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En los últimos 30 años Nicaragua ha experimentado acontecimientos sociales de gran impacto: insurrección popular; gobierno Revolucionario; guerra civil; negociaciones diplomáticas y períodos de transición.

Las últimas etapas enmarcadas en los Acuerdos de Esquipulas, que dieron lugar al inicio de un período de Paz Firme y Duradera en la región, condicionada al desarrollo simultáneo de procesos democráticos garantizantes del pluralismo político, libertad de expresión y vigencia de los Derechos Humanos Fundamentales.

En Nicaragua la transición generó elecciones supervigiladas y negociaciones de paz entre los armados de la Resistencia Nicaragüense y el nuevo Gobierno de Doña Violeta asumió compromisos básicos y necesarios para la implementación del proceso de desmovilización o entrega de las armas por la Resistencia Nicaragüense, piedra angular de los Acuerdos de Esquipulas y experiencia inédita en Centroamérica que sirvió para las desmovilizaciones en El Salvador (FMLN) y Guatemala (URNG).

Veinte años después podemos afirmar que la Nicaragua de hoy no es la misma Nicaragua de 1979, ni de 1987, ni de 1990. Han ocurrido cambios profundos, la mayoría de la población ha sido objeto o sujeto de acontecimientos que, sin lugar a dudas, han provocado ilusiones, esperanzas, temores, frustraciones, júbilos y tristezas.

Que un 60% de nuestra juventud tenga como prioridad irse del país es como reconocer que Nicaragua no tiene futuro o sólo tiene un futuro muy limitado. Una interrogante generalizada es: ¿Qué va a pasar? ¿Hacia dónde va Nicaragua?
Por mandato Constitucional la elite gobernante tiene la responsabilidad prioritaria de promover el BIEN COMÚN, es decir la creación de condiciones que permitan a la mayoría de la población lograr su “Felicidad”, desarrollando y realizándose integralmente todos y cada uno de los nicaragüenses. Sin discriminación, ni exclusión alguna.

Pero también las dirigencias del sector privado (en su más amplio sentido); de las religiones actuantes en el país; de sectores de la sociedad civil organizadas gremial o comunitariamente (que es más que las ONG); tenemos grados de responsabilidad y estamos obligados a asumir un mayor rol en la búsqueda por dar respuestas lógicas, racionales y pertinentes a las interrogantes que la población plantea.

Un tema clave en este esfuerzo de superación es la reconciliación nacional. Los Acuerdos de Esquipulas así lo plantearon y la Organización de Naciones Unidas declaró este año de 2009 como Año Mundial de la Reconciliación Nacional.

Reconciliación Nacional que implica una serie de acciones, procesos y disposiciones tendientes a ir eliminando los resabios existentes; como considerar al otro más como enemigo que como simple rival. Que no permite más que escucharse a sí mismo. Que en vez de argumentar comienza por descalificar denigratoriamente. Lo que en el fondo requiere de cambios de actitud, tanto en los gobernantes como en los gobernados.

Citar a los Obispos de Europa puede orientarnos sobre qué significa la Reconciliación, “aprender a convivir con las sombras del pasado y a cómo mitigar el dolor de las heridas infligidas”.

Una Reconciliación Nacional pasa (¿se inicia?) con la superación de las polarizaciones actualmente existentes en nuestra sociedad.

Pero esto requiere la voluntad de sectores sociales concretos, de uno y otro bando, que deberán asumir y transmitir el coraje necesario para generar una etapa de colaboraciones económicas, políticas, sociales y culturales; y dispuestas a encarar los distintos retos que genera nuestra sociedad, buscando consensos sobre temas que actualmente dividen o separan. Es necesario proponernos la búsqueda de acuerdos y soluciones enmarcados en un equilibrio de intereses que haga sentirse satisfechos a todas las partes. Así los más fuertes, política y económicamente, deberán aceptar el hacer concesiones e incluso sacrificios teniendo en mente la imperiosa necesidad de superar la miseria, la pobreza y las crisis desestabilizadoras, potenciales enemigas de la libertad y la democracia.

El peligro mayor para nuestra sociedad lo constituyen las injusticias y desigualdades sociales existentes y que claman por soluciones prontas, justas y humanas, a fin de poder resguardar la dignidad individual de cada uno de los y las nicaragüenses.

Un camino factible para esta tarea será la búsqueda de un nuevo orden constitucional, fundamentalmente democrático, en el que se mejoren los mecanismos jurídicos para limitar racionalmente el ejercicio del poder político; para que los derechos humanos fundamentales sean mejor promovidos y protegidos; que se precise al detalle el funcionamiento coordinado, armónico y equilibrado entre los poderes del Estado; que se garantice, la profesionalización e independencia de los funcionarios públicos que administran justicia y los procesos electorales; que se democratice y personalice la elección de los miembros del Poder Legislativo.

En fin, que seamos capaces de crear nuestra propia y actual institucionalización del proceso democrático; que siente las bases de un Estado de derecho en el que todos seamos iguales ante la ley y en el que no exista particular o funcionario por encima de ella.

Esto sería el reto para la Nicaragua del Siglo XXI, garantizar la no repetición de conflictos armados o de uso de la violencia para obtener y/o mantener el poder; y desarrollar un auténtico proceso de Reconciliación Nacional.


*Secretario PRN