Jorge Eduardo Arellano
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La cultura política nicaragüense, según sus estudiosos, se remonta a la herencia “pedrarista” del siglo XVI. Mejor dicho: al autoritarismo, el desprecio a la ley, el nepotismo, la mentira como instrumento político, la utilización del Estado para enriquecer a unos pocos, la plutocracia, el sectarismo y el poder de la Iglesia.

Algunos no están de acuerdo con este planteamiento y establecen su origen a inicios del siglo XIX. En realidad, Pedrarias encarnaba el autoritarismo español marcado por la sociedad guerrera del medioevo y la codicia moderna de signo capitalista. 

Fue José Coronel Urtecho quien, en los primeros años treinta, reconoció a Pedrarias, primer gobernador de la provincia española, como “el símbolo máximo de los pecados de la conquista y aún de nuestros propios pecados políticos, económicos y sociales”.

Coronel Urtecho fue más explícito en su prólogo al poemario El estrecho dudoso (1967) de Ernesto Cardenal al sostener que fue Pedrarias “el verdadero fundador del país”, al que le imprimió su propia fisonomía; y que los nicaragüenses le debemos “algo de nuestro carácter y manera de ser, como también a su familia que en cierto modo prefigura la tempestuosa historia de casi todas nuestras familias principales”. 

Yo no creo en esa herencia, al contrario de Oscar-René Vargas. Este señala otros elementos antidemocráticos en nuestra historia: confrontaciones, intolerancia, exclusiones, baja capacidad de negociación y centralismo, entre otros. Al mismo tiempo, en mi investigación sobre Anastasio Somoza García, especifico que seis han sido los elementos predominantes de nuestra cultura política:

1. La convicción de acceder al poder, cuando lo creyese necesario, por la vía violenta o de las armas y la de abandonarlo por la misma vía; 2. La nulificación, en el ejercicio del mismo, de la independencia de los tres poderes del Estado (el Legislativo y el Judicial, subordinados al Ejecutivo); 3. La tendencia de asegurar colaboradores cómplices, antes que legítimos competidores, para conservar el gobierno; 4. La aplicación de métodos represivos a los opositores: encarcelamientos —arbitrarios o no—, torturas, turbas coercitivas para neutralizar protestas o manifestaciones, confinamientos, expulsiones del país, entre otras; 5. La fachada de un mecanismo electoral legal para obtener legitimidad “democrática” y 6. La instrumentalización del empleado público por el partido en el poder.

 Existen otros elementos que debo tomar en cuenta. Por ejemplo, el caudillismo reeleccionista —remontado al general Tomás Martínez en 1863— y la sumisión y dependencia externas, muy frecuente entre nuestros gobernantes, es decir —en palabras de Donald Castillo— “la búsqueda de un imperio para garantizar la protección y estabilidad interna del poderoso de turno”. También debo citar los sistematizados por Emilio Álvarez Montalván en su clásica obra pionera.

Me refiero a elementos explicables dentro de una formación social marcada por el subdesarrollo: cortoplacismo (o decisiones improvisadas para resolver coyunturas) y nepotismo (presente en todos los gobiernos), visión mágica de la vida y patrimonialismo caracterizado por la fusión de lo privado y lo público. En mayo de 1911 declaró el general Luis Mena, el militar más exitoso de la llamada “revolución de la Costa” que derrotó a los gobiernos liberales de Zelaya y Madriz: “El afán de todo grupo político es llegar al poder, apoderarse del Tesoro y ¡robar!”

Por lo demás, no hay que eludir otro elemento no menos importante: el arreglismo a través de pactos cíclicos para poner fin a la guerra fratricida (los de 1856, 1893, 1927, 1979 y 1990), para buscar una salida electoral bipartidista a los conflictos políticos (1924-1936) y los prebendarios, utilizados por los caudillos para optar a una nueva elección presidencial (1939, 1950, 1971)

Finalmente, Pablo Antonio Cuadra anotó en 1976 la praxis de los gobernantes que, al conquistar el poder, imponen la parte (el Partido) al todo (la Nación), suplantándola y transformando el ejército en brazo armado partidario.

Esta herencia ––fueron sus palabras–– “Impide al nicaragüense superar el estrecho horizonte del clan, la tribu o el bando. Además y por desgracia, esa mutilación política del sentimiento del nosotros produce, de inmediato, un mal funcionamiento de la democracia y una opresión o represión contra el disidente o el opositor que no tarda en convertirse en guerra civil. Es el dramático circuito que se repite una y otra vez en el acontecer político nicaragüense”.

Tales son los elementos negativos que, pese a la etapa ––ya abolida–– de nuestra frágil transición democrática iniciada en 1990, todavía perduran en nuestra tercermundista patria, pobre, pequeña y periférica.