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Nicaragua vive el grave problema institucional de una nación cuyo pueblo, de forma notoriamente mayoritaria, pierde la confianza en el Gobierno y sus instituciones, rechazándolas y cuestionando su legitimidad. Estas crisis suelen generar guerras civiles, insurrecciones populares o protestas pacíficas. En nuestro país la oposición escogió la protesta pacífica en forma de plantones y marchas, pero la represión llevó a otras formas de protesta y de defensa que no estaban en las intenciones originales: tranques y barricadas. El Gobierno reaccionó con más represión y se afectó considerablemente la actividad económica. Ahora el país está regresando a una “normalización” muy relativa, que no implica el fin de la crisis institucional ni el cese de las protestas pacíficas de la oposición. El desmontaje violento de los tranques y barricadas no es triunfo ni derrota para ninguno. De hecho, en el diálogo nacional se creó la Comisión de Verificación y Seguridad integrada por representantes del Gobierno y de la Alianza Cív
ica, con acompañamiento del Meseni (CIDH), para levantar paulatinamente los tranques y barricadas a cambio de garantías de no represión. Pero el Gobierno decidió quitarlos por la fuerza. 

La protesta pacífica de la oposición no se ha planteado como una guerra para mantener territorios y, según se ha anunciado, continuará con marchas, plantones y otros actos de protesta cívica, acompañados por la presión internacional contra el Gobierno, hasta que se logre la solución del problema institucional de fondo. Hasta entonces, la normalidad será relativa, pero permitirá que las actividades económicas y muchos empleos perdidos pueden recuperarse evitando que la economía del país se hunda más y procurando la salud física y mental, sobre todo de los niños y adolescentes. Es una normalización relativa, necesaria y favorable para la oposición cuyo fin no ha sido dañar las empresas ni lanzar a nadie al desempleo, y la prolongación innecesaria de esa situación podría haberse revertido en su contra. Aunque también favorece al Gobierno que quiere mostrar normalidad. 

Pero la normalización no es ni será total, es relativa porque subsisten el miedo, la supresión de la vida nocturna, las tierras privadas invadidas con apoyo del Gobierno, la ausencia de seguridad jurídica, las actividades del Ejército inconstitucional de paramilitares encapuchados con armas de guerra, dificultades aduaneras, el temor que impide que todos los niños y jóvenes acudan tranquilos a clases, la impunidad de la delincuencia y otros factores. Pero, sobre todo, seguirá siendo relativa porque, aunque cambiara esta situación, Nicaragua no estará en una situación normal mientras subsista el conflicto institucional que ha causado gran número de muertos, heridos, presos, procesados, exiliados, etc. Hay mucho dolor, profundas heridas abiertas y se continuará viviendo una situación tensa que no se arreglará con normalizar la actividad económica. Tendremos una normalidad muy relativa mientras a las autoridades se les tenga miedo y no respeto. No es auténtica una “paz” impuesta por el miedo. Es una tensión latente que en cualquier momento podría explotar sin que nadie pueda predecir cómo, a menos que el Gobierno acepte la única solución definitiva y pacífica posible: elecciones generales honestas y adelantadas, para que el pueblo con su voto decida si quiere seguir con el actual Gobierno o sustituirlo por otro. Hasta entonces tendríamos la verdadera normalización del país.

El Gobierno cometería un gran error si decide mantenerse mediante la fuerza y rechazar la solución de adelantar las elecciones. ¿Por qué negarse, si de todas maneras en 2021 habría elecciones, que obligatoriamente tendrán que ser honestas por la presión internacional, con el país en peores condiciones y, por consiguiente, el Gobierno en mayor desventaja que ahora? ¿Por qué no terminar con esto ya? ¿Para qué arriesgarse a que esta normalidad relativa termine de alguna manera impredecible con consecuencias insospechadas? Tratar de gobernar tres años así, bajo innumerables presiones y condenas internacionales (de altísimo costo para funcionarios estatales afectados y sus familias), con una economía débil, bajo gran tensión, con la incertidumbre de cuánto tiempo durará la relativa normalidad —que no será completa—, sería gobernar en las peores condiciones, desgastándose, prolongando y profundizando una situación de conflicto innecesariamente. ¡No vale la pena! El diálogo y las elecciones adelantadas convienen a todos: al Gobierno, a la oposición y a la economía nacional. ¡Y el mundo entero lo está pidiendo y esperando! Sería un escenario electoral donde, si el partido de gobierno pierde, no lo perdería todo, y Nicaragua se podría reponer. Mientras que de aquí al 2021 —si acaso llegamos— no sabemos qué pueda pasar. 

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