoso de haber participado en los hechos acusados. La fiscal en la audiencia pide al Juez un sobreseimiento a favor de los dos señalados, el judicial complacientemente accede a lo solicitado, de manera que el acusado López Danglas pasa de acusado a testigo principal contra Eric Volz.

En la sentencia, los magistrados de la Sala Penal critican duramente el actuar del Ministerio Público, pues según su criterio, el nuevo Código Procesal Penal proscribe modificar una acusación ya admitida, mucho menos que pueda solicitar sobreseimiento a favor de los acusados, ya que la facultad de prescindir de la persecución penal es exclusiva del Fiscal General de la República. En el proceso se dieron otros vicios de nulidad imputables al Juez de Audiencias Penal. Los abogados defensores presentaron escritos de Intercambio de Información y Pruebas, fuera del término legal. El Juez de Audiencia cambia la medida cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliar a favor Eric Volz; la escena del crimen fue alterada; hubo dictámenes forenses contradictorios, pues inicialmente se dijo que el acusado Volz tenía evidencias de sangre de la víctima; posterior aparece otra versión diciendo lo opuesto, la Policía Nacional es criticada de negligente, pues un testigo importante, de nombre Kent Ross, quien había visto a los asesinos, salió huyendo del país, sin que se obtuviera su deposición; nadie en el proceso pidió (ni el Ministerio Público, ni la Policía), la verificación de firma de Eric Volz, que supuestamente estaba en documentos de una agencia de alquiler de autos, para despejar dudas acerca de si estuvo o no en la escena del crimen, en el momento que se consumaba el asesinato.

Toda esa impericia, ineptitud, negligencia y falta de profesionalidad no sólo del Ministerio Público, sino de la Policía Nacional (investigador; laboratorio de criminalística, etc.), Poder Judicial (Jueces y Medicina Forense), ha dejado el mal sabor de que un delito grave quede en la más absoluta impunidad, ya que es imposible que solo una persona (Julio Martín Chamorro López) sea el único partícipe, pues todo parece indicar que los autores del delito fueron de tres a cuatro personas.

Este caso refleja, una vez más, que nuestro sistema de justicia penal tiene serias debilidades y deficiencias técnico-científicas. Por una parte, es evidente la novatada del Ministerio Público, el señor Fiscal General de la República debe públicamente asumir responsabilidad, ya que el Ministerio Público no supo representar a la sociedad y a la víctima; la Corte Suprema de Justicia debe revisar la probidad y competencia de los jueces, pues es obvio que algunos son incompetentes e ineptos (por no decir otra cosa). La Policía Nacional, igualmente, debe ser sometida a revisión, pues su capacidad investigativa deja mucho que desear.

La absolución de Eric Stanley Volz por los magistrados de la Sala Penal de Granada, expresada en una larga y extensa sentencia (50 folios), con la cual se pretende justificar la decisión, acredita que los magistrados, en este caso, fueron increíblemente acuciosos, revisaron todo, hasta el más mínimo detalle del proceso, de oficio subsanaron nulidades sustanciales, convalidaron vicios y defectos absolutos, todo con el fin de favorecer al acusado EricVolz. El actuar de la Sala Penal, en otros casos de igual relevancia (por el delito y no por las personas), nunca se había observado, probablemente porque los condenados son ciudadanos nicaragüenses que no tienen la connotación social y económica del norteamericano absuelto, lo ocurrido comprueba una vez más que en Nicaragua, no todos somos iguales ante la ley, que el sistema de justicia penal que actualmente tenemos está confeccionado para llenar las cárceles con condenados pobres, pero que a procesados pudientes económicamente nunca les llega el brazo de la justicia.


* Abogado y Notario Público.