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Es impensable una guerra entre países latinoamericanos; entonces, ¿para qué tenemos ejércitos? Hoy la mayoría de los ejércitos de América Latina -con pocas excepciones- existen para proteger al pueblo; tienen como doctrina, no solo el respeto, sino la protección de los derechos humanos, y como bienes supremos protegidos, la soberanía, la libertad y el bienestar del pueblo. No siempre fue así. Muchos ejércitos latinoamericanos fueron represores al servicio de dictaduras, temidos y odiados. En su libro sobre “Doctrina Militar”, Roberto Calvo, de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas (1979), relata la evolución de los ejércitos latinoamericanos citando a varios destacados militares: el coronel Elio Bacigalupo (Chile) afirma que los ejércitos de América Latina adoptaron durante décadas la doctrina de la “seguridad nacional” entendida como la defensa de la nación ante el comunismo, en el marco de la Guerra Fría. El general Alejandro Medina (Chile) recuerda que los ejércitos de Brasil, Argentina y Chile 
se definían explícitamente como anticomunistas y tenían suscritos convenios con los Estados Unidos para la defensa del continente americano en una alianza antisoviética. El general Juan Gugliamelli (Argentina) indica que la evolución de los ejércitos latinoamericanos sustituyó la “defensa del comunismo” por la defensa del pueblo contra la pobreza, la vulnerabilidad ante los desastres y la violación de sus derechos humanos. 

El ecuatoriano Mario Ramos, con maestría en Seguridad y Desarrollo, dice: Las fuerzas armadas latinoamericanas son hoy instrumentos para la defensa de la soberanía y la preservación de la paz, y proteger las libertades y garantías de los ciudadanos. En la Constitución ecuatoriana se define a las fuerzas armadas como una institución que protege las libertades y garantías de los ciudadanos bajo los fundamentos de la democracia y los derechos humanos. Por su parte, el Ejército de Guatemala señala en su doctrina que funciona bajo los principios de disciplina, jerarquía y obediencia dentro del respeto de la Constitución Política, los derechos humanos, el Acuerdo de Paz, el derecho internacional humanitario y los instrumentos internacionales firmados y ratificados por Guatemala. En su obra, “Doctrina Militar y Relaciones Ejército/Sociedad”, publicada por Naciones Unidas, Prudencio García relata que el nuevo Ejército de El Salvador se fundó, entre otras, sobre las siguientes ideas-eje:  —Un concepto de “disciplina e
stricta”, basado en el cumplimiento de las órdenes dentro del estricto marco de las Leyes. Idea básica: ninguna orden puede ser dada ni obedecida al margen de la Ley. —Un concepto del “honor militar” inseparablemente unido al respeto a los derechos humanos. Idea básica: toda violación de los derechos humanos constituye una violación del honor militar. 

Según nuestra Constitución, el Ejército de Nicaragua defiende la soberanía, la independencia y la integridad territorial, y también puede actuar ante grandes desórdenes internos, calamidades o desastres naturales. Es profesional, apartidista, apolítico, obediente y no deliberante. Se rige en estricto apego a la Constitución Política, a la que guardará respeto y obediencia. El presidente de la República es su Jefe Supremo. Su Código de Organización agrega que se rige “en estricto apego … a los convenios y tratados internacionales ratificados por Nicaragua en materia de derechos humanos (que en Nicaragua también son derechos constitucionales). Es decir, que la doctrina de nuestro ejército sigue la línea de los ejércitos latinoamericanos que ponen en primer lugar y como el bien supremo que deben proteger, la República (que no es más que el pueblo y sus instituciones) y como normas supremas la Constitución y los derechos humanos.  

¿Qué pasaría si el bien supremo que estos ejércitos deben proteger -el pueblo- estuviera siendo atacado o violentado por el mando superior o autoridad suprema de su país, violando su Constitución y los derechos humanos que también son derechos constitucionales? En tales casos, el mando superior o autoridad suprema pierde su legitimidad y por consiguiente pierde su autoridad al actuar contra las máximas normas del país, a quien los ejércitos deben “respeto y obediencia”. Los ejércitos, aunque no son deliberantes, obedecen solamente las órdenes dictadas “en estricto apego, respeto y obediencia” a su Constitución y a los tratados sobre derechos humanos que la Constitución incorpora. Más bien deben cumplir con su principal misión y deber de proteger al pueblo, que es el bien supremo cuya protección se les ha encomendado. Incluso, no actuar en estos casos sería no cumplir con su deber. Para eso sirven hoy nuestros ejércitos latinoamericanos, para proteger y defender al pueblo que integra la República que juraron defender. 

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