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Ninguna de las cartas pastorales de nuestra historia, incluyendo las emitidas contra Somoza y contra el régimen sandinista de los 80, fue tan fuerte y explícita como el reciente mensaje pastoral de la Conferencia Episcopal, en la que los obispos aclaran que su misión como mediadores y testigos del diálogo nacional no es excluyente de la dimensión profética de  su ministerio, y que se han visto en la urgencia de asistir a  los  lugares  de  conflicto  para  defender  la  vida  de  los  indefensos,  llevar  el  consuelo  a  las  víctimas  y  mediar  a  fin  de  lograr  una  salida  pacífica  a  la  situación. Expresan que se recrudece la represión y la violencia por parte de los paramilitares progubernamentales hacia las personas que protestan cívicamente, y lamentan los muertos, dolor y sufrimiento del pueblo; heridos, enjuiciados injustamente, amenazados, intimidados, secuestrados y detenidos arbitrariamente. Afirman que hoy, “como nunca” —así lo destacan—, los derechos humanos están siendo violentados en Nicaragua. Aseguran ser testigos de la falta de voluntad política del Gobierno para dialogar sinceramente y buscar procesos reales que nos encaminen hacia una verdadera democracia, negándose reiteradamente a abordar los temas de la agenda de democratización, e incumpliendo las recomendaciones de la CIDH, especialmente desarmar a los paramilitares progubernamentales, parar los ataques de la policía, los grupos paramilitares y turbas azuzadas para agredir y sembrar terror en el pueblo. 

Los obispos también se refieren a los actos sacrílegos cometidos por turbas mandadas a atacar a gritos, golpes y cuchillos a fieles católicos y sacerdotes, al obispo auxiliar que resultó herido, al cardenal y al nuncio de su Santidad, el papa Francisco; disparar balazos a otro obispo que transitaba en su vehículo y agredirlo con insultos y amenazas; invadir armados varias iglesias, saquearlas y quemar sus bienes; profanar el Santísimo Sacramento. Y cuando los estudiantes de la UNAN —que la habían ocupado en protesta— ya la habían abandonado refugiándose en una iglesia, la policía pasó quince horas disparando ¡armas de guerra! a ese pequeño templo donde había alrededor de 200 personas entre estudiantes, fieles católicos, periodistas y sacerdotes. Hubo muertos y heridos. Nunca en la historia de Nicaragua un Gobierno había atacado a balazos a personas desarmadas en una universidad y, peor aún, en una iglesia. Algo que uno podía imaginar que fuera perpetrado por los criminales terroristas del ISIS o en algún país africano donde todavía se cometen barbaries, pero no por el propio Gobierno de un país civilizado. 

Es verdad que en 1981 el Ejército sandinista obligó a unos ocho mil quinientos indígenas miskitos a un doloroso éxodo desde sus comunidades junto al río Coco, reasentándolos en campamentos, y mientras los acompañaba su obispo, monseñor Salvador Schlaefer, recibió un balazo en la cadera; y que en 1986 el obispo de Juigalpa, monseñor Pablo Antonio Vega, fue secuestrado por el gobierno sandinista, subido a un helicóptero y dejándolo detrás de la línea fronteriza con Honduras, acusándolo de “criminal” por sus críticas. En esa ocasión el papa Juan Pablo II dijo: “La acción llevada a cabo contra la Iglesia en Nicaragua, un hecho casi increíble, me ha entristecido hondamente, pues evoca épocas oscuras que se podía razonablemente creer superadas. Elevo, junto con mi más viva deploración, mi ferviente plegaria al Altísimo para que asista con su gracia a monseñor Vega”. Antes, el propio Juan Pablo II había sido irrespetado por turbas sandinistas en Nicaragua. Pero estos hechos no fueron tan graves como los actuales numerosos ataques en una campaña de odio contra la Iglesia católica, llamando asesinos a sus ministros y estigmatizándolos en los medios de prensa y publicaciones en las redes sociales por gente afín al Gobierno, con consecuencias impredecibles, a lo que se refiere el reciente mensaje pastoral de nuestros obispos.

No se había visto en Nicaragua una situación tan grave desde hace casi cinco siglos, cuando en 1550 el obispo fray Antonio de Valdivieso fue asesinado a puñaladas por Pedro de los Ríos, yerno del gobernador Rodrigo de Contreras, a quien el obispo denunció de actos de corrupción y maltrato cruel a los indios. Igual que hoy, la Iglesia levantó su voz profética. El obispo Valdivieso había denunciado: “En esta provincia abundan los actos de mala fe y si esto no es remediado, la colonia estará perdida por completo. El único causante es quien desperdició todo y gobernó mal, y su yerno, y con los dos juntos en Nicaragua nadie puede venerar a Dios sin poner su vida en peligro.” 

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