Mauricio García Mejía
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Algún tiempo atrás compartimos una receta para mejorar la eficiencia de un sistema judicial. Hoy agregamos un ingrediente adicional: ¡Hay que migrar hacia los juicios orales!

La experiencia latinoamericana con la introducción de la oralidad en los procesos judiciales siempre ha parecido muy positiva. Existe una abundante literatura que sugiere que los juicios orales fortalecen el debido proceso, así como la celeridad y eficiencia. Gracias a la oralidad, al finalizar la audiencia el juez dispone de toda la información necesaria para llegar a una decisión, lo cual acorta los plazos del juicio. Además, el reemplazo del papel por una videograbación para las audiencias permite ahorrar el tiempo de la transcripción y liberar recursos humanos encargados de esa tarea (¡ni hablar de los miles árboles que se dejan de talar al año!).

En un juicio oral, las partes procesales tienen la posibilidad de hablar en persona con el juez, lo que facilita que el magistrado atienda directamente sus casos y lo resuelva en un lapso menor. Esto refuerza la aplicación de los principios de inmediación y de concentración de la prueba, tan importantes en un juicio.

Además, los expertos también sugieren que la oralidad alienta la confianza de los ciudadanos en la administración de la justicia, garantiza el acceso a la justicia sin temores y contribuye a una mayor transparencia, ya que todo el caso se resuelve a través de una audiencia pública.

El único “pero” hasta ahora era que no existía ninguna investigación científica para identificar el impacto causal de la oralidad en el desempeño del sistema de justicia. En su lugar, la literatura empírica se ha estado basando principalmente en análisis cualitativos —o, en su defecto, en métodos cuantitativos menos rigurosos como, por ejemplo, comparaciones antes y después de la reforma—.

Esta brecha de análisis nos animó a realizar una evaluación empírica del impacto de los juicios orales a partir de la experiencia de Ecuador, que desde 2016 estableció la oralidad en todos los tipos de procesos judiciales —exceptuando los procesos penales. En esta reforma se redujeron los tipos de procesos judiciales de 80 a tan solo cuatro. También se redujeron al mínimo los trámites escritos, y se dispuso que los casos se discutieran y resolvieran en audiencias orales. En general, se trató de una reforma orientada a agilizar el funcionamiento de la justicia y a reducir los costos que los largos litigios implican para la administración de justicia y para los ciudadanos.

Los resultados fueron muy alentadores. En términos generales, el proceso oral redujo en al menos un 25% el tiempo de duración promedio de un juicio. Sin embargo, este efecto no fue estándar en todas las áreas. Si bien hubo reducciones en todas las materias, las causas de familia, laborales y civiles son las que más se beneficiaron con una reducción de al menos un 31%, un 20% y un 14% en el plazo de duración respectivamente. También hubo una importante variabilidad geográfica en los resultados.

Algo interesante del análisis es que permitió aislar el efecto del cambio de la ley en la eficiencia de la administración de justicia del resto de reformas que venían generando una tendencia en la reducción de los plazos judiciales (introducción de tecnologías de información y comunicaciones, eficiencia en la administración de despachos y servicios de soporte, mejoras en la infraestructura física, etc.).

Si bien el impacto de la introducción de la oralidad en los juicios ha sido netamente positivo para Ecuador, se observa que fue considerablemente más positivo en aquellos jueces que fueron capacitados en “habilidades blandas” (técnicas y destrezas para la dirección de audiencias, manejo de conflictos, formulación de preguntas, escucha activa, etc.) para la gestión de las audiencias orales. La principal diferencia entre jueces radica en el tiempo de resolución de una causa. La duración promedio de un juicio tratado por jueces que finalizaron la capacitación en “habilidades blandas” es entre un 50% y un 80% menor que en el caso de las causas manejadas por jueces que no participaron de la capacitación o no la finalizaron.

En América Latina, los sistemas de justicia están en muchos casos saturados. Y si bien no hay una única reforma que resuelva todos los problemas, analizar el impacto de las reformas que se van acometiendo nos ayuda a entender mejor qué herramientas son más efectivas. La pesadilla que nos describió magistralmente Franz Kafka en “El Proceso”—tan dolorosamente cercana a la realidad— de juicios misteriosos, que para la mayoría de los mortales son incomprensibles, inaccesibles, inciertos, secretos y además eternos, podría ser resuelta con una buena dosis de oralidad. ¿O no?

Este artículo fue publicado en el blog del Bid, en la sección Mejorando Vidas.