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La historiografía nicaragüense ha tenido en Alejandro Montiel Argüello (Granada, 13 de marzo, 1917) un acucioso investigador. Originalmente vinculado a su mayor disciplina —el Derecho Internacional— su aporte registra dos folletos y dos libros. Incidentes diplomáticos y El Congreso de Panamá se titulan los primeros, publicados por el Ministerio de Relaciones Exteriores en 1956; Artículos históricos (1978) y Nicaragua colonial (2000), los segundos, difundidos por el Banco Central de Nicaragua.

Alguna participación tuve en la factura editorial de ambas obras. No sólo corrigiendo sus pruebas de imprenta, sino redactando como ghost writer —actividad que también ha desempeñado el doctor Montiel Argüello— las presentaciones. En el primer caso, suman 18 e incluyen los ya citados folletos. Si en el primero su autor aborda seis incidentes ahora casi olvidados, pero para mí de gran interés histórico (como el que desató el bombardeo y destrucción de San Juan del Norte por la corbeta Cyane, al mando del Capitán George Hollins, el 13 de julio de 1854) en el segundo resume el célebre Congreso Anfictiónico convocado por el Libertador Simón Bolívar, del 22 de junio al 15 de julio 1826. Por su conocimiento del mismo, Montiel Argüello prologó la obra más completa acerca del tema, escrita por Aldo Díaz Lacayo, la cual obtuvo el premio “Tomás Ayón” 2001 del BCN.

Lo que acaso desconozca el colega en la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua desde 1971 y en la Academia Nicaragüense de la Lengua desde 1999 es que su ensayo de 1956 fue incluido en la antología Bolívar y los nicaragüenses (Managua, El Pez y la Serpiente, 1983) que preparé con José Jirón Terán. Talvez igualmente ignore que él figura en el tomo II (M-Z) de mi Diccionario de Autores Nicaragüenses (Managua, Biblioteca Nacional Rubén Darío, 1994). Ahí cito la primera semblanza trazada de su personalidad, cuando tenía treinta años, por Alejandro Cuadra (1908-1958). Titulado “Dos Alejandros”, el humorista alude a los sobrinos del habilísimo político criollo Mariano Argüello Vargas con el mismo nombre de pila (Alejandro) y los mismos apellidos, pero a la inversa: Argüello Montiel (llamado “Piyuya” en el vecindario granadino) y Montiel Argüello, quien no pudo escaparse del apelativo “Pitahaya”, según el cronista Cuadra, porque en su adolescencia, a la más pequeña insinuación de una muchacha, “se le subía la sangre al rostro de tal forma que aquel rubor se hizo famoso y fue la causa de que se pusiera tal apodo, que aún conserva entre sus amigos aunque sin sonrojo alguno”.

Como su tocayo y primo, el futuro ex Canciller de la República era abogado de la Universidad de Oriente y Mediodía desde 1938, año de la publicación de su tesis El Arbitraje (Granada, Tip. de El Centro-Americano). Asimismo, la apariencia de ambos fue descrita por Cuadra: “blancos, rosados, bajos, ni gruesos ni delgados, catrines, limpios, rasurados, empolvados, perfumados, buscando cómo imitar a su afamado tío, ex vicepresidente de acción de facto de la Asamblea Constituyente”. Se refería entonces a la que articulaba la Constitución de 1948. Cuadra añadió que Alejandro Montiel Argüello gustaba de la vida plenamente, sin rubores de ninguna clase, conservando el empaque de la discreción de un joven bien educado, ex alumno ejemplar de los Jesuitas, prefiriendo el brillo de sus méritos intelectuales “antes que su mundología en la que ha salido tan aprovechado como cuando estudiaba lógica aristotélica o el código civil”.

Desde entonces, Argüello Montiel --el doctor en leyes más joven graduado en la gran Sultana a los 21 años-- ya se revelaba como siempre ha sido: apacible y correcto, sereno y callado (“sin soltar mosca por su boca, que se puede decir que nunca dice esta boca es mía” —lo retrató Cuadra). Ya se le advertía una prematura calvicie y se iniciaba como un eficaz servidor del Estado tanto en el ámbito judicial como en el diplomático. No en vano ocupó importantes cargos, entre otros, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia (1972-1998) y Ministro de Relaciones Exteriores durante tres gobiernos con un total de 12 años, récord aún no superado ni fácilmente superable. Todavía en diciembre de 2006, a sus 89 años, era asesor de la Cancillería ocupándose de los complejos y perentorios contenciosos limítrofes de Nicaragua.

Allí tuve la suerte de tratarlo, de recibir sus acertadas indicaciones, por unos meses. Pero el doctor Montiel Argüello probablemente ignoraba que ya había devorado además de su primer libro de monografía, el segundo: Nicaragua colonial, culminante producto de su afición histórica, merecedor de una mención honorífica en el Premio Nacional de Historia “Jerónimo Pérez” (1999). Unánimemente, el jurado —Emilio Álvarez Montalván, Germán Romero Vargas, Carlos Tünermann, Margarita Vannini y yo—, reconoció su exhaustivo manejo de las fuentes documentales, investigadas en el Archivo General de Centroamérica en Guatemala. Precisamente, en ese país había acometido otra importante contribución, esta vez sustentada en fuentes hemerográficas (diarios y revistas): Rubén Darío en Guatemala (1984), a la que siguió su no menos interesante librito: Rubén Darío en Costa Rica (1988). El dariísmo, pues, lo cuenta entre sus filas, aunque esta faceta intelectual suya no ha sido reconocida quizá por la dificultad de obtener dichas obras.

Lo que le ha otorgado prestigio es su experiencia jurídico-diplomática, como lo demostró en el ejercicio de cargos internacionales, por citar sólo uno: Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y en juiciosas obras como Jurisprudencia civil nicaragüense, en cinco tomos; Manual de Derecho Internacional, con cuatro ediciones; La Corte Suprema y el Derecho Internacional, con dos; Artículos sobre el derecho del Mar y otras. Al mismo tiempo, para sus colegas historiadores, resultan muy valiosos sus libros ya referidos que, aunque inorgánicos, ilustran breves biografías, como la de Víctor de la Guardia, Jefe Político de la Junta Gubernativa de Granada establecida a raíz de la independencia, y que José Coronel Urtecho —desdeñoso del documento— ignoraba por completo. O aclaran los primeros tratados entre Costa Rica y Nicaragua: el de Juan Mora Fernández, concertado durante su misión a nuestro convulsivo país en 1822 y los subsiguientes de Mariano Montealegre con los gobiernos de León y de Granada (cada uno por separado, ya que Nicaragua estaba, como de costumbre, polarizada). O corrigen fechas erráticas como la muerte de Crisanto Sacasa, hombre clave de nuestras primeras luchas postindependencia. O desarrollan las agresiones extranjeras, como las perpetradas por el cónsul inglés en Centroamérica, Frederick Chatfield, de 1834 a 1862. O puntualizan tratados bilaterales, como el Carazo-Soto entre Nicaragua y Costa Rica, firmado en Managua, el 26 de julio de 1887.

De las 42 monografías de su Nicaragua Colonial, cabe citar las siguientes “La inquisición en Nicaragua”, “Los castillos del Río San Juan”, “Los hospitales coloniales”, “El primer obispo nicaragüense” (José Xirón de Alvarado, natural de León), “Fiestas y duelos”, “Don Diego de Montiel, séptimo y último Adelantado de Costa Rica” (ilustre antecesor del doctor Montiel Argüello), “Los muros de Jalteva”, “El indio Yarrince”, “Bailes y zarabandas”, e “Hipólito Bouchard en el Realejo”, entre las más curiosas.

Pasando al libro Nicaragua y Costa Rica en la Constituyente de 1823 (Managua, Fundación Uno, 2005), el doctor Alejandro Montiel Argüello cultiva una parcela virgen: el de las actas de la Asamblea Constituyente que mandaba establecer la Proclamación de Independencia del 15 de septiembre de 1821 para “fijar, en caso de acordarla [la independencia absoluta]”, “la forma de gobierno y ley fundamental que deba regir”. La Asamblea se instaló en la ciudad de Guatemala el 29 de junio de 1823, sólo con diputados de El Salvador y Guatemala. El 1º de julio fue emitido el decreto de la independencia absoluta.

Luego figura un solo diputado nicaragüense: Filadelfo Benavent, representante del partido de Nicaragua (Rivas); en agosto se incorporaron dos diputados por León: Manuel Barberena y Francisco Quiñónez; el dos de septiembre lo hicieron Benito Rosales por Granada y Pío Castellón por Segovia. El dos de septiembre ya eran ocho los representantes de nuestro Estado: además de los cinco referidos, el indio noble de Sutiava Juan Modesto Hernández por León, Tomás Muñoz y Manuel Mendoza, ambos por Masaya.

Montiel Argüello no encontró actas completas y formales, sino “apuntes o borradores de actas”. Y mediante la transcripción y análisis de estudios de estos documentos, datados entre diciembre de 1823 a julio de 1824, no pudo reconstruir toda la actuación de la Asamblea Nacional Constituyente, pero sí “la parte de ella que se refiere a asuntos de Costa Rica y de Nicaragua, o en el que participaron los diputados de estos países, agregando los asuntos de interés general para todas las provincias”. Se trata, por tanto, de una investigación novedosa que detalla los contenidos de todas las actas previas a la Constitución de la República Federal de Centroamérica, emitida en Guatemala el 22 de noviembre de 1824.

Por Costa Rica suscribieron este documento fundacional —copiada de la Constitución norteamericana— cuatro diputados: el médico José Antonio Alvarado y los curas Juan de los Santos Madriz (egresado del Seminario San Ramón de León), Luciano Alfaro y Pablo Alvarado. Y por Nicaragua la firmaron ocho diputados: Toribio Argüello (luego exiliado en Costa Rica donde matrimonió con una hermana de Juan Rafael Mora), Francisco Quiñónez, Tomás Muñoz, Manuel Barberena, Benito Rosales, Manuel Mendoza, Juan Modesto Hernández y Filadelfo Benavent. De todas estas personalidades, el doctor Montiel Argüello ofrece amplios datos biográficos.

Yo agradezco al doctor Alejandro Montiel Argüello haberme elegido para presentar su libro en la Universidad de Ciencias Comerciales el viernes 29 de mayo.