Gustavo-Adolfo Vargas*
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La Administración del presidente republicano, informó a los líderes de la Autoridad Palestina, del inmediato cierre de la oficina de representación de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) en Washington, que hace las veces de misión diplomática.

Esta nueva medida de presión de Trump, se suma a la declaración de Jerusalén como capital de Israel y al traslado de la Embajada estadounidense a la Ciudad Santa, así como al recorte de los fondos que Estados Unidos aporta al sostenimiento de la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos y a la cancelación de ayuda humanitaria para mantener hospitales y servicios sociales esenciales.

La razón es que la OLP habría iniciado los trámites con miras a que la Corte Penal Internacional (CPI), abra una investigación por crímenes de guerra contra Israel. Así lo confirmó Husan Zomlo, representante diplomático palestino en Estados Unidos. 

En un comunicado Saeb Erekat, secretario general de la OLP, denunció la “peligrosa escalada” en las medidas de presión de la Administración del presidente Trump. En noviembre del año pasado, Washington ya decretó un cierre temporal de la misión palestina.

Se trata de una nueva muestra de la política de castigo practicada por la Administración Trump contra el pueblo palestino. La guerra de Gaza de 2014 y la expansión de los asentamientos de colonos israelíes figuran entre los expedientes presentados en La Haya, cuyos magistrados también prevén indagar sobre crímenes de guerra atribuidos a milicias palestinas en Gaza. Desde 2015, en el Gobierno israelí se suscitó una preocupación tras la presentación de pliegos de cargos palestinos.

Nabil Sahat, asesor internacional del presidente palestino, Mahmud Abbas, ha manifestado en Ramala, que “el cierre de la misión es un nuevo chantaje de Trump” y que no aceptará “negociar bajo extorsión”. El veterano negociador palestino admitió: “Nuestras relaciones históricas se recuperarán previsiblemente tras las elecciones parlamentarias de noviembre en Estados Unidos o tras la derrota de Trump en las urnas dentro de dos años. No tenemos más remedio que esperar”.

Según el diario estadounidense The Wall Street Journal, John Bolton, consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, a quien el pasado agosto se otorgó un privilegiado tratamiento durante una visita oficial de cuatro días al Estado judío, anunció el incondicional respaldo de Estados Unidos a Israel.

Recientemente, Trump ordenó cancelar la entrega de 25 millones de dólares (21.6 millones de euros), donados a la red de hospitales de Jerusalén Este, anunció un portavoz del Departamento de Estado.

Los centros sanitarios de la parte oriental de Jerusalén (mayormente de población palestina y ocupada (1967) y anexionadas (1989) por Israel) son también hospitales de referencia para los más de cinco millones de palestinos de Gaza y Cisjordania. La última decisión pone en riesgo la vida de cinco millones de palestinos.

John Bolton, asesor de seguridad nacional el presidente de Estados Unidos, sostiene que Donald Trump, ha amenazado con sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya (Países Bajos) si decide investigar a Estados Unidos o Israel por la represión en Gaza que dejó más de un centenar de muertos, e incluso con adoptar medidas en la ONU restringiendo los poderes de ese tribunal.

Tal advertencia responde a la petición de la fiscal de esta Corte, Fatou Bensouda, de una autorización para abrir una investigación sobre supuestos crímenes cometidos por soldados estadounidenses en Afganistán.

En un comunicado, la CPI ha declarado que es una institución independiente e imparcial apoyada por 123 países. “La CPI, como como tribunal de justicia, va a continuar haciendo su trabajo de manera inmutable, de acuerdo con los principios y la idea global de gobierno de la ley”, ha afirmado la institución.

Bensouda, fiscal de la CPI, el pasado año afirmó que: “existía una base razonable para creer” que en Afganistán se habían cometido crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, y que todas las partes del conflicto serían investigadas, incluidos los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, reporta The New York Times.

Donald Trump sigue intentando doblegar la voluntad de los palestinos, quienes se rehúsan a aceptar un plan de paz del presidente. La OLP, presidida por Mahmud Abbas, está considerada por la comunidad internacional, como el organismo que representa al pueblo palestino. Por su parte, el Gobierno palestino, congeló las relaciones con las autoridades norteamericanas desde que Washington en diciembre de 2017 unilateralmente reconoció a Jerusalén como capital de Israel.

* Diplomático, jurista y politólogo.