Pamela Góngora Salazar
  •  |
  •  |
  • Edición Impresa

En América Latina y el Caribe, las enfermedades crónicas van en aumento, el envejecimiento de la población acrecienta la demanda por servicios de salud y en algunos países no terminamos de ganar la lucha contra enfermedades como la malaria o la tuberculosis.

Sin embargo, como ningún país del mundo tiene la capacidad de financiar todas las intervenciones en salud, ¿cómo pueden los gobiernos determinar cuáles sí pueden garantizar a su población?

El Plan de Beneficios en Salud (PBS) es justamente una herramienta que permite priorizar de manera explícita las intervenciones a financiar con recursos públicos. Su construcción y puesta en marcha no es una tarea fácil. El reto va más allá de las dificultades en la recolección de información o de las complejidades asociadas a los métodos técnicos para priorizar.

Entre las acciones necesarias para construir un PBS que responda a las necesidades en salud de la población y se corresponda con las limitaciones fiscales, es fundamental la participación de la ciudadanía y, en general, de los distintos sectores del estado. Para que el PBS cuente con este respaldo y goce de legitimidad, los criterios y valores que guían el ejercicio de priorización deben surgir de un acuerdo social. Esto implica generar espacios de participación ciudadana, además de acuerdos entre los distintos actores del sistema. Esto es especialmente relevante a la hora de definir los objetivos del PBS.

También destaca la necesidad de conformar equipos de trabajo interdisciplinarios y sólidos, que no solo se limiten a los ministerios o secretarías de salud. La participación de los ministerios de finanzas públicas, por ejemplo, es vital para garantizar los recursos y la sostenibilidad del PBS. Este equipo de trabajo debería ser reconocido por un marco institucional formal, con el cual sea posible garantizar continuidad y estabilidad, pues los planes de beneficios en salud no pueden ser esfuerzo de una sola vez. Ante las crecientes necesidades en salud y el surgimiento de nuevas tecnologías sanitarias a diario, la actualización frecuente de estos planes es indispensable.

Para la implementación efectiva del PBS, es también clave contar con: recursos financieros y físicos suficientes, en concordancia con los objetivos que trace el PBS, un plan de implementación gradual, buenos sistemas de información que permitan proveer insumos al proceso de diseño y ajuste del PBS, monitoreo de la entrega efectiva de las atenciones en salud.

Asimismo, es fundamental: establecer coherencia entre los recursos disponibles y los contenidos del PBS, desarrollar y garantizar políticas de atención de salud de calidad, generar mecanismos para que la ciudadanía conozca los contenidos del PBS y se empodere respecto a su derecho a la salud, implementar ajustes periódicos al PBS, en el marco de un proceso transparente y estable, con base en los resultados del monitoreo y la evaluación.

Cabe destacar en este punto la experiencia de Honduras con el Paquete Básico de Salud del modelo de gestión descentralizada de salud (PBSMGD), focalizado en la población rural en situación de pobreza y gestionado por la Secretaría de Salud (Sesal).

La ausencia de algunos  de estos elementos, como el involucramiento de la Secretaría de Finanzas y de la sociedad civil en la construcción del PBSMGD, ha dificultado en cierta medida la institucionalización de este plan. Actualmente el Gobierno de Honduras está en un proceso de reforma al sistema de protección social para garantizar acceso equitativo a la salud, con calidad y sin dificultades financieras, por medio de un PBS para toda la población – o, como ellos lo llaman, un conjunto garantizado de prestaciones y servicios de salud. Esta es, sin duda, una oportunidad para tener en cuenta los elementos mencionados.

Más allá de los métodos y tecnicismos, desde el momento cero es necesario constituir el PBS como una política pública en salud, que refleje los valores de una sociedad y la forma en la que el estado responde a las principales necesidades en salud de su población. El PBS va más allá de un inventario de atenciones: se trata de una política estatal integral, que se compromete con la entrega de una serie de atenciones en salud con estándares de calidad.

Si bien existen métodos y pasos que aportan insumos al ejercicio de priorización en salud, el PBS es una herramienta que debe institucionalizarse y protegerse de los ciclos gubernamentales y cambios administrativos. Es un proceso que cada país construye de acuerdo con su contexto, y sobre el cual va aprendiendo sobre la marcha. En este sentido los países que estén transitando hacia la cobertura universal deben apropiar y consolidar con el tiempo el PBS como un pacto social y una política estatal, más allá del modelo de salud que se adopte.

Pamela Góngora es consultora de la División de Protección Social y Salud del BID y parte del equipo de la Red CRITERIA.

Este artículo fue publicado en el blog 

Gente saludable del BID.