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Diario se dan muertes violentas de civiles inocentes incluyendo niños y bebés. El Estado mediante la policía no es capaz de ofrecer seguridad a los ciudadanos, si no, al contrario, la ciudadanía les teme. En violación de la Constitución Política actúan paramilitares, un ejército irregular apoyado por la policía, causando terror y creando un “toque de queda” de hecho todas las noches.

El Ejército de Nicaragua no cumple con su función de defender la soberanía defendiendo al soberano, el pueblo, y permite violaciones a los derechos humanos y un cuerpo armado inconstitucional paralelo al suyo, sin desarmarlo, alegando una estrecha y mal entendida condición de “apolítico y no deliberante”. La ley y la justicia no existen. La delincuencia impera impunemente, incluso con complicidad de las autoridades al punto de invadir y ocupar propiedades privadas urbanas y rurales a la vista de todo el mundo.

Cuando esto ha sido visto en innumerables medios por el mundo entero, verificado, y condenado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, sin que la situación mejore si no empeore cada vez, es natural preguntarse si no es conveniente la intervención de los cascos azules de la ONU para evitar una guerra civil, pues es claro que ante cada acción represiva, ante la frustración por una paz que no llega y ante el aumento de la inseguridad y la situación económica precaria, la ira popular aumenta.

En el Diálogo Nacional con la Iglesia católica como mediadora y testigo, tanto el Gobierno como la Aianza Cívica, dicen buscar una solución pacífica, constitucional y electoral a la grave crisis nacional; pero el diálogo se traba cuando al momento de abordar el tema fundamental, el de las elecciones, el Gobierno se niega a abordarlo mientras no sean levantados los tranques puestos por la población en ciudades y carreteras expresando que son un medio para defenderse de policías y paramilitares.

La Alianza Cívica dice que no propiciará desmontar los tranques si primero el Gobierno no desarma a los paramilitares y deja de atacar y perseguir a estudiantes y población civil, pues temen quedar desprotegidos y vulnerables.

Pero ese primer paso no lo da el Gobierno, quien alega que la violencia también viene del sector opositor. Entonces no se logra un consenso para que el Diálogo Nacional produzca los acuerdos necesarios para resolver el conflicto mediante elecciones anticipadas que, no solo se piden en Nicaragua, sino que organizaciones como la OEA y la comunidad internacional consideran la única vía de solución pacífica.

Ante este impase cabe pensar que, si los mediadores del Diálogo Nacional y las misiones internacionales de Derechos Humanos de la OEA y la ONU, no tienen capacidad para detener la violencia, a pesar de su buena voluntad, sea necesaria una fuerza de paz internacional, como los cascos azules, que lo hagan. 

Según el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad puede enviar una Fuerza Militar Multilateral de Paz a Nicaragua, conocida como cascos azules, que ha demostrado ser una de las herramientas más eficaces a disposición de la ONU para ayudar a los países a transitar del conflicto a la paz, con la capacidad de desplegar y mantener efectivos militares y de policía en cualquier lugar del mundo.

El último antecedente en nuestra región fue el envío de una Fuerza de Paz a Haití en 1994. Para que vengan es necesario el consentimiento del Gobierno, pero sería la forma en que este evite enfrentar una guerra civil que no conviene a nadie y destruiría al país. Así podríamos lograr la salida pacífica constitucional y electoral que el Gobierno dice también querer.

Si el Gobierno se siente impedido o temeroso de detener los actos delincuenciales, desarmar a los paramilitares y ordenar a la policía el “cese al fuego” que los obispos católicos le han pedido reiteradamente, pues que autorice venir urgentemente a los cascos azules a poner orden, dar seguridad y tranquilidad a los ciudadanos, detener la violencia y proteger los derechos humanos; los que actuarían con imparcialidad, sin usar la fuerza excepto en legítima defensa y en defensa de su mandato.

Así tendríamos un ambiente de tranquilidad para dialogar, acordar y realizar las elecciones anticipadas donde el soberano, el pueblo, decida su destino. Teniendo aquí los cascos azules, y como el ejército no quiere desarmar al ejército irregular de paramilitares, ni defiende la paz ni los derechos humanos, que se queden sin hacer nada, no sea que repriman a la población civil.

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