Gustavo-Adolfo Vargas*
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El arresto del dictador chileno en Londres, marcó jurisprudencia global en materia de crímenes de  lesa humanidad. Viajó a Europa para someterse a una operación de columna y siendo senador vitalicio en Chile, pensaba que gozaba de inmunidad diplomática.

Sin informar al Reino Unido, realizó un viaje privado, coyuntura que aprovechó el juez español Baltazar Garzón, emitiendo orden internacional de detención, solicitando su extradición a España, por una querella criminal en el marco de la “Operación Cóndor”, la coordinación de las dictaduras latinoamericanas para perseguir y eliminar opositores.

La detención de Pinochet, dejó demostrado que los jueces pueden actuar contra violadores de los derechos humanos de terceros países, buscando la justicia transnacional. Fueron 503 días de reclusión, y aunque el Reino Unido finalmente no autorizó el traslado a España, el caso cumple más de 20 años.

Según Naomi Roht Arriaza, profesora titular de Derecho dela Universidad de California Hating Colle of Law, con el caso Pinochet, “se empezó a revalidar la justicia universal como forma complementaria de justicia internacional, al lado de la emergente Corte Penal Internacional (el Estatuto de Roma se firma el  mismo año que la detención) delos tribunales ad hoc”. Explica que, la causa dio esperanza a víctimas de conflictos de vieja data y que los abogados empezaron a llevar casos a tribunales extranjeros, como los de Bélgica y España.

Señala que: “Los militares y ex jefes de Estado de varios países (Estados Unidos, Guatemala e Israel), cancelan viajes, limitando sus movimientos por temor a las órdenes de arresto”. “Los jueces sin embargo, siguen encontrando las formas de avanzar con la justicia”.

Antoni Remiro Brotons (catedrático emérito de Derecho Internacional en la Universidad Autónoma de Madrid), arguye: “Ciertamente, la solicitud de extradición a España del general Pinochet cuando se encontraba en el Reino Unido fue un hecho de especial trascendencia en la inteligencia de la persecución de los crímenes internacionales basado en el principio de jurisdicción universal”.

Carmen Hertz (abogada de derechos humanos chilena y actual diputada por el Partido Comunista), coincide que: “Hasta la detención de Pinochet en Londres, en términos de justicia se había avanzado muy poco en Chile. La doctrina internacional de los derechos humanos y el derecho humanitario eran ignorados por los tribunales. Su arresto en 1998, marcó un punto de inflexión”. 

En mayo de 2000, dos meses después del retorno de Pinochet a Chile, la Corte de Apelaciones de Santiago aprobó su desafuero como senador vitalicio y el militar pudo ser investigado y procesado por la justicia local.

La parlamentaria indica que: “Aunque finalmente fue sobreseído por supuestas dolencias mentales, al ser enviado a Chile se produjo en el poder judicial una dinámica distinta”. “De alguna manera los jueces sintieron la obligación de ejercitar sus facultades jurisdiccionales y reivindicar su papel ante la sociedad bastante deteriorado hasta entonces”.

Roht-Arriaza, opina: “El mejor y más grande legado del caso Pinochet es esa interrelación de la justicia nacional y la jurisdicción universal”. Enfrentó un panorama político, mediático y jurídico diferente, con víctimas envalentonadas, con jueces avergonzados porque no habían logrado jugar su papel adecuadamente y con un compromiso del Gobierno de enjuiciarlo en casa”.

Entre el 23 de septiembre y el 16 de octubre de 1998, desencadenaron un arresto que estremeció los cimientos del incipiente sistema de justicia universal: el Comité Judicial de la Cámara de los Lores, que en 2005 fue el Tribunal Supremo de facto de Reino Unido.

Su detención viabilizó juzgarlo por la “Operación Cóndor”, reforzando la transición chilena, su retorno permitió a la justicia chilena procesarlo, y al Juez Juan Guzmán, le tocó probar que el Poder Judicial chileno podía recuperar su dignidad.

La Corte Suprema, ratificó la sentencia que declara la confiscación de los bienes que el fallecido dictador robó al Estado.

Al fallecer, el10 de  diciembre de 2006, el general instalado  en el poder con el cruento golpe de Estado de 1973, acumulaba acusaciones por crímenes de lesa humanidad, así como por actos de corrupción, con un enriquecimiento ilícito camuflado con cuentas secretas, abiertas con pasaportes falsos, en el Banco Riggs. Sin embargo, el dictador se fue de este mundo sin ser condenado por la justicia.

Veinte años después del arresto del exdictador en Londres, el balance de la evolución política-económica y social de Chile muestra a un país gobernado por los herederos del pinochetismo, donde campean recetas neoliberales, granjeándose aplausos del Banco Mundial como ejemplo para América Latina, mientras en el trasfondo pervive el país más desigual de la región.


* Diplomático, Jurista y Politólogo.