Adolfo Miranda Sáenz
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La idea de prescindir de los partidos políticos en el quehacer político de un país y pretender elegir o fortalecer las instituciones de Gobierno al margen de los partidos, es un pensamiento contrario a la democracia, que comparten el fascismo y el comunismo; tales sistemas niegan la opción de votar por candidatos de diferentes partidos, constituyéndose en dictaduras de partidos únicos, donde los únicos grandes electores son el grupo o la persona que ostenta el poder y que generalmente termina aferrándose al mismo.

La historia demuestra que donde no hay un sistema de elecciones libres en que compitan diversos partidos, no hay democracia verdadera. Los principales ejemplos han sido los gobiernos fascistas en que se sustituyeron las elecciones pluripartidistas por un corporativismo consultivo, en que los gremios, sindicatos, federaciones, juntas de vecinos, etc., sustituyeron a los partidos, exceptuando al partido de gobierno; y, por otra parte, el comunismo, en el cual el partido de gobierno es el partido único, y todos los candidatos a cargos electos surgen únicamente de ese partido. En resumen, prescindir de los partidos es propio del fascismo y del comunismo, aparte de las monarquías absolutas. 

Hay países con monarquías absolutas donde el soberano es el rey, el zar, el sultán o el jeque, quien ejerce todos los poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Pero en las Repúblicas y en las modernas monarquías parlamentarias (como las europeas) la soberanía de la nación radica en el pueblo quien elige a los gobernantes, los cuales gobiernan mediante un sistema de separación de poderes, equilibrio entre los mismos y contrapesos para limitar y equilibrar el ejercicio del poder.

¿Cómo hace el pueblo para ejercer su soberanía y que los poderes del Estado emanen de su voluntad? Es imposible que en un país de millones de ciudadanos puedan reunirse todos para discutir y aprobar las leyes, decidir quién será el presidente o nombrar magistrados. Para eso existen las elecciones y los partidos políticos.

Por ejemplo, el pueblo elige a quienes los representan en un Parlamento, votando por una de las diferentes candidaturas propuestas por los partidos; los que resulten electos dictarán las leyes, nombrarán al presidente o primer ministro, y a los magistrados. En otros casos los presidentes son electos de forma directa por el pueblo, votando por los candidatos propuestos por los diferentes partidos.

Para funcionar, la democracia cuenta con los partidos políticos que proponen los candidatos a diputados, a presidente, alcaldes y otros cargos de elección.  Los partidos son integrados por personas afines a una de las diferentes corrientes de pensamiento, ideologías y propuestas de gobierno, que libremente se constituyen en las democracias para presentar candidaturas y programas a la consideración de todos los ciudadanos.

En todas las democracias modernas los partidos son fundamentales. El pueblo con su voto da fortaleza o le resta fuerza a cada partido, de tal forma que en algunos países dos o tres partidos son preponderantes, mientras en otros hay más partidos compitiendo con similares posibilidades.

Pero es el pueblo, el soberano, quien determina esas situaciones con sus votos; y si, hipotéticamente, ningún partido satisficiera al pueblo, del seno del mismo pueblo surgirían nuevos partidos, o bien los mismos se renuevan para responderle mejor al pueblo ante nuevas situaciones. Así funciona la verdadera democracia.

Pueden darse, en determinados momentos excepcionales, acciones políticas espontáneas, masivas, populares, no convocadas por ningún partido o grupo de partidos. Y tal accionar puede ser bueno, positivo y necesario en un momento concreto.

Pero no debe convertirse en una situación permanente. Hay que tener presente que, sin la participación de los partidos políticos, todo accionar político espontáneo que se prolongue por demasiado tiempo, conlleva el peligro de que surjan individuos o grupos que se coloquen al frente con exclusión de los demás, y se arroguen facultades y representatividad que legítimamente no tienen, sobre todo cuando está implicado un proceso de cambios políticos importantes.

Todos los partidos deben tener iguales oportunidades en el accionar político de un país y ser parte activa del mismo. Un principio general del derecho, que incorpora el artículo 2 de la Constitución de Nicaragua, dice que: “Ninguna persona o grupo de personas puede arrogarse la representación del pueblo.”  Nadie, más que el voto del pueblo, tiene la autoridad para decidir “este sí, este no.”  

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