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En Centroamérica la mayoría de los países están lidiando aún con los nefastos efectos que los años de conflicto, durante los ochentas y noventas, provocaron a todas estas vulnerables economías. A excepción de Costa Rica, el resto de Centroamérica se vio impactada por la guerra, misma que ha tenido un efecto negativo muy prolongado..

El problema de la pobreza es estructural, es decir, que no se puede remediar con medidas paliativas a corto plazo, sino con un cambio en la estructura económica y el modelo de desarrollo social y económico que ponga en marcha el Estado. La mayoría de los países centroamericanos abordan el problema de la pobreza desde un enfoque asistencialista desprovisto totalmente de efectividad perdurable más allá de la limitada duración de los programas de ayuda social gubernamentales.

En Nicaragua, durante la década del noventa y al inicio de la del dos mil se discutió una serie de estrategias para la reducción de la pobreza. Se puso en escena la tristemente célebre “estrategia reforzada” para la reducción de la pobreza en tiempos del ex presidente Alemán y el ex presidente Bolaños. Estas estrategias de primera generación y las estrategias de segunda ola o “reforzadas” vendían como eje principal de combate a la pobreza el establecimiento de los famosos “clústeres” que anunciaban los estrategas como Mario De Franco y que en el terreno de la realidad no tuvieron ningún efecto en el comportamiento de los índices de pobreza en el país.

Años más tardes fuimos testigos del despliegue circense del famoso Plan Nacional de Desarrollo proyectado a 25 años por la administración Bolaños. Este peculiar documento, cuya estrategia de desarrollo del sector educativo --que es uno de los verdaderos pilares para combatir la pobreza-- estaba contenida en cuatro insignificantes páginas, no llegó a ningún resultado tangible. Era sencillamente ilógico pensar que un Plan Nacional de Desarrollo con visión hacia 25 años pudiera provenir de una administración que estaba cercada y asediada por la oposición. Un presidente que tuvo que apelar a la Carta Democrática Interamericana para poder terminar en paz su mandato no podía tener mayor credibilidad al presentar una estrategia como ésa, menos aún en la forma como lo hizo sin consenso político alguno.

La realidad del combate a la pobreza debe darse en el terreno de las decisiones presupuestarias y con una política inclusiva, al menos, en los tres subsectores claves, como son educación, salud y vivienda.

En todos los gobiernos, incluso en el actual, la inversión en sectores sociales sigue siendo completamente marginal. La pobreza se convierte en un mal cíclico y no hay medidas de ruptura con ese ciclo perverso. En Centroamérica, Nicaragua es el país que menos invierte en educación. Junto con Honduras son los países que menos cobertura educativa pública de carácter obligatorio tienen. En Nicaragua la batalla aún se plantea en términos de la universalización de la educación primaria cuando en la mayoría de los países latinoamericanos los objetivos actualmente planteados apuntan a la universalización de la educación secundaria.

El otro elemento crucial es la salud. La cobertura que da el Ministerio de Salud (Minsa) es deficiente. La infraestructura hospitalaria no ha tenido últimamente ampliaciones importantes en la capacidad instalada y la calidad de los servicios brindados a la población. La red de hospitales públicos de Nicaragua está en una lastimosa situación por falta de inversión gubernamental. De los centros de salud ya ni siquiera vale la pena hablar. La estrategia de cobertura de los servicios básicos de salud del Minsa hasta hoy no tiene mucha incidencia y desaprovecha un enorme potencial que puede desarrollar en la lucha por la reducción de la pobreza, sobre todo en las comunidades rurales del país.

El tercer sector, el de la vivienda, es otro grave problema que impide el despliegue de una verdadera estrategia de desarrollo y combate a la pobreza. Para comenzar, Nicaragua lleva ya dos décadas tratando de resolver el problema de la propiedad. Éste es un problema sin solución, por lo que parece. Las reformas legales necesarias para el reordenamiento y legalización de las reparticiones arbitrarias de propiedades por parte del gobierno sandinista de los ochentas no parecen ser viables en el actual contexto político.

Las incoherencias presupuestarias de los gobiernos a lo largo de las últimas dos décadas han sido evidentes. En el año 2000 al rubro de gastos sociales se afectó un total de 3, 550 millones de córdobas, aproximadamente unos 270 millones de dólares al tipo de cambio de la época. Esta cifra representó apenas un 11% del PIB de ese año para atender sectores clave como Educación, Salud, Inifom y el FISE juntos. La situación no mejoró en el año 2007 con la llegada al poder del Frente Sandinista. En ese año se afectó recursos al rubro “gastos de estrategia de reducción de la pobreza”, que incluyó los presupuestos de educación y salud entre otras instituciones, un poco más de 8,000 millones de córdobas; equivalentes a unos 456 millones de dólares. A lo largo de casi una década el gasto social sólo se pudo incrementar en un 68%, que es una evolución muy lenta en términos de inversión social.

El gobierno y los partidos de oposición deben hacer un esfuerzo para lograr consenso en temas sociales. Es evidente que no han funcionado las estrategias que desde cada bando político se han implementado ya sea desde las concepciones de los intelectuales de la derecha neoliberal o de los neosocialistas del siglo XXI del nuevo FSLN que sólo atinan a más asistencialismo y clientelismo electorero con programas como Hambre Cero.


*El autor es Especialista en Economía Gubernamental y Administración Financiera Pública.