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Nueva York
Cuando en septiembre de 2006 se le preguntó si había algo malo en la forma en que los interrogadores estadounidenses trataban a los prisioneros “valiosos” en Guantánamo y otros lugares, George W. Bush dio la célebre respuesta: “Nosotros no torturamos.”

La definición de la tortura es notablemente escurridiza, pero desde hace tiempo sabemos que el ex presidente había sido, por decirlo de alguna forma, mezquino con la verdad. Como mínimo, los interrogadores estadounidenses estaban violando las Convenciones de Ginebra contra el trato “cruel, inhumano o degradante” ratificadas por Estados Unidos.

Atar a una persona a una tabla y sumergirla hasta casi ahogarla una y otra vez, u obligar a un preso –desnudo y cubierto de sus propios excrementos—a estar de pie con las manos encadenadas al techo durante días hasta que sus piernas se hincharan al doble de su tamaño normal, puede no haber sido tortura en los documentos preparados por los abogados del gobierno, pero esas prácticas ciertamente son crueles, inhumanas y degradantes.

El primer acto de Barack Obama como presidente de Estados Unidos fue prohibir la tortura inmediatamente. Ahora la pregunta es qué hacer con respecto a lo sucedido, y específicamente en cuanto al hecho de que los funcionarios más altos de Estados Unidos no sólo toleraron sino que ordenaron estas acciones.

¿Se debe acaso enjuiciar a los funcionarios responsables, incluido Bush, por haber violado la ley? ¿Se deben dar a conocer y publicar todos los detalles de lo sucedido? ¿Debe establecerse una comisión especial para investigar? ¿O sería mejor, en palabras de Obama, “ver hacia el futuro y no hacia el pasado”?
De hecho, como Obama lo notó rápidamente, su respuesta favorita está resultando ser imposible, ya que rehusarse a mirar al pasado impondría al futuro peligros mayores.

El ex vicepresidente Dick Cheney ha afirmado en varias ocasiones que no se arrepiente de lo que él llama las técnicas de “interrogación mejorada”, como los simulacros de ahogamiento, porque “mantuvieron a nuestro país” libre de ataques terroristas. En su opinión, la prohibición de Obama hace que Estados Unidos sea “vulnerable.” En pocas palabras, los escrúpulos liberales sobre la moralidad, la legalidad y las convenciones internacionales sobre la tortura son insensatas e irresponsables. La implicación es clara: si vuelve a haber un ataque terrorista contra Estados Unidos, sabremos a quién culpar.

Así pues, es mucho lo que está en juego en el “debate sobre la tortura” que se ha apoderado de Estados Unidos. De un lado están Cheney y sus aliados, que ven la tortura en términos pragmáticos; si se percibe una amenaza grave a la seguridad colectiva, incluso una democracia liberal debe ensuciarse las manos. A nadie le gusta torturar, pero la seguridad es más importante que los escrúpulos morales, y las leyes siempre tendrán que ajustarse o afinarse.

Del otro lado están quienes condenan la tortura como una abominación moral que no puede permitirse en ninguna circunstancia. De hecho, esta es también la posición jurídica de quienes ratificaron las Convenciones de Ginebra: “En ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, tales como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública como justificación de la tortura”.

Pero éstas no son las bases sobre las que actualmente se está llevando a cabo el debate sobre la tortura en Estados Unidos. Por razones comprensibles, muchos de quienes apoyan la decisión de Obama de prohibir la tortura están tratando de responder a la visión pragmática de Cheney con un argumento igualmente pragmático. Sostienen, a diferencia de Cheney, que la tortura no es la mejor forma de mantenernos seguros. Una persona que experimente un dolor extremo dirá cualquier cosa y, por lo tanto, proporcionará información poco confiable. Afirman que existen otros métodos de interrogación, más sofisticados, que no sólo son más humanos (y legales), sino también más efectivos.

Para hacer entender este punto al público en general, al que en Estados Unidos todavía es muy fácil convencer del punto de vista de Cheney de que la tortura es justificable si salva vidas, los comentaristas y políticos liberales han solicitado que se establezca una comisión especial que investigue a fondo el historial de la administración pasada. Creen que esto demostrará claramente que la tortura es contraproducente. No sólo daña en gran medida la imagen del país y el Estado de derecho, sino que es probable que haga aumentar, y no disminuir, el terrorismo.

Los méritos intelectuales y políticos de ese argumento son evidentes. La actual administración no puede darse el lujo de caer en la trampa de Cheney y dejar que se le culpe de otro posible ataque terrorista únicamente por haber abolido la tortura.

Pero, ¿son éstos realmente los términos adecuados en que se debe llevar a cabo el debate? Si la tortura es un mal absoluto, independientemente de las circunstancias, la cuestión de su efectividad es irrelevante. Debatir en esos términos amenaza con diluir el principio moral.

Queda la pregunta de por qué debe condenarse absolutamente la tortura, mientras que otros actos de guerra, como los bombardeos, que causan más daño a la vida humana, podrían ser aceptables como consecuencia inevitable de la defensa nacional. Naturalmente los bombardeos pueden ser crímenes de guerra si se utilizan como acto de terrorismo contra personas desarmadas. Pero a menudo las operaciones militares en las que mueren o resultan heridos civiles no pueden calificarse automáticamente como crímenes, siempre que su objetivo no sea infligir deliberadamente dolor o humillación a un individuo indefenso – aunque sea un enemigo. En el caso de la tortura, ése es el objetivo y por ello es distinta de otros actos de guerra.

Un destacado comentarista de derecha estadounidense opinó recientemente que cualquier intento de pedir cuentas a los torturadores y sus jefes de la administración Bush sería una burla “de los esfuerzos de los duros y valientes estadounidenses que nos cuidan mientras dormimos.” Aparte del hecho de que torturar personas no es lo mismo que combatir y requiere muy poco valor, ésta es una interpretación totalmente errónea. Tras años de torturar gente en una de las “guerras sucias” más salvajes de América del Sur, los generales de Brasil decidieron acabar con ella, porque su uso institucionalizado estaba socavando la disciplina y la moral de las fuerzas armadas. Estaba ridiculizando a los hombres que debían ser duros y valientes, pero que se habían convertido en matones.

El último libro de Ian Buruma es The China Lover.

Copyright: Project Syndicate, 2009.

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