•  |
  •  |
  • END

La carta-denuncia de corrupción contra la jerarquía católica, cuya autoría se le ha atribuido a Orlando Núñez –ya negada por éste—, y la circulación por Internet a Rosario Murillo –negada también— es uno de esos casos ruidosos que se sacan de la manga de la camisa cuando se quiere desviar la atención de la gente de sucesos que afectan a los gobiernos. Pero, pese a la frivolidad que le rodea, no estamos ante un caso intrascendente.

Para quienes disponen a su antojo de los recursos del poder político es normal no reconocer límites para nada. Y este factor les lleva a recurrir a su inmunidad para ganar impunidad frente a la opinión pública, sea por críticas a sus actos violatorios de las leyes y la Constitución, o por su irrespeto a los derechos políticos de los ciudadanos, y de los partidos con los cuales están en disputa por el poder político.

Y cuando los partidos, por su incapacidad o su corrupción, se muestran incapaces de actuar consecuentemente frente al poder, la persecución se desplaza hacia los medios de comunicación que no renuncian al ejercicio de la crítica. De ahí, que al poder no se le antoja más que acusarlos como relevos de los partidos políticos. Para hacer presión contra la actividad crítica del periodismo, y ahora, porque esta crítica le ha dificultado la obtención del consenso parlamentario a favor de la reelección --y para dotarse de una razón “patriótica”-- el gobierno ha renovado en su contra los viejos calificativos de monigotes de la derecha y cómplices de una conspiración pagada por el imperialismo.

Pero el escándalo por la publicación en la página web oficial que dirige Rosario Murillo --de calidades y ambiciones conocidas--, de la carta atribuida a Orlando Núñez --conocido ideólogo oficialista--, ha sacado a flote algunas debilidades del gobierno. Una de ellas es que no puede escupir para arriba, porque en la cara le cae. En la carta referida, se denuncia actos de corrupción en la Iglesia Católica, y los vicios de algunos miembros de la jerarquía (“alcohol, dinero y mujeres”), siendo que, para un nicaragüense medianamente informado, no es secreto que estos vicios los han practicado algunos altos funcionarios del gobierno.

De modo que si el autor o los autores de la carta anticlerical hubiesen sido sinceros en su crítica, y no tuvieran vínculos con el gobierno, hubieran hecho la analogía de la conducta de ambos sectores. Pero optó u optaron por la doble moral, y mencionaron la sondaleza, pero sólo en la casa del otro ahorcado.

Algo de lo que careció, quien haya escrito la carta, fue de prudencia política, porque se publicó cuando apenas el gobierno había desmovilizado a los rezadores de las rotondas, después de haber tratado de hacer creer en su religiosidad y de paso restarle autoridad a la jerarquía. Como fracasó, ahora, de forma irreflexiva, se decidió por cobrarle su crítica a la jerarquía contra el fraude electoral del 9 de noviembre/2008.

Y como las críticas al fraude de parte de la jerarquía coinciden con las críticas de la oposición, no le ha sido fácil al gobierno deshacerse de las sospechas como autor de la carta, y endosársela a la oposición, por cual cayó en el ridículo de inventarse un “hacker de lujo”, el cual, de todos modos, sugieren que se trata de un “opositor”. Sea cual fuere la procedencia de la carta, es parte de un juego sucio muy afín con las molestias del oficialismo por el rechazo al fraude y a sus aspiraciones continuistas.

Otra debilidad del gobierno es que el suceso de la carta ha hecho recordar la presencia de uno de los aspectos más negativos del centralismo político-partidario-gubernamental: los jefes, dueños de la verdad, de la conducción política y de la voluntad de las personas que les rodean, no comparten información con toda su gente. En otros términos, no consultan opiniones con nadie fuera del círculo más estrecho.

Lo de la susodicha carta no es el primero y único caso en que una firma sería suplantada, pues en el orteguismo es una costumbre de los jefes no pedir permiso para utilizar el nombre de sus subordinados; ni todo lo que orientan hacer a su nombre es consultado con la persona obligada a involucrarse en algo contra su voluntad. Y lo peor, es que las víctimas de este procedimiento, lo aceptan y encubren su obediencia bajo el manto de la “disciplina partidaria”.

El voluntarismo y el autoritarismo de pocos personajes que pesan sobre el colectivo orteguista han hecho desaparecer lo democrático a favor del centralismo. Han hecho perder valor a las discusiones internas –antes, se decía: fraternas—, para dar paso al ordeno y mando de los jefes. La confirmación de que tal estilo político es un vicio dominante en el orteguismo, es que los jefes no les temen a las críticas internas por sus errores y deformaciones, porque nadie es capaz de hacerlas. Pero siempre hallan culpables imaginarios cuando quieren esconder responsabilidades, o echan por delante a cualquiera, porque también son incapaces de negarse a obedecer.

Un ejemplo de estas debilidades orteguistas lo ofreció el diputado Edwin Castro. Él opinó contrario a la señora Murillo sobre la carta, y se debió a que fue una opinión espontánea; él aún no sabía cómo iban a reaccionar sus jefes; y si les hubieran tirado las señales a tiempo, el silencio le hubiera acompañado o se hubiese puesto de acuerdo de inmediato. Castro no sólo rectificó, sino que también se atrevió a negar lo que había declarado. En su temor está reflejado un efecto desastroso del centralismo antidemocrático sobre la personalidad de los individuos.

Castro, primero, sintió la necesidad política y humana de opinar sobre un problema que tiene repercusión social. Pero olvidó que carece del derecho a emitir criterios antes de ser consultados con sus jefes. La carta le sorprendió y no creyó necesario esperar que el tema se discutiera para opinar, pero pronto se percató –si es que no le llamaron la atención—, de que la libertad de opinar no existe en su secta. Y se trata, nada menos, de un diputado: ¿se puede suponer que los militantes de base tienen libertad de opinar, sin el permiso de los centralizadores del poder?
Fuimos testigos, además, de la paradoja de ver y oír opinar a Castro, contrariando a sus jefes, y contradecirse después, no porque goza de plena libertad, sino porque no la tiene del todo. Este personaje teme opinar, aun sabiendo que con su cargo no ha de correr la misma suerte de Margine Gutiérrez. La menciono a ella por haber sido la primera en sufrir públicamente las consecuencias del centralismo antidemocrático de los Ortega Murillo.

Pero sabemos que ella no ha sido la única víctima. Margine no quiso servir como símbolo de un derecho a la palabra amordazado, pero sirvió. Orlando Núñez deberá hacer “filigranas dialécticas” para salir del problema en que se ha o lo han metido, aunque no tiene muchas opciones: sólo seguir negándose, o recobrar la palabra.