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I
No existen motivos válidos para disculpar al gobierno de Daniel Ortega por la suspensión del programa Cuenta Reto del Milenio. Tampoco hay algún motivo para suponer que la injerencia del gobierno estadounidense --a través de su embajador en Managua-- adquiere legitimidad por la nobleza y ventajas que pudiera atribuírseles al programa en referencia. Ortega, culpable del daño que causará a sus beneficiarios de Occidente por no revertir su fraude electoral; y Estados Unidos, culpable por injerir en nuestros asuntos internos.

Los Estados Unidos son dueños de su dinero y pueden emplearlo en lo que se les antoje, o dejar de utilizarlo. Pero el protagonismo que adquirió el embajador Robert Callahan, en torno al problema político que provocó el fraude, es una usurpación del papel que corresponde a los nicaragüenses. Como embajador del país otorgante de esa colaboración tiene derecho a no perder la referencia del compromiso adquirido por el gobierno de Nicaragua de respetar los derechos políticos y humanos, más el Estado de Derecho. Pero el primer, mayor y principal único compromiso del gobierno es con el pueblo nicaragüense.

Aún cuando este tutelaje de los Estados Unidos tuviera la mejor intención del mundo, es una albarda que históricamente nunca han tolerado los nicaragüenses. Lo peor de ahora es que la injerencia gringa le está sirviendo al orteguismo para esconder detrás de la defensa de la soberanía, su decisión de continuar en el poder a toda costa. Para eso planeó y llevó a cabo el fraude electoral, aunque de una forma más torpe de lo que le convenía; y su salida es atribuirle la paternidad gringa a la lucha contra el fraude.

El orteguismo ya comenzó esa campaña en busca de sacarle rédito político al corte de la Cuenta del Milenio, primero en nuestro país, y después en las reuniones internacionales; la Cumbre de Petrocaribe fue la última. A lo interno, Ortega trata de convencer que será un sacrificio necesario para defender nuestra soberanía. En el exterior presenta la lucha legítima contra el fraude electoral como un esfuerzo combinado de la oposición derechista con el imperialismo para frenar el avance “revolucionario”.

El discurso ideológico que funciona justificando el robo de las elecciones, ¿tendrá la respuesta ideológica de sus aliados en el exterior? Si así fuere --como parece que es-- los derechos del pueblo nicaragüense quedarían sepultados bajo discursos de puras consignas, y la ética revolucionaria la tirarían al cesto de las entelequias. Por lo visto, Ortega ha preferido pagar el costo político que le causa el fraude, porque espera que el Alba le pague los costos económicos. O sea, que espera que el Alba le financie el fraude. Ortega está lejos de pensar en buscar a los problemas políticos y económicos una alternativa propia, nacional.

El fraude electoral es algo más que el capricho de Ortega de quedarse con tantas o cuales alcaldías, o vanagloriarse de estar consiguiendo “más victorias”: para él es un asunto de vida o muerte para su plan continuista y el futuro de su control indefinido y arbitrario del poder político. Por su lado, algunos sectores de la oposición tienen la deformante visión de que la renuencia de Ortega a rectificar el fraude a costa de perder el programa de la Cuenta del Milenio, es un desaire a los Estados Unidos. Al pueblo nicaragüense, le debe molestar por el perjuicio económico que le causará a la población de Occidente y, por ende, al país.


II
Nicaragua-Perú, un raro paralelo político
Como hombre de izquierda no dudo para darle la razón a los oprimidos cuando éstos reaccionan con violencia, porque –aun sin ser partidario de la violencia— sé que en algún momento éstos se ven obligados a reaccionar con las mismas armas que sus opresores utilizan para reprimirlos. Eso pienso de los sangrientos sucesos de Perú: que los indígenas tienen la razón, a pesar de que los medios complacientes con los gobiernos de derecha muy temprano comenzó su acostumbrado maquillaje de la represión, echándoles la culpa a las víctimas. Víctimas no de hoy, sino de toda la vida.

Pese a todo, ha sido grato descubrir que no siempre es necesario recurrir al discurso ideológico para justificar algo cuando los hechos se encargan de revelar la naturaleza de los conflictos: el mismo Congreso peruano, en donde se dio vía libre al negocio de tierras contra los derechos ancestrales de los indígenas, y que provocó su reacción y luego la represión oficial, suspendió el decreto provocador, bautizado con nombre de doble sentido: la Ley de la Selva.

El otro hecho a través del cual se reveló la invalidez de las razones del gobierno de Alan García, y la legitimidad de la reacción indígena, fue la renuncia de la ministra de la Mujer de Perú, Carmen Vildoso. ¿Por qué iba a renunciar esa mujer, si no por su reconocimiento de los derechos de las víctimas del gobierno y de su ejército? Un tercer hecho son las fotografías testimoniales de que los indígenas fueron brutalmente masacrados, fotos que no se conocieron precisamente por la prensa pro oligárquica. Nada nuevo, pero dramáticamente revelador: los masacrados por siglos por colonialistas extranjeros y opresores locales están ahí, representados en las imágenes de los cuerpos masacrados en Perú.

Alan García, mucho después de su primer gobierno –corrupción incluida—, ascendió de nuevo al poder, pero sólo con la máscara socialdemócrata; atrás quedó el heredero de Víctor Raúl Haya de la Torres, y ahora actúa el político complaciente con los intereses extranjeros y los explotadores criollos. Si alguna similitud existe entre el segundo gobierno de García con la “segunda revolución” de Daniel Ortega –con las diferencias de origen guardadas—, no es pura coincidencia. Ambos retornaron al poder dejando relegados los objetivos originales.

No es ese, seguramente, el panorama que tiene el líder indígena perseguido como responsable de los sucesos de sangre en Perú, Alberto Pizango, para haberse asilado en la embajada de Nicaragua en Lima, sino el paisaje rosado que pinta la propaganda orteguista. Ortega no iba a dejar de aprovechar este asilo para lucirse como el defensor de las causas indígenas latinoamericanas, y más que todo, como un espejo de libertad y democracia revolucionaria para los luchadores latinoamericanos perseguidos.

Menos mal que Alan García tenía demasiado reciente su propio asilado venezolano en casa, como para hacer resistencia al derecho de asilo de Pizango, como él bien lo dijo, “aunque no le guste a uno”. No es ventajoso a García hacer mayor escándalo del caso, después de haberse abultado las causas del asilo en Perú del empresario venezolano Manuel Rosales, más la proyección que le regalaron los medios de comunicación.

La brevedad de este incidente diplomático le quitó a García echarse las flores democráticas acostumbradas, pero sobre todo, por saber culpable a su gobierno de la masacre. A Daniel Ortega tampoco le duró mucho el pretexto del asilo de Pizango para su promoción como el jefe de una “revolución” solidaria con los luchadores sociales del subcontinente. Para mayor desventaja de Ortega, los indígenas de nuestro Caribe demandan soluciones y justicia que sus oídos no han escuchado.