Nadin Medellín
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A propósito del 70º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sabías que no existe una declaración universal de los derechos de los adultos mayores, como sí la hay en el caso de los niños y de los pueblos indígenas? Lo que sí existe en las Naciones Unidas es un espacio de discusión formal sobre cuáles son los derechos más relevantes para esta población.

En un inicio, el tema de los adultos mayores parecía que concernía solamente a algunos países desarrollados. En 1991, cuando se adoptaron los Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de edad, solamente el 7% de la población en América Latina y el Caribe tenía 60 años o más. En 2010, cuando se estableció el grupo de trabajo permanente sobre envejecimiento de la ONU, esa cifra aumentó al 10%. Pero el panorama cambiará pronto para la región. En las próximas décadas se espera que el crecimiento de la población adulta mayor se acelere, de manera que para 2050 uno de cuatro habitantes de la región serán adultos mayores. Para tener una referencia, en solo 35 años la estructura de la población de la región cambiará a lo que a Europa le tomó 65 años alcanzar.

Autonomía vs dependencia

Naciones Unidas ha reconocido que hacen falta esfuerzos específicos para mejorar las condiciones de vida de los adultos mayores, incluyendo el acceso a los servicios de salud y de atención a la dependencia. Este último punto es particularmente relevante para los adultos mayores, pues son más propensos que otras poblaciones a requerir de apoyo para realizar tareas básicas que la mayoría consideramos como algo muy cotidiano y personal. Esto incluye, por ejemplo, tomar decisiones sobre las finanzas personales o el tratamiento médico a recibir o realizar actividades sumamente privadas como utilizar el baño y ducharse. De acuerdo a estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 11% de las personas adultas mayores (60+) en América Latina y el Caribe tiene dificultad para realizar al menos alguna de esas actividades. Dicha proporción aumenta considerablemente en los grupos de mayor edad y afecta más a las mujeres que a los hombres.

La discusión técnica más reciente del grupo de trabajo sobre envejecimiento abordó, entre otras, el papel de la autonomía en los servicios de apoyo a la dependencia. Entendió la autonomía como la habilidad de elegir y tomar decisiones de acuerdo con la conciencia, los valores, la voluntad y las preferencias propias.

En un principio, podría parecer difícil conciliar el concepto de autonomía con la idea de necesitar la ayuda de alguien más para realizar actividades de la vida diaria. Sin embargo, mantener en la brújula dicho principio es fundamental para que los servicios sociales y de salud de largo plazo dirigidos a los adultos mayores en situación de dependencia sean de alta calidad.

Pero esto no es una tarea sencilla porque implica dilemas complejos como estos:

¿Qué es más importante, respetar la voluntad del adulto mayor o enfatizar su seguridad? Por ejemplo, cuando una persona insiste en vivir sola, pero ya ha sufrido algunas caídas (¡por suerte no se ha fracturado la cadera!), y además olvida tomar sus medicamentos y no sigue la dieta adecuada para controlar la diabetes que padece.

¿Qué deben priorizar las personas que atienden a adultos mayores, las capacidades del adulto mayor para realizar actividades o el tiempo y costos de la atención? Por ejemplo, cuando la opción de asistir parcialmente a un adulto mayor para vestirse toma mucho más tiempo que hacerlo por ellos.

Frecuentemente, las personas que toman estas decisiones son los familiares y los proveedores de servicios, privando a los adultos mayores del control para decidir lo que es mejor para sí mismos.

No acallar sus voces

Pocos países identifican a la autonomía como un derecho de los adultos mayores. Este es un primer paso fundamental para generar espacios y protocolos para que la prestación de servicios considere la voluntad y las preferencias de los adultos mayores. Un esfuerzo prometedor para incorporar la voz de los usuarios de los servicios en la medición de la calidad de los servicios de atención a la dependencia es el módulo sobre calidad de vida del instrumento estandarizado interRAI.

En América Latina y el Caribe hay algunos avances. Cada vez más países incorporan los servicios de atención a la dependencia a sus marcos legales en materia de envejecimiento y discapacidad, y algunos se plantean implementar sistemas integrales de cuidado. Por ejemplo, en Costa Rica la ley otorga a los usuarios el derecho a mantener relaciones estrechas con familiares y amigos, a ser informados respecto a su condición de salud y a oponerse a recibir exceso de medicamentos. En Uruguay el Sistema Nacional Integrado de Cuidados considera un derecho del usuario el respeto a su personalidad, dignidad humana e intimidad.

Estos esfuerzos son críticos, pero el camino por recorrer es largo.

¿Qué dice el marco legal de tu país sobre la autonomía e independencia de los adultos mayores? ¿Cómo consideras que se podría avanzar hacia un envejecimiento con autonomía? Comparte tu respuesta en la sección de comentarios o vía @BIDgente en Twitter.

*Consultora para la División de Protección Social y Salud del BID.

Este artículo se publicó en el blog Gente Saludable del BID.