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Las enseñanzas de la historia no deberían ser desaprovechadas por nuestros políticos. La experiencia histórica nos dice que el continuismo y el nepotismo han sido dos vicios que siempre han conspirado en contra de nuestro desenvolvimiento democrático, y han sido la causa de muchas calamidades, incluyendo guerras civiles.

En la primera Constitución que Nicaragua se dio como Estado independiente, separado de la antigua Federación Centroamericana (1838), se prescribía que la duración del período del Director Supremo del Estado sería de dos años, sin poder ser reelecto, sino hasta pasado el siguiente período. La Constitución de 1854, que creó la figura del Presidente de la República, en tiempos de Don Fruto Chamorro, estableció que el Presidente no podía ser reelecto consecutivamente. A su vez, la Constitución de 1858 dispuso que el ciudadano que hubiese desempeñado la presidencia no podía ser reelecto para el período inmediato. En ambas constituciones el período presidencial se limitaba a cuatro años. Quizás por eso se permitía una nueva elección, después de transcurrido un período.

La llamada Constitución “libérrima” de Zelaya (1893) estableció que el ciudadano que hubiese ejercido la Presidencia en propiedad no podía ser reelecto ni electo Vicepresidente para el siguiente período. Sin embargo, Zelaya logró que la Asamblea constituyente de 1896 lo declarara electo para un nuevo período (1898-1902). En 1905, la nueva Constitución, conocida como “La Autocrática”, promovida por el afán continuista de Zelaya, acabó con el principio de la no reelección presidencial al no mencionarla, por lo que quedó permitida. La Constitución Conservadora en 1911, restableció el período de cuatro años y prohibió la reelección presidencial.

El período presidencial se volvió a prolongar de cuatro a seis años en la Constitución de 1939, ya bajo la influencia dominante de Anastasio Somoza García. Pero se mantuvo el principio de la no reelección del Presidente para el siguiente período. Luego, Somoza y sus descendientes reformaron la Constitución o lograron la aprobación de nuevas Constituciones (1948 y 1950), cuantas veces fue necesario para acomodarla a sus propósitos continuistas, para lo cual se valieron de los pactos con sus adversarios políticos. La última Constitución somocista fue la de 1974, que prohibía la reelección presidencial.

La Constitución llamada Sandinista de 1987, de corte “presidencialista autocrático”, mantuvo el período de seis años, pero suprimió el sano principio de la no reelección presidencial. En este aspecto, significó un tremendo retroceso en nuestro desarrollo democrático.

Hay países, como México, cuya estabilidad política ha descansado, en gran medida, en el estricto cumplimiento del principio de la no reelección de quien ha ejercido la Presidencia. “Una vez y nunca más”, pareciera ser la regla que permitió la alternabilidad, al menos de personas, en la Presidencia durante el dominio del PLI. El período presidencial en México es de seis años. En Costa Rica, pese a lo limitado del período presidencial (4 años), no se permite la reelección. La reelección del Presidente Oscar Arias fue posible por una controversial interpretación que hizo la Corte Suprema de Justicia de aquel país.

En Nicaragua, después de las reformas de 1995, nuestra Constitución Política estableció un doble candado al continuismo. En efecto, el Artículo 147, literal a) establece: “No podrá ser candidato a Presidente ni Vicepresidente de la República: a) El que ejerciere o hubiere ejercido en propiedad la Presidencia de la República en cualquier tiempo del período en que se efectúa la elección para el período siguiente, ni el que la hubiera ejercido por dos períodos presidenciales”.

Para salirle al frente a la tentación continuista engendradora, según lo confirma nuestra historia, de caudillos y dictadores, nos parece que sería saludable para nuestra democracia establecer algún día, cuando las condiciones lo permitan, que quien ha desempeñado la Presidencia nunca más pueda aspirar a ella, máxime si el período presidencial se mantiene en cinco años, que es un lapso suficiente para dejar una huella en la historia, positiva o negativa.

En cuanto al vicio del nepotismo, la mejor manera de combatirlo es prohibiendo que puedan ser candidatos el cónyuge y los parientes de quien ejerce la Presidencia, en el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Es una incongruencia que la Ley de Probidad de los Servidores Públicos (Ley Nº 438) inhabilite para el ejercicio de la función pública al cónyuge o acompañante en unión de hecho estable, del servidor público que hace el nombramiento, y nuestra Constitución Política haya omitido al cónyuge del Presidente de la República entre quienes no pueden ser candidatos para el período siguiente.

La verdad es, y no es difícil comprobarlo, que los parientes cercanos al Presidente suelen utilizar los recursos del Estado para promover sus propias candidaturas, introduciendo un elemento de desbalance y desequilibrio en el proceso electoral. La contienda electoral, si queremos resguardar su verdadera naturaleza democrática, debe ser una competencia entre iguales, sin privilegios de ningún tipo para nadie.