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Esta frase-título es cita de parte de la exposición hecha recientemente por el director del Instituto de Altos Estudios sobre América Latina de la Universidad de París, el politólogo Georges Couffignal, quien expresó:
“En el mundo de la democracia, la reelección no es un problema, siempre que ocurra en una competencia en condiciones de igualdad”; enfatizando que “la reelección no es un problema, no tiene nada que ver hoy en día cuando las democracias existen”.

En escritos de opinión anteriores hemos señalado que no debemos satanizar el tema de la reelección, ya que es una institución tan democrática como lo es la no reelección y existen diversas modalidades para la reelección.

Las Constituciones Políticas de Nicaragua han contemplado la reelección ya que tuvieron como modelo la Constitución de los Estados Unidos de América que permitía la reelección inmediata, tal como la ejercieron los primeros Presidentes George Washington, Thomas Jefferson, James Madison y James Monroe, decidiendo voluntariamente no intentar su reelección para un tercer período. Estableciéndose una regla no escrita de ejercer la Presidencia sólo por dos períodos. Regla que fue superada por Franklin D. Roosvelt quien fue reelecto por tres veces, dando lugar a la Enmienda XXII, o reforma constitucional, que estableció que un Presidente de los Estados Unidos sólo puede ser reelecto una sola vez y para el período inmediato.

Nuestras Constituciones Políticas han consagrado la modalidad de la reelección mediata, es decir, teniendo que transcurrir un período, al menos, antes de poder intentar la reelección. Modalidad ésta que algunos constitucionalistas consideran es fuente de caudillos, ya que prolonga en el tiempo la influencia electoral de ciertos líderes políticos en quienes su clientela no deja de ver la posibilidad de retomar la Presidencia en el “siguiente” período u oportunidad.

La historia de Nicaragua contiene diversos casos de Presidentes de la República que han permanecido en el poder más tiempo de lo constitucionalmente establecido. La reelección no fue la causa de ello. Se usaron diversos mecanismos: así Zelaya realizó “elecciones” sin candidato opositor; Somoza García se hizo nombrar a futuro por una Asamblea Constituyente amañada: y Somoza Debayle se inventó un gobierno provisional o “pata de gallina”. Pero eso no es reelegirse. Sencillamente no se respetó el principio de reelección mediata y punto.

En 1990, Daniel Ortega y Sergio Ramírez intentaron reelegirse, ya que la Constitución Política de 1987 no contenía disposición alguna respecto a la reelección y en Derecho lo que no está prohibido está permitido. Dicho vacío se superó con la reforma parcial de 1995, que restableció el principio de la reelección en su modalidad mediata.

Las Constituciones Políticas son la Ley Fundamental del país. Contienen normas jurídicas que definen las reglas del juego para la conformación del Estado y del Gobierno. Elemento sustancial constitucional lo constituyen las limitaciones en el ejercicio del Poder. Por ello los Poderes de Estado son órganos con facultades diversas y complementarias sin jerarquía de uno sobre otro.

Podemos preguntarnos si las reglas establecidas por la actual Constitución Política cumple con ese cometido; o si es necesario, conveniente y oportuno proceder a una revisión exhaustiva de la misma. Una revisión de la A a la Z, como afirman algunos. Preguntarnos también si las reformas parciales a la Constitución Política vigente han reforzado el proceso democrático o si han servido y están sirviendo para desnaturalizarlo y ponerlo en peligro
Una revisión de esta naturaleza requiere una Convocatoria a Asamblea Constituyente, única mandatada para redactar una nueva Constitución Política y cuyo proceso implica una serie de consultas, análisis, discusiones y posibles consensos que permitan lograr una Constitución Política balanceada que acoja las opiniones e intereses de los diversos sectores de la sociedad, identificando y adoptando aquellos temas que nos sean comunes y buscando soluciones racionales e inteligentes para aquellos temas que nos separan.

Además, el proceso constituyentista ofrecería la oportunidad de producir cambios en la composición de la actual Asamblea Nacional. Composición que, es obvio, no goza del aprecio ni estimación de la absoluta mayoría de nicaragüenses. No creemos sea una posición democrática el rechazar la posibilidad de una Asamblea Constituyente calificándola de amenaza, ni proclamar que es mejor no provocar reforma constitucional alguna y prolongar indefinidamente el estado actual de cosas.

Sobre la Reforma Total de la Constitución Política y la Asamblea Constituyente hay mucho por decir y esperamos poder aportar algo al respecto a través de esta tribuna.