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El Estado Social de Derecho persigue un statu quo en el que los ciudadanos debemos respeto y subordinación a las leyes. En reiteradas ocasiones hemos escuchado la frase célebre de Benito Juárez que dice “Entre los individuos, como entre las Naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”. Es evidente que todos tratamos de buscarla y preservarla. Pero, ¿qué sucede cuando en esa búsqueda de la paz, que conlleva a la seguridad jurídica de las personas y con ello al bienestar social y apego a las leyes, nos encontramos con elementos que la vulneran?. La mayoría recurre a las instituciones del Estado encargadas de garantizar y proteger la seguridad, mantener el orden público y la paz para que den respuestas efectivas a esta vulneración. Pero, ¿qué ocurre cuando precisamente estas instituciones encargadas de dar respuesta efectivas a la ciudadanía son las que vulneran esta paz y el orden social por medio de la arbitrariedad y el carente apego a la Constitución y las leyes?. En este caso concreto me refiero a algunos agentes --por no generalizar-- de una de las instituciones encargadas de garantizarnos esta paz y seguridad jurídica que tanto anhelamos, la Policía Nacional.

En los últimos años la seguridad ciudadana del país se ha deteriorado. El incremento de la pobreza, delincuencia, desempleo, entre otros, han hecho que esta inseguridad se vaya fortaleciendo. Estos temas son parte ya de la agenda cotidiana de la ciudadanía, autoridades del gobierno, organismos internacionales, sociedad civil, etc. Los medios de comunicación, reflejan diario esta problemática. Hasta aquí reflejamos un panorama del estado de la cuestión que a mi parecer es malo y peor aun cuando a esta inseguridad le agregamos otros elementos: los abusos, actos delictivos y corruptos que cometen algunos miembros de la Policía Nacional.

El cuerpo policial nacional muy a menudo es evaluado por diferentes organizaciones para indagar acerca de su desempeño. En las últimas encuestas realizadas por MyR sobre la inseguridad ciudadana en el país revela que un 56% calificaba --muy a pesar de todo-- la capacidad y eficiencia de la Policía para prevenir y combatir el delito como muy buena-- contra un 44.1% que la califica de mala y pésima-. Si bien las encuestas son un índice para decirnos cómo estamos, muy pocos se identifican con las mismas.

La Policía Nacional tiene su fundamento en la Constitución Política de la República de Nicaragua, el Arto. 97 establece que es un cuerpo armado de naturaleza civil, que tiene por misión garantizar el orden interno, la seguridad de los ciudadanos, la prevención y persecución del delito y los demás que le señale la ley, que se regirá en estricto apego a la Constitución Política, a la que guardará respeto y obediencia… además de la Constitución existen leyes que regulan la materia, entre las que cabe mencionar la Ley de la Policía Nacional que en su artículo primero –parafraseando- dice que tiene por misión proteger la vida, la integridad, la seguridad de las personas y el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos; asimismo es responsable de la prevención y persecución del delito, la preservación del orden público y social interno...

Estando claros del objeto de la institución policial, entonces por qué referirnos a la arbitrariedad, si la institución tiene que apegarse a la Constitución y las leyes. Precisamente porque las pruebas y los hechos nos demuestran lo contrario. Los medios de comunicación juegan un papel fundamental en ello. Para muestra un noticiero, en donde algunos oficiales violentan a menudo los principios constitucionales de los ciudadanos que son capturados, en donde miramos que aún sin oponer resistencia, efectivos policiales abusan del uso de la fuerza, golpeando y utilizando un vocabulario soez. Si son capaces de realizar estas conductas frente de las cámaras de televisión, tratemos de imaginar qué sucede tras bastidores, me refiero a las celdas. La misma ley de la Policía dice que los miembros de esta institución actuarán con profesionalismo a su condición de servidores públicos y respetando los derechos humanos. En este tipo de situación es obvio que se vulneran derechos. Precisamente la Constitución nos dice que todas las personas tienen derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, y que nadie será sometido a torturas, procedimientos, penas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes y que la violación de este derecho constituye delito y será penado por la ley. Podemos mencionar más garantías y leyes al respecto pero sería un estudio más profundo en la materia.

En la mayoría de los casos quienes sufren estas arbitrariedades son las personas más desprotegidas, con un grado de educación no óptimo --aunque los letrados también han pasado por situaciones similares-- personas que desconocen sus derechos. Amparados en un traje policial y una placa que los identifica; algunos oficiales se sienten dioses en las calles y creen que nadie puede contra ellos y es cuando ellos se sienten con licencia para cometer cualquier tipo de arbitrariedad. Muchos de los capturados sufren descrédito ante la sociedad porque son detenidos injustamente --además de golpeados, ofendidos-- y cuando la Institución pide disculpa al ofendido por haberse “equivocado”, ya la sociedad les ha condenado y es muy difícil regresar nuevamente al estado original de las cosas. El principio de inocencia es violado en todas sus facetas. Y que sucede si el detenido es realmente un delincuente, pues con el mismo respeto tiene que ser tratado y además garantizársele todas sus garantías constitucionales. Es el juez en todo caso quien por medio de una sentencia emitirá su fallo condenatorio o absolutorio.

Para combatir estos tipos de problemas es necesario que los afectados denuncien estas arbitrariedades ante el órgano competente --Dirección de Asuntos Internos-- para que estas acciones no se conviertan en un círculo vicioso en el que el transgresor –policía-- amparado en la no denuncia ciudadana seguirá cometiendo todo tipo de atropellos, hasta que se vuelva esto una costumbre. El argumento de no denunciar radica en que los funcionarios de Asuntos Internos nunca resuelven nada. Debemos entonces darnos cuenta y tener siempre presente que hay que denunciar y ser recurrente hasta llegar a una respuesta que satisfaga nuestros derechos.


*Máster en corrupción y estado de derecho
Universidad de Salamanca