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Segunda parte

Las librerías están repletas de publicaciones sobre la transición del capitalismo al socialismo, pero no hay ninguna publicación sobre la transición inversa, del socialismo al capitalismo. Esto fue cierto hasta hace unos 15 a 20 años en que los problemas de información y riesgo fueron mejor comprendidos. Los avances en la economía de la información impulsaron una mejor comprensión de la teoría de contratos y de la teoría corporativa y del rol tan importante de los incentivos. Consecuentemente, se tenía una mejor idea de los marcos regulatorios y los subsidios.

A Nicaragua se le abría una gran oportunidad de capitalizar esta experiencia para elevar el crecimiento económico, crear empleos productivos y reducir la pobreza. Se crearon expectativas, pero todo fue un espejismo, fue “Fata Morgana”. Veamos algunas de las reformas más relevantes para el país y cómo procedió la clase dirigente.

El colapso de las economías planificadas demostró que las jerarquías políticas eran incapaces de reconocer las señales de escasez en las economías y que en esa labor de coordinación, la superioridad de los mercados era incuestionable. Saltó a la vista la importante complementariedad entre mercado y democracia. Por otro lado, las fallas del Consenso de Washington enseñaron que no era posible la aplicación de políticas aisladas como era focalizar solo la estabilidad macroeconómica, tal como se practicó en los gobiernos liberales. Los modelos pragmáticos habían demostrado que la estabilidad macro no era suficiente para explicar el crecimiento económico, pero combinada con políticas complementarias como la liberalización de precios, la privatización, la apertura externa y el fortalecimiento institucional se lograba una dinámica altamente favorable al crecimiento alto y sostenido. El mensaje básico era el rol de las políticas y estrategias. Crecimiento significaba políticas y estrategias, en vez de acumulación de insumos.

No obstante, en el lapso 2007/19 solo se continuó con la estabilidad macro y se rechazó el objetivo de la reforma estructural, negando el principio de complementariedad. El país seguía sin un marco de políticas, sin estrategias que definieran las prioridades del país como nación.

Una de las tareas fundamentales era la redefinición del rol del Estado, de un rol totalitario a un rol constructor de instituciones, que preservara el balance de poder, arbitrara pacíficamente los conflictos internos y protegiera los derechos de propiedad y los derechos humanos, creara un sistema de información para reducir distorsiones de mercado y se institucionalizara la rendición de cuentas. Las investigaciones habían sacado a luz la conexión entre gobernanza y productividad, que aumentaría hasta en 2% el PIB. Esta área también fue marginada e incluso se retrocedió respecto a los logros de los gobiernos liberales.

La transición a una economía de mercado liberaba miles de productos y servicios, por lo que se requería de un marco regulatorio que asegurara la competitividad en la economía. El avance a medias, si es que lo hubo, facilitó conductas depredatorias, la conversión de monopolios públicos en monopolios privados con toda la ineficiencia que da el poder de mercado y un clientelismo empresarial aferrado a rentas monopólicas.

La clase dirigente nunca tuvo conciencia de los beneficios de la reforma estructural y sobrestimó sus costos. El resultado fue un crecimiento económico promedio, entre 2007/19 de 2.4% y de 1.8% si se descuenta la proyección de 2020. La inflación promedio fue de 4.95% (pudo ser menor sin el deslizamiento cambiario, instrumento inútil y obsoleto) y las reservas internacionales en meses-importación se mantuvieron en 4.3% en 2012 como en 2019. En términos percápita, el país creció 1.4%, menor al 1.6% de los gobiernos liberales.

En la próxima entrega se verán las lecciones que dejan las experiencias anteriores y en la entrega siguiente se explorará la reforma empresarial y la nueva organización industrial.