Adolfo Miranda Sáenz
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Muchas personas se preguntan por qué Estados Unidos no ha invadido Venezuela para capturar o simplemente sacar del poder a Nicolás Maduro, como lo hizo con Manuel Noriega en Panamá en 1989.

Que Estados Unidos, por sí, o en alianza militar con algunos países latinoamericanos, invadieran Venezuela para apoyar al legítimo gobierno de Juan Guaidó, ha sido una opción abierta desde hace tiempo, y tomó fuerza en los últimos meses cuando, bajo el régimen de Maduro, el pueblo ha estado sufriendo mayores desastres y viviendo en una situación cada día más desesperada. El clamor por “ayuda humanitaria” para los venezolanos se ha transformado en clamor por una “intervención humanitaria”.

Se ha argumentado que la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó debería solicitar la intervención y allanar el camino para la acción militar extranjera destinada a remover a Maduro. Este tipo de llamado a la intervención militar recibió un gran impulso cuando Donald Trump declaró que Estados Unidos tenía una “alternativa militar” para Venezuela.

Pero un buen número de expertos estadounidenses, tanto en acciones políticas como militares, han expresado en diferentes medios que un ataque militar contra el régimen de Maduro sería un grave error. Consideran que los Estados Unidos y los países vecinos de Venezuela aún tienen suficiente influencia política y económica significativa en ese país y es lo que deberían usar. Que deben presionar a Maduro a través de una implementación de sanciones más fuertes y buscar una solución negociada que lleve a elecciones legítimas.

La Venezuela de 2018 no es el Panamá de 1989 e invadirla no sería una operación rápida o “un ataque quirúrgico”. El Panamá de Noriega solo tenía 15,000 soldados y Estados Unidos tenía bases militares alrededor de la capital. Además, Panamá era un país con menos de tres millones de habitantes en aquel momento.

Venezuela tiene 115,000 soldados, tanques, aviones de combate y misiles. Es un país de 30 millones de habitantes, de los cuales entre 10 y 15 por ciento aún apoya al gobierno de Maduro (derrotar la resistencia de 3 millones de habitantes, miles de ellos paramilitares armados, no lo hace fácil). Hay regiones selváticas en la amplia frontera con Colombia y Brasil, donde están los residuos de las FARC, el ELN y los narcos, que apoyan a Maduro. Los dirigentes del régimen de Maduro se han preparado para una guerra “desigual” desde hace más de una década. Y no hay posibilidad de que los países de la región participen en un esfuerzo militar para derrocar a Maduro; Brasil (probablemente con el gobierno más “duro” y el ejército más grande) ya lo dejó claro. Se puede derrocar militarmente a Maduro, pero el precio sería demasiado alto.

No hay soluciones fáciles, pero, aunque el régimen de Maduro tiene ciertas ventajas dentro de Venezuela, hay fuerzas que le ponen presión desde afuera. Países importantes en el hemisferio occidental —como Brasil, Colombia, Canadá, Estados Unidos y la mayor parte de la Unión Europea— no reconocen ninguna legitimidad a Maduro ni a la Asamblea Constituyente creada por él, paralela a la legítima Asamblea Nacional. Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea y otros países han limitado la capacidad de Maduro para obtener fondos.

Estas presiones políticas y económicas han llevado al régimen de Maduro a buscar nuevamente una negociación. Aunque los anteriores diálogos fueron burlados por Maduro, su situación ahora es mucho más difícil por las sanciones recibidas y las nuevas sanciones posibles. Tendría que “dialogar seriamente”. El apoyo de China y Rusia más que efectivo es retórico; no evitaría su colapso económico, pues más que donantes son acreedores de una enorme deuda.

Estados Unidos y sus aliados deben evitar aplicar sanciones económicas que perjudiquen al pueblo venezolano más que al régimen. Eso podría producir, más bien, algún apoyo a Maduro. Deberían, en cambio, profundizar las sanciones personales, directas, a los ya sancionados e incluir a otros. Deben dejar claro que no reconocerán resultados de ninguna elección sin un nuevo Consejo Nacional Electoral confiable, aceptado por el presidente Guaidó, y con presencia de observadores independientes.

Los funcionarios del régimen de Maduro no dejarán el poder si creen que serán encarcelados o extraditados, por eso, debe apoyarse un plan de “justicia transicional” que aborde las necesidades de las víctimas, al mismo tiempo que facilite el cambio. Estados Unidos, la Unión Europea y el Grupo de Lima ya están implementando una estrategia política y económica, no militar, para sacar pacíficamente a Maduro del poder mediante elecciones libres y tienen los recursos para hacerlo.