•  |
  •  |
  • END

El próximo miércoles el presidente Barack Obama debe tomar una decisión definitiva sobre 64 millones de dólares de la Cuenta Reto del Milenio de Estados Unidos que se encuentran suspendidos desde diciembre, mientras que en las próximas semanas los donantes europeos deberán adoptar su propia decisión sobre más de 75 millones de dólares destinados a la ayuda presupuestaria que fue suspendida por la misma causa: el fraude electoral.

En ambos casos, la decisión final de estos gobiernos extranjeros recae sobre lo que haga o deje de hacer el gobierno de Nicaragua. Fueron las políticas antidemocráticas de Daniel Ortega las causantes de la suspensión de la ayuda, y depende de Ortega exclusivamente que ésta se restablezca o se cancele de forma definitiva. Como a los monarcas de antaño, a Ortega le dieron la potestad de absolver o castigar a su pueblo, y todo indica que ya optó por lo segundo. La diferencia, esta vez, es que el caudillo del FSLN no le puede atribuir el corte de la ayuda a una conspiración externa, o a una acción “de la oposición vendepatria”, pues el único nicaragüense que ha promovido de forma sistemática la cancelación de la ayuda externa ha sido él mismo.

Fue Ortega quien proclamó el año pasado que seríamos “más libres” sin la ayuda norteamericana, y que la cooperación europea representaba “migajas”, que podrían llevarse a otra parte. En estas expresiones, dignas de nuestro museo de la infamia, se revela una combinación perversa de arrogancia e insensatez, con el denominador común de un profundo desprecio hacia el derecho de los ciudadanos y particularmente de los más pobres.

Sí, el fraude electoral ya le está costando al pueblo de Nicaragua más de 140 millones de dólares en ayuda externa que pertenecían al patrimonio nacional y que han sido dilapidados por Ortega. Con un solo manotazo autoritario se perdieron miles de empleos y decenas de programas sociales y de infraestructura, y algún día Ortega debería ser procesado por ese crimen social perpetrado contra la población.

El discurso oficial alega que no importa perder esa ayuda porque será compensada con recursos provenientes de los nuevos amigos de Nicaragua que llegarán al país “sin condiciones”. Pero resulta que la “nueva ayuda” no son los buses rusos ni las promesas de cooperación venezolana, sino un “operativo rescate” encabezado por el Fondo Monetario Internacional, con el apoyo del Banco Mundial y el BID, para evitar un descalabro financiero del país.

Irónicamente, Ortega tampoco podrá culpar en el futuro al FMI del fracaso de su gobierno, sino que más bien tendría que reconocer que sin el FMI su gobierno ya se habría desplomado y que gracias a los organismos multilaterales del satanizado “capitalismo global”, es que ahora puede cerrar la brecha presupuestaria, sin estar obligado a negociar las consecuencias del fraude electoral con los donantes europeos. A final de cuentas, es una apuesta peligrosa, pues el mensaje que está enviando al mundo es que su gobierno no está sujeto a ninguna cláusula democrática y que únicamente se somete a las reglas contables de la economía.

Pero aún en el terreno estrictamente económico, Ortega se equivoca de plano al suponer que la ayuda presupuestaria europea es prescindible. Ni siquiera el espejismo de una gobernabilidad basada en un reparto prebendario, o en el canje del sobreseimiento de Alemán por el control para el FSLN de la Asamblea Nacional, puede ocultar la vulnerabilidad de la situación económica del país. El castigo impuesto por Ortega al provocar la suspensión de la cooperación externa, representa un costo adicional muy alto para Nicaragua.

En primer lugar, el costo de un segundo recorte del gasto público superior a los 20 millones de dólares, además del impacto negativo de la cancelación de los proyectos de la Cuenta del Milenio en Occidente.

La segunda dimensión del castigo es menos tangible pero tiene un efecto devastador a largo plazo, porque la ayuda que se pierde hoy resulta totalmente irrecuperable en el futuro.

Y el tercer factor, sin duda el más importante, es la incertidumbre que prevalece sobre el mediano plazo por la falta de un adecuado colchón de recursos externos. En el acuerdo con el FMI, Ortega está comprando estabilidad a corto plazo aceptando nuevas condicionalidades económicas, pero no le puede ofrecer al país estabilidad económica a mediano plazo. En otras palabras, si se cierra el acuerdo con el FMI la próxima semana en Washington, sabremos cuáles son las reglas del juego hasta diciembre, pero no hay ninguna seguridad en relación a lo que ocurrirá en el 2010. Un año que será doblemente afectado por el efecto económico de la recesión y por el impacto de la polarización política causada por el proyecto reeleccionista de Ortega. Y sin ayuda presupuestaria, la dimensión del ajuste fiscal que deberá hacer el gobierno, si quiere seguir contando con el apoyo del FMI, implicará un recorte aún mayor del gasto público y aumentar los impuestos. Una receta muy severa para un paciente en estado delicado.

La única luz al final del túnel para el gobierno no es que se produzca un repunte en la inversión privada o pública, sino que continúe subiendo el precio del petróleo para aumentar los recursos discrecionales de la cooperación venezolana, aunque sea a costa de los desequilibrios que provoca el shock petrolero. El famoso “cambio de modelo”, proclamado por Ortega, en realidad no tiene nada que ver con cambio social o socialismo, sino con la privatización de la multimillonaria ayuda venezolana para facilitar la ejecución de los jugosos negocios particulares del orteguismo.

Prisionero de su pasado, Ortega está gobernando otra vez con la mentalidad de un agitador en tiempos de crisis, aunque ahora no hay guerra ni agresión externa que justifiquen la emergencia. Su obsesión en la batalla para sobrevivir en el día a día consiste en definir cómo llegar a diciembre, y luego cómo imponer su esquema reeleccionista. A mitad de su mandato, el país carece de norte y de una estrategia viable de desarrollo. Mas allá de la retórica planteada en las innumerables versiones del Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), lo que se impone de forma descarnada es que Ortega ya cayó en la trampa del cortoplacismo y Nicaragua está dejando de ser un país previsible en términos económicos. La única certeza, por ahora, es el rumbo autoritario que pretende imponerle a la sociedad.