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Como ciudadano no letrado en asuntos de leyes, sino en ciencias, quiero externar mi humilde opinión sobre la así denominada Ley de Costas: simplemente la considero un Frankenstein jurídico. Un amasijo de retazos y remiendos que se remontan a la vetusta Ley Agraria de 1917 y sus incontables enmiendas, como las de 1952, 1963, 1981 y quién sabe cuántas más. Debe agregarse al entuerto interpretaciones como las de la Corte Suprema de Justicia de 1998. Una legítima suerte de neumático viejo y raído, en el cual ya no se sabe dónde pegar el nuevo parche con tal de que siga andando.

Sin pretender más que presentar un botón de muestra en ese intrincado laberinto, quiero llamar la atención sobre el hecho de que en todo el proceso de discusión del Anteproyecto de la Ley de Regulación de Zonas Costeras, ha sido una constante el choque entre lo nuevo y actual, con lo que parece ser el pensamiento jurídico jurásico, fosilizado en la invocación de la Ley Agraria de 1917, sin tomarse la molestia –deliberadamente o no-- de examinar con detenimiento lo que prescribe la Ley No.217, Ley General del Medioambiente y los Recursos Naturales. Aunque la misma Corte Suprema de Justicia (CSJ) en su interpretación del caso invoca la Ley No.217, al mismo tiempo, como se dice en buen nicaragüense, “la pasa de larguito”.

Según Circular de la CSJ del 28 de mayo de 1998, suscrita por su Secretario, el Dr. Alfonso Valle Pastora está vigente el Arto. 2 de la Ley Agraria del 02 de marzo de 1917: “No pueden enajenarse; “Los terrenos comprendidos en una zona de dos kilómetros la latitud a lo largo de las costas de ambos océanos; y a orillas de los lagos y ríos navegables, en una latitud de ochocientos metros; y las islas de los mares territoriales y de los lagos”.

En términos prácticos pareciera una posición justa y buena para el país. ¡Tanta propiedad del Estado! Y para ser justos hay que hurgar un poco en la historia. Cómo era y qué pasaba en la Nicaragua de 1917.

Tras la revolución liberal encabezada por el General José Santos Zelaya (1893-1909) retomaron el poder los conservadores. Aunque recién comenzaba a construirse el Canal de Panamá, Nicaragua seguía en la mira estratégica de Estados Unidos. Tres años antes, en 1914, recién se había suscrito el tristemente célebre Tratado Chamorro-Bryan, cuyo objetivo fundamental era la cesión de parte del territorio nacional para la eventual construcción de un canal interoceánico por Nicaragua, comenzando por el río San Juan (principal río navegable del país, escenario en el Siglo XIX de la famosa Ruta del Tránsito entre Nueva York y California).

Obviamente, Estados Unidos no quería competidores merodeando por su principal proyecto estratégico alternativo en el Continente. Los ingleses ya habían sido neutralizados en el Caribe después de lo que se conoce como la reincorporación de la Mosquitia, durante la Presidencia del General Zelaya. El proyecto del canal no quería obstáculos de ningún tipo. ¿Qué mejor opción entonces, que ampararse al cobijo inocuo de una Ley Agraria, en un país despoblado (como referencia, la Managua de entonces tendría unos diez mil habitantes), para proclamar que hasta dos kilómetros tierra adentro de las costas y a 800 metros de las riberas de los ríos navegables serían propiedad del Estado?
Mejor un interlocutor aliado y sumiso, que lidiar con miles de nativos inconformes. Además, en un país dedicado a la agricultura y la ganadería, ¿realmente serían de utilidad las vastas zonas de suampos del Caribe y del río San Juan, e igualmente las secas y nada aptas para la agricultura tierras vecinas del litoral Pacífico? Una Ley Agraria absurda para fines agrarios pero no para fines políticos.

Según me han confiado algunos amigos juristas, las leyes en desuso pierden vigencia. Y a lo largo de casi un siglo, con tantos parches, enmiendas y prácticas en las que se desconoce dicha Ley, ésta cayó en desuso… ¡Hasta que la Corte Suprema de Justicia la resucitó!
Lo extraño es que, viniendo del más alto tribunal de justicia, este Lázaro, levántate y anda para la Ley Agraria de 1917, se hace “echándole la Nandaime” a la Ley No.217. En su Arto. 155 la Ley General del Medioambiente y los Recursos Naturales, dice textualmente: “Arto. 155: Todas las normas y leyes vigentes sobre la materia que no se opongan a la presente Ley serán de aplicación supletoria.”

En otras palabras toda ley o norma que se oponga en la materia a la Ley No.217, queda inmediatamente derogada, sin efectos. Si se retoma el Arto. 72 de la Ley No.217, nos encontramos con la siguiente disposición, la cual paradójicamente es citada en la Circular de la CSJ del 28 de mayo de 1998, pero pasa por alto para referir que una ley anterior que se le opone está vigente:
“Arto.72 El agua, en cualesquiera de sus estados, es de dominio público. El Estado se reserva además la propiedad de las playas marítimas, fluviales y lacustres; el álveo de las corrientes y el lecho de los depósitos naturales de agua; los terrenos salitrosos, el terreno firme comprendido hasta treinta metros después de la línea de marcas máximas o a la del cauce permanente de ríos y lagos y los estratos o depósitos de las aguas subterráneas.”

La Ley No.217 es muy precisa en cuanto establece como propiedad del Estado “hasta 30 metros después de la línea de marcas máximas” en el caso de las playas y cauce de los ríos y lagos. En su momento nadie cuestionó los 30 metros, a pesar de que todos los que tenían propiedades con derechos reales adquiridos en las zonas costeras fueron confiscados. Y fueron confiscados porque sus títulos de propiedad inscritos –puede verificarse en cualquiera de ellos— invariablemente, al referirse al lindero occidental, lo hacen en los términos de que “limita con el Océano Pacífico” en el caso de la costa Pacífica.

Que nadie haya cuestionado representó una aceptación tácita de la sociedad nicaragüense para la nueva Ley con la que en la práctica se inaugura la legislación ambiental en Nicaragua. Ni los confiscados reclamaron. Pero de ahí a retornar a la época oscura del Tratado Chamorro-Bryan hay una diferencia más que abismal. Es más, esos 30 metros no son medidos antojadizamente al libre saber y entender de cualquier funcionario.

Esos 30 metros, espacio suficiente para la interacción de los ecosistemas terrestres con el ecotono marino-costero, que es su razón de ser, son delimitados mediante una metodología geodésica y taquimétrica que fue especialmente desarrollada por Ineter (de conformidad con su Ley Orgánica) después de un caso de Estudio de Impacto Ambiental que me correspondió llevar con otros colegas con Calvet & Asociados en 2006. Se considera aquí, no como se ha dicho simplemente “el nivel más alto mojado por las olas del mar”, sino el registro histórico de las mareas medias más altas durante los últimos cuarenta años. Ese es el nivel de la marca máxima a que se refiere la Ley No.217, interpretada por la autoridad competente del ramo, en este caso, INETER.

Lo anterior significa que se descartan las penetraciones extraordinarias del mar provocadas por mareas equinocciales, mareas de tormentas o tsunamis como el de 1991. Una vez identificada la línea exacta de los 30 metros, con instrumentos especializados como GPS y topográficos de alta precisión (Total Station, por ejemplo), cualquier técnico o topógrafo debidamente entrenado puede ubicar con precisión la distancia de los 30 metros, aunque no hubiese mojones de señalización.

Por razones de espacio no ahondaré más en el tema ni en el caso de Buenos Aires, por ejemplo, cuya municipalidad en 1999 saltó por sobre lo que prescribe el Arto. 177 de la Constitución Política, al confiscar 800 metros de las zonas costeras de ese municipio, sin contar con la autorización del Estado, como refiere el citado artículo constitucional, se debe proceder.

Desde el punto de vista ambiental, 30 metros son suficientes para la protección del Ecotono. La experiencia en el establecimiento de corredores de biodiversidad en Costa Rica, demuestra fehacientemente que 20 metros son ya suficientes para ese propósito. En consecuencia no existe ningún asidero técnico para ampliar más allá de los 30 metros. Además, señores legisladores: que por algún momento prive el sentido común. El Estado siempre tiene potestad para regular el uso de la tierra en lo que se considere pertinente, sin necesidad de atentar contra la propiedad.

De proceder al estilo del Dr. Frankenstein y aplicarle terapia resucitadora a la Ley Agraria de 1917, entonces también preparen la bolsa. Ochocientos metros hacia el sur del lago de Managua, ¿cuánto representa en dinero para indemnizar a todos los habitantes, fábricas, empresas y edificios ahí establecidos? Igual para ciudades como Granada, San Carlos, Corinto, Bluefields, San Jorge, Bilwi, San Juan del Sur y todos los que tengan en adelante por mal encontrarse en el área de los 800 metros de los ríos navegables o a dos kilómetros de las costas.

Darwinjj2007@gmail.com