Edgard Tijerino
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Es algo cruel e inhumano con los familiares de más de 400 víctimas, dejar que el tiempo pase sin mostrar la menor preocupación por aclarar la responsabilidad que tienen los victimarios en cada caso, como si los que murieron al dejar de existir como resultado de diferentes tipos de agresiones, perdieran hasta el derecho “post mortem” de fijar a los culpables y juzgarlos.

Una responsabilidad del Estado y una exigencia ciudadana. Disponer de excesivo armamento y de aparatos represores para mantener contra las cuerdas a una mayoría que demanda justicia, permite el congelamiento de un necesario y urgente accionar jurídico limpio, que haga prevalecer la verdad encima de la cabalgata de mentiras.

Existen suficientes testimonios y numerosos testigos, con el apoyo de muchísimos videos que todos hemos visto reiteradamente en las redes sociales, que certifican la responsabilidad de los hechores.

A esto agregamos el consistente respaldo de los organismos de derechos humanos que hicieron acto de presencia en el país y presentaron informes muy bien detallados, sobre cada caso, sin posibilidad de ocultamiento. Obviamente hay mucho de perversidad no solo en tratar de negar lo obvio, sino en tratar de desvanecer responsabilidades.

Pánico a la verdad

¿Por qué no se atreven al juzgamiento de cada caso frente a la opinión pública, bajo la responsabilidad de una comisión como la que ordenó organizar el presidente López Obrador para ir a fondo y aclarar las muertes de los estudiantes de Ayotzinapa, México después de un largo ocultamiento? ¿Cuál es el temor de poner la verdad sobre el tapete? No se puede transitar hacia el futuro sobre una alfombra de mentiras y el encadenamiento de una falta de escrúpulos tan venenosa.

Mientras se aplican condenas antojadizas a inocentes, culpándolos como delincuentes, terroristas y golpistas, “delitos inventados” —que una policía eficiente y un ejército consciente, rechazarían de inmediato— y se manipulan cifras, no hay ningún detenido en casos tan claros como los de Alvarito Conrado, Ángel Gahona, la familia del barrio Carlos Marx, los ataques brutales a los sacerdotes, lo ocurrido en la marcha del día de las madres, lo acontecido en la UNAN, UPOLI, UCA, iglesia Divina Misericordia, Monimbó, Jinotepe, León y tantos otros sitios, hechos expuestos al conocimiento público sin la menor intriga.

No es difícil llegar a la verdad, porque no hay que atravesar por veredas complicadas ni sombras que confundan, y eso es lo que se trata de evitar utilizando el poder absoluto determinando qué se puede hacer y qué no, a base de mentiras con una desfachatez que ya dejó de provocar escalofríos.

Llegara el momento

No puede haber paz sin justicia, no se puede insistir en una cercanía con Dios tratando de engañarlo. Esto vuelve necesario insistir en el juzgamiento de cada caso para impedir que se sigan manipulando cifras.

El miedo a la verdad ha sido la más evidente muestra de cobardía de quienes poseen armas en mano y el poder de una represión sin límites, pero sin el menor control de las riendas del país. Demasiados atropellos se han cometido con daños irreparables, como para correr el riesgo de indagar, y eso descarta por ahora, que se proceda a una revisión apropiada de cada víctima en este movimiento patriótico que le ha dado forma a una resistencia pacífica que no para de crecer, retando todas las adversidades imaginables.

Se observa una indefensión al no poder pedirle cuentas al poder sobre sus abusos, y frente al deterioro que el país ha sufrido, hay una frase de Macbeth, que grafica el desconcierto por el que pasan muchos jefes desarmados sin soluciones para la multiplicidad de problemas: “¿Qué hago? Ni emprender la huida ni permanecer aquí es posible”. De algo tienen que estar claros, y es que inevitablemente, el momento de colocar cada caso sobre el tapete de las correctas evaluaciones para fijar culpables, va a llegar.