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En toda sociedad humana se dan casos de abusadores sexuales. Sucede con curas católicos, pastores evangélicos, maestros, tutores, en orfanatorios, en organizaciones juveniles y en algunas familias.

En ningún caso es la regla general, son hechos aislados de una pequeña minoría. Dentro de las iglesias como dentro de las familias hay quienes por compasión o por evitar el escándalo, cometen el error de no acusar a los abusadores y toman otras medidas privadas. Los casos en la Iglesia católica reciben especial divulgación como si fuera la única institución que enfrentara estos casos, porque tiene muchos enemigos, dentro y fuera. Recientemente los medios han destacado que —refiriéndose al caso del ex-arzobispo de Washington, cardenal Theodore McCarrick, acusado de abusos sexuales con seminaristas— monseñor Carlo María Viganò, ex-nuncio apostólico en Estados Unidos, que mantiene una permanente campaña contra el papa Francisco, últimamente ha expresado que varios miembros de la curia Romana han formado un “lobby gay” para encubrir al cardenal McCarrick, de lo que que el Papa estaría al tanto y, por eso, debería abdicar.

El papa Francisco expresó que no comentará nada al respecto. Hace bien en ignorar una acusación perversa y calumniosa, porque no ha encubierto a nadie, más bien actuó con firmeza expulsando a McCarrick del Colegio Cardenalicio, suspendiéndolo del estado clerical y ordenándole permanecer recluido para una vida de oración y penitencia.

Hay que saber que en 2016 el Papa Francisco reformó el derecho canónico, según su ““motu proprio”, titulado “Como una madre amorosa”, en que se endurecen las sanciones para la falta de diligencia de los obispos ante los casos de abusos sexuales realizados contra menores y adultos vulnerables, lo cual incluye hasta la remoción del cargo.

El Santo Padre ha insistido en el especial cuidado que deben tener los obispos con “cero tolerancia”, y con “especial diligencia en proteger a quienes son los más débiles entre las personas a ellos confiadas.” Esto significa que los obispos deberán cumplir con más eficiencia las normas que sobre el tema ya existían previstos en el “motu propio sacramentorum sanctitatis tutela”, promulgado por San Juan Pablo II y actualizado por Benedicto XVI. Todo clérigo, sea diácono, presbítero u obispo, así sea un cardenal, si comete abusos sexuales contra menores o adultos vulnerables, es imputado por causa grave en juicio ante un tribunal eclesiástico, y se imponen las sanciones eclesiásticas correspondientes, incluyendo la destitución del cargo y la pérdida del estado 
clerical.

Pero debe, además, ser presentado ante las autoridades del país: fiscales o jueces; o bien, instar a las víctimas o a sus familiares para que ellos presenten la acusación correspondiente. Si un obispo no procede en su Diócesis de conformidad con estas normas, es sometido a un proceso eclesiástico por encubrimiento, sin perjuicio de ser acusado ante los tribunales del Estado.  

El papa Francisco ha sido enfático y diligente en este tema y no permite ninguna impunidad. Apenas en las primeras horas de su pontificado lo demostró en la visita que realizó a la Basílica de Santa María la Mayor en Roma. En esa Basílica vivía un cardenal estadounidense, de 82 años, llamado Bernard Law, acusado de haber encubierto a curas pederastas cuando fue arzobispo de Boston.

Law estaba a punto de recibir la citación para responder ante los tribunales estadounidenses cuando, poco después de verse obligado a dimitir como arzobispo de Boston en medio del escándalo, abandonó Estados Unidos y se trasladó a Roma refugiándose en Santa María la Mayor, que es territorio vaticano. Cuando el papa Francisco, recién electo, acudió a ese templo para rezar ante una imagen de la Virgen, se dio de bruces con el anciano cardenal.

Al verlo, a Francisco se le desencajó la cara y se apartó inmediatamente diciendo: “No quiero que él siga en esta basílica”. Lo mandó a recluir en un convento de clausura. El papa Francisco ha destituido a varios obispos y ha obligado a otros que denuncien los crímenes de clérigos abusadores ante las autoridades de la justicia común. En algunos casos, ante acusaciones sin pruebas, el Santo Padre ha defendido a obispos acusados de encubridores, ordenando una investigación minuciosa; y cuando la investigación ha revelado que un obispo defendido por el Papa ha resultado culpable, Francisco ha procedido enérgicamente contra él. Pero, la Iglesia y el Papa tienen muchos enemigos, fuera y dentro de ella, y las perversas campañas por estos y otros temas, continuarán. ¡Estemos alertas!

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