Eddy Zepeda Cruz
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Partiendo de la premisa que lo absoluto no existe es sencillo concluir que la repuesta al título de la presente reflexión es negativa. Más aun cuando los sistemas sociales vigentes en el mundo entero son inequitativos, desiguales, preferenciales, injustos. El derecho humano salud, al igual que el de educación, siempre han sido elementos de sojuzgamientos o de selectividad de élites que existen en los grupos sociales, de cualquier tendencia filosófica. En eso se parecen los diferentes sistemas.

El nivel de salud de una población, su calidad de vida, lo determina la cantidad y calidad de servicios a que tiene acceso, tanto público, subvencionado o privado. Nos referimos a público o subvencionado cuando son asumidos por los Ministerios de Salud o la seguridad social, regidos ambos por principios y filosofía de los administradores de la cosa pública, con presupuestos propios de los ciudadanos (los recursos naturales del país y la contribución tributaria), siendo los privados de una dinámica propia, regidos por el mercado (cuyo fin es el negocio y no el enfoque humanista). Sin embargo, los distintos subsistemas deben coexistir, guardando sus distancias, pero orientados al desarrollo nacional. 

Se hace evidente que obtener buenos indicadores sanitarios para toda una población pase por la necesidad de regular y protocolizar  los diferentes sistemas de atención para los individuos, en lo referido al aspecto de morbilidad, lo sicosocial y lo epidemiológico. Se debe hablar un mismo idioma cuando se trata de prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo de las diferentes patologías. Se difiere lógicamente en la calidad y cantidad de recursos disponibles en cada subsistema. No es lo mismo atenderse en un centro privado (regido por la oferta y demanda, como cualquier negocio) que atenderse en los otros subsistemas, que al ser de cobertura nacional (y no solamente del que tiene capacidad de pago elevado) sus recursos y repuestas pueden verse limitados, excepto cuando la administración pública es de corte social y humanista, como el caso de Nicaragua, aun con sus errores y limitaciones.

Garantizar salud en cantidad y calidad cuesta mucho dinero, por tanto, la eficiencia y eficacia de quienes regulan y norman debe ser muy beligerante, transparente y basada en una filosofía de justicia social. El sistema privado de atención, contando con sus propias reglas, que no son precisamente las de los otros subsistemas, deben también regirse por los principios universales de salud con calidad y ética, que considere al enfermo como un ser humano y no una patología, o una fuente de honorarios onerosos para recuperar su estado de salud física o mental. Casos frecuentes de costos equivalentes a 5-6 salarios mínimos por una semana de atención clínica hospitalaria, o más de 15-20 salarios mínimos por una cirugía deberían ser revisados por el ente rector de la salud (Minsa). Ciertamente que la relación contractual es libre entre paciente/médico pero obliga, al menos, a reflexionar sobre lo que está sucediendo en la prestación de servicios en el país. Es una obligación moral y ética.

Los tiempos modernos demuestran que la salud, un derecho humano inalienable, se ha convertido en un negocio lucrativo, una mercancía más dentro de la llamada sociedad globalizada y de libre albedrio. Dime cuánto tienes y te diré a cuánta salud tienes derecho. Todo tiene un precio en esta sociedad de ciencia, tecnología e innovación. La salud para todos sigue siendo un eufemismo, desde Alma Ata, hace más de 40 años, a pesar de la sociedad del conocimiento.

Urge regular y normar todo lo concerniente a la cuestión sanitaria en el país, tarea que constitucionalmente corresponde al Ministerio de Salud. Desde la formación de los recursos humanos, la construcción de infraestructura necesaria y suficiente, hasta definir protocolos de manejo que se ejecuten desde la unidad más básica de atención  hasta la atención terciaria (subespecialidad), y para los diferentes subsistemas.

El punto de partida obligado es  la paz y la coexistencia.

Salud para todos.

*Medico