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Todos tenemos derecho a la costa. Todos deberíamos tener acceso a las costas. ¿Cómo es posible que se apruebe una ley de desarrollo costero de consenso con la empresa privada? ¿Y el resto de ciudadanos? ¿Y el desarrollo costero?
El Cosep, los inversionistas, los diputados, todos lograron una propuesta de consenso. Esto, por supuesto, no es un pacto; no, es consenso. Por supuesto, si los beneficiados no fueran los diputados y empresarios que resultaron favorecidos, estarían hoy los medios con grandes titulares: Pacto Libero- Sandinista. Si los beneficiados fueran efectivamente las comunidades costeras, las comunidades indígenas y los pobladores de esta nación “dueña de las costas” en este momento la artillería mediática estaría señalando los intereses “confiscatorios” del gobierno sandinista y el retorno al pasado de la noche oscura.

Hasta cuándo, a diario me pregunto, hasta cuándo vamos a tener que ceder a la presión de una empresa privada sin iniciativa, que no invierte, que no desarrolla. ¿Hasta cuándo se va a legislar sin realizar un diagnóstico certero de lo que se necesita para desarrollar Nicaragua? ¿Hasta cuándo vamos a tener diputados sin el menor conocimiento sobre administración del territorio, planificación territorial, protección del medioambiente y audazmente decidiendo como si todo lo supieran, o lo que es peor, decidiendo como si la “empresa privada” y la casta a la que representa son la “mayoría” de los ciudadanos de Nicaragua, de esta nación propietaria de las costas, de sus costas? No hay palabras; es una falta de visión o un exceso de intereses empresariales; en fin, es algo que merece ser criticado.

No se necesita ser urbanista, planificador, ambientalista, ni siquiera se necesita tener un título profesional para darse cuenta de quiénes son los beneficiarios de este “consenso”; porque no es pacto. Basta con realizar un inventario de propietarios, usufructuarios, montos invertidos y beneficios logrados para darse cuenta de lo existente. Basta caminar desde Poneloya hasta Las Peñitas para darse cuenta quiénes son los dueños de las construcciones que “no se verán afectadas” con la aprobación de la Ley. Basta caminar por la costa para darnos cuenta de que los pescadores, pobladores y turistas plebeyos tienen asignado por defecto el acceso al sector del Rancho Sonoro. Todo lo demás, por supuesto, es “protección” de la inversión turística de quienes nunca han invertido o dejaron de invertir hace mucho, mucho tiempo (el Hotel Lacayo, por ejemplo). ¿Y la comunidad indígena de Sutiaba? ¡Ah! Esa quién sabe qué fue lo que ganó, porque a simple vista, su ganancia no se percibe. Éste es un verdadero reto para la nueva directiva de dicha comunidad leonesa.

Igualmente, si realizamos el recorrido desde La Boquita hasta Huehuete. El resultado es el mismo. Aquí, la situación es peor, pues los “propietarios” no han dejado siquiera callejones de acceso a la costa. En Corn Island no hay resultados diferentes; casi el 30% del tramo de costa con potencial de balneario está cerrado por Arenas Beach, el hotel que para comodidad de sus clientes se ha tomado parte de la costa “privatizándola”. ¿Cuánto paga en impuestos ese hotel? ¿Cuántos empleos permanentes genera? Realmente, ¿defender su inversión implica desarrollo para Corn Island? Similar es la situación de Barceló Montelimar, el símbolo de la inversión turística en Nicaragua, con una fórmula simple: comprar a precio de guate mojado, invertir lo mínimo, apoderarse de las propiedades del Estado, privatizar las costas, cobrar servicios tan caros que el ciudadano promedio no puede consumir y una total falta de iniciativa en la mejora de los servicios ofrecidos al punto que el show de los jueves por la noche dicen que presenta los mismos números desde hace diez años, sin siquiera haber mejorado el vestuario de los bailarines.

Adicionalmente y para cerrar con broche de oro: cuando se puede evadir impuestos, se evaden. Y si pasamos al tema de las lagunas cratéricas (por supuesto que teníamos que tocar el tema), tenemos que decir de la Laguna de Apoyo que en torno al espejo de agua de la laguna, se identifican construcciones que superan los 2 millones de dólares, como la de la señora Money y la de S. Cole, o las de diputados o familiares de diputados, magistrados y ex-funcionarios de los gobiernos anteriores. A veces, el colmo es que el muro perimetral se introduce hasta las aguas de la Laguna de Apoyo negando el paso peatonal. Quiénes denunciarán como pacto este pacto, mal llamado consenso. Hay algún antipactista que lo haga.

¿Quiénes son los beneficiarios de esta ley en la Laguna de Apoyo? La mayoría extranjeros. El uso predominante: casas de verano de familias muy acomodadas. ¿Cuál es el aporte al desarrollo de estos municipios y a la protección del ambiente? Es nulo, el año pasado, el famoso Norome se vio obligado a cerrar sus instalaciones con una multa del Marena, por no invertir, ni siquiera, en un adecuado sistema de disposición de las aguas negras, provocando contaminación a la laguna. ¡Vaya inversionistas! Ésa es la empresa privada, invirtiendo, siendo el motor de la economía. Aquí lo que se necesita es un equipo planificador, que defina un programa de desarrollo costero. No podemos negar que este programa debe incluir a la empresa privada del sector turismo, pero nunca debe anteponer los intereses de la misma a los intereses de la nación. Deben definirse los ejes de desarrollo, las líneas de protección y las acciones que garanticen indiscutiblemente un acceso libre para que todos podamos disfrutar no sólo de las aguas, sino también de la belleza escénica, del paisajismo, del estudio y preservación de las especies; ya que inversión turística no es solamente la dotación de hoteles, bares y restaurantes. Necesitamos una empresa privada interesada en innovar, en vender otros productos turísticos, en pagar impuestos, en acatar las normativas técnicas de protección del medioambiente, en respetar la legislación vigente, no de acomodarla a su beneficio.

Es necesario definir no solamente el límite entre la propiedad privada y la del Estado, es también necesario definir las zonas de usos permitidos, restringiendo las actividades y construcciones que violenten los derechos de todos a disfrutar de los recursos naturales. Se deben definir las zonas de preservación y conservación según la ley y de acuerdo a ello, eliminar todos los elementos de contaminación visual, química, sanitaria, sónica, arquitectónica, constructiva y de cualquier índole. Aunque la empresa privada hable de intereses confiscatorios, no se puede permitir que las construcciones lujosas generen tensionamiento sobre el hábitat. Si ni los diputados ni los empresarios tienen dinero suficiente para realizar un diagnóstico o financiar la elaboración de planes maestros de desarrollo de zonas costeras, pues que vean cualquier novela brasileña donde podrán aprender que la costa es libre de acceso sin obstáculos visuales, sin caramancheles vendiendo guaro. Luego existe un andén de circulación peatonal libre de construcciones; sigue la autopista y después de la autopista costanera, todas las construcciones habidas y por haber. Con esto se garantiza que todos accedan, todos pueden tener una visual de 180 grados de la playa o bahía, todos pueden caminar libremente, todos pueden estacionar sus vehículos. Asunto que ya no será posible en San Juan del Sur, por ejemplo, en donde para poder ver la bahía en plenitud se debe ser usuario de uno de los restaurantes, subir a la colina o ser cliente de uno de los hoteles que ya empiezan a competir por altura. Ley de costas para todos o para nadie.