Hori Tsuneki
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En los últimos años la alta incidencia de eventos de amenaza intensiva en América Latina y el Caribe (ALC), como los devastadores huracanes de 2017 (Harvey, Irma, María, Nate y otros), el intenso terremoto de Ecuador en abril de 2016, las inundaciones en Argentina de 2013 y otros varios eventos han causado muchas muertes, lesiones y daños en infraestructura, afectando gravemente la actividad social diaria de las personas y generando enormes pérdidas económicas. Estos eventos climáticos demuestran claramente cómo el cambio climático en curso a nivel global puede incrementar el número de personas en riesgo en los países de ALC y en todo el mundo. Todas las organizaciones internacionales, entes gubernamentales nacionales y locales, comunidades y grupos del sector privado deben considerar el aumento del riesgo por desastres e incorporar este aspecto en todas sus prácticas de desarrollo.

Las altas pérdidas económicas, el mayor número de personas afectadas y los daños a infraestructura en muchos países de la región debido a los desastres, también son indicadores claros de que la vulnerabilidad ante las amenazas naturales ha aumentado de manera exponencial. Por lo tanto, la reducción del riesgo debe ser una prioridad entre las prácticas para el desarrollo sostenible exitoso.

La reducción del riesgo por desastres requiere la cuantificación de las diversas vulnerabilidades de la sociedad en cuestión, incluyendo las condiciones económicas, sociales y físicas, además de considerar también las características geográficas y geológicas. Las últimas décadas han demostrado que el enfoque desde la ingeniería —mitigar los eventos extremos a través de medidas de ingeniería estructural (por ejemplo, la construcción de diques para la protección contra inundaciones)— no siempre son suficientes para proteger las vidas y los activos. Las comunidades y el sector privado están comenzando a desarrollar ejercicios prácticos de reducción de vulnerabilidad de forma integral y participativa, conociendo la dificultad de resistir todos eventos de amenazas y aprender a vivir con tales riesgos.

Aunque la “reducción de la vulnerabilidad” es una frase fácil de conceptualizar, es muy difícil de implementar de manera concreta y tangible. De hecho, expresar la magnitud de los desastres ocurridos ​​es fácil, a través de las estadísticas del número de personas afectadas y la cantidad de pérdidas económicas directas a través de las bases de datos de desastres internacionales. Sin embargo, las preguntas más importantes están relacionadas con la medición de la vulnerabilidad actual o futura de un país o una ciudad antes de que ocurra un desastre. ¿Cuál es la vulnerabilidad de su país o ciudad ante un eventual huracán que puede ocurrir una vez cada cien años? ¿Cómo monitoreamos si las prácticas de reducción de vulnerabilidad han mejorado  realizadas principalmente por la agencia nacional o local de protección civil o la comunidad?

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) tomó la iniciativa de dirigir a los creadores de políticas internacionales y locales, académicos y gobiernos nacionales y locales en la discusión sobre cómo medir de la manera innovadora la vulnerabilidad a amenazas naturales, haciéndolo de dos formas: la indicativa y la cuantitativa.

Durante más de 15 años, el BID ha desarrollado la familia de indicadores de riesgo de desastres y gestión de riesgos, que se han aplicado a nivel de país. Estos indicadores son los siguientes:

-Índice de gobernanza y políticas públicas (iGOPP) que identifica las condiciones de la política pública y el marco regulatorio relacionado con la gestión del riesgo de desastres.

-Índice de déficit por desastre (DDI) que mide el riesgo en el país desde una perspectiva macroeconómica y financiera cuando se enfrenta a eventos catastróficos.

-Índice de desastres locales (IDL) que identifica el alcance de la propagación y los daños resultantes de desastres a pequeña escala en todas las partes de un país.

-Índice de vulnerabilidad prevalente (IVP) que mide tres aspectos tangibles de vulnerabilidad social: exposición a riesgos y susceptibilidad física, fragilidad socioeconómica y resiliencia.

-Índice de gestión del riesgo (IGR) que mide el desempeño institucional y comunitario en la gestión de riesgos de desastres.

El desarrollo de estos instrumentos técnicos ayuda a visualizar la vulnerabilidad ante el riesgo de desastres de manera tal que permite a los tomadores de decisiones evaluar el impacto potencial de los desastres y promover la formulación de políticas apropiadas. Estos instrumentos muestran que, sin lugar a duda, todavía queda mucho camino por recorrer para mejorar la calidad de los productos técnicos útiles en la planificación y la implementación de las diferentes prácticas de desarrollo socioeconómico.

* Especialista en Gestión de Riesgo de Desastres.
Este artículo se publicó en el blog Hablemos de sostenibilidad y cambio climático del BID.