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Estos comentarios los comparto a raíz de los trágicos sucesos en Perú que conmueven la opinión pública internacional ante las acciones gubernamentales de legislar para la explotación de las riquezas de los territorios indígenas de la región selvática de las amazonas. Veinte indígenas y veinticuatro policías, de extracción humilde y quizás también de igual origen, murieron en la enardecida confrontación contra las decisiones del poder central que no pierde, como ha sido común desde la conquista, su visión colonialista, centralista, excluyente y mono étnica en una realidad multiétnica, multicultural, híbrida y heterogénea que no termina de entenderse ni aceptarse. El líder indígena peruano Alberto Pizango, líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, se refugió en la Embajada de Nicaragua en Lima, quien le concedió, de conformidad al derecho internacional, asilo político por considerarlo un perseguido del gobierno de Alan García. No me referiré a estos hechos recientes, sino a los antecedentes de etnocidio, expoliación y memoricidio que desde los viejos tiempos hasta los nuestros, continúa atormentando nuestra historia como un mal inseparable. ¿Qué profundos y antiguos resentimientos se han renovado para despertar el rechazo, la indignación y la violencia rompiendo el “orden público” instituido?
Fernando Báez, Director General de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, publicó una polémica y documentada investigación: “El saqueo cultural de América Latina, de la Conquista a la globalización” (2008). Argumenta la existencia de una verdadera tragedia, “un etnocidio deliberado para borrar el pasado e imponer los valores fragmentados de una identidad basada en la vergüenza por lo autóctono y admiración por lo foráneo”. Señala el pillaje de los símbolos y las riquezas de los pueblos originarios por parte de los conquistadores y sus nuevos representantes occidentalizados, blancos, mestizos y neocoloniales que desconociendo los derechos de las minorías o mayorías étnicas sin poder político ni económico, extraen las riquezas, los exterminan, los desmemorizan para que, habiendo perdido todo, incluso el lenguaje, pierdan también el recuerdo de donde vienen, de lo que son y han sido. Eso pone fin a su existencia y permite aprovechar, o mejor dicho arrasar, lo que en algún tiempo pasado les perteneció.

Desde la hegemonía del centro imperial, autodefinida como superior, sobre la base del derecho divino y monárquico, hasta la periferia, las colonias, cuatro idiomas europeos (español, inglés, francés y portugués) aniquilaron y extinguieron a más de mil lenguas indígenas. La lengua como “instrumento político para inculcar la compresión del nuevo orden”, persiguiendo la anulación de la diversidad lingüística. Se impuso la cultura y la religión occidental cristiana a millones de seres humanos que eran politeístas. Sobre los viejos templos y lugares sagrados se edificaron las nuevas y majestuosas catedrales. Aquellos países se enriquecieron, su lengua se desarrolló y diversificó, mientras las otras perecieron en el olvido y la miseria, entre el sincretismo y la esclavitud, las epidemias y el sometimiento. Se pretendió “blanquear la memoria de miles de comunidades y consolidar un mestizaje favorable a la concepción occidental del mundo”. Era necesario imponer nuevos valores, romper la tradición, hacerles perder la identidad para que asumieran otra. Borrada la memoria era más fácil injertar la propia para reconfigurar una identidad sumisa. Esto es el “memoricidio” calculado y premeditado del que han sido y siguen siendo víctimas las comunidades de los pueblos nativos. Ello también implica la “desterritorización”, desarraigar de los territorios que han ocupado para la explotación forestal, mineral, agropecuaria e industrial, que sean despojados, asimilados o absorbidos por nuevas prácticas.

El etnocidio está basado en el etnocentrismo y es simultáneo a la transculturalización. De allí quedan ruinas y resentimiento. La cultura dominada es considerada convenientemente, desde la óptica parcial del centro: minusválida, salvaje, bárbara, tribal, feudal, fraccionada, ignorante, hereje, errónea, atrasada, ignorante… Eso justifica el exterminio de su gente, la expropiación de sus riquezas, la suplantación de su cultura, religión y lengua. De ese resentimiento brotará la rebeldía. Eso fue la Conquista, eso sigue ocurriendo ahora bajo los nuevos parámetros de globalización. ¿Qué llevó a los indígenas peruanos a esa defensiva/agresiva y sangrienta reacción? Dice una de las leyes de Newton: “a toda acción corresponde una reacción igual o mayor”. ¿Qué viene y qué esperar después? Hay una rabia acumulada en el inconsciente colectivo que quiere sacudirse del sometimiento…
A pesar de todo, en México, con 105 millones de habitantes, conviven con el español predominante 62 idiomas hablados por 8 millones. En Colombia subsisten, principalmente desde la tradición oral, 66 lenguas indígenas, en Argentina 21, en Perú 52, en Bolivia 35 y en Guatemala 22. Ser indio(a), con sus rasgos, lenguaje, vestimenta, artesanía, forma de vida y cosmovisión, a veces se convierte únicamente en un “producto exótico” para el turismo, una “cosa rara para mostrar y vender como objeto de comercio”. En Nicaragua, la Ley 162 (julio 1996) reconoce como lenguas de uso oficial en las Regiones Autónomas del Atlántico Norte (RAAN) y Sur (RAAS), las únicas declaradas formalmente como autónomas en Centroamérica (Constitución Política de Nicaragua, 1987; Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, 1997) además del español, el miskito, creole, sumo, garífona y rama, hablados por unas 260 mil personas. Según el Informe de Desarrollo Humano 2005, PNUD-Nicaragua, Las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, la identidad étnica de sus habitantes es 30% indígena, 11% afrocaribeños y 59% mestizos. Se han perdido las lenguas matagalpa, monimbó y subtiava; amenazan con extinguirse, al igual que muchas especies de la flora y la fauna, el rama y sumo. El Caribe nicaragüense, desde la “Reincorporación de la Moskitia” (1894), continúa siendo lamentablemente un territorio aislado, olvidado, incomunicado y recordado principalmente, cuando se trata de explotar sus riquezas forestales, minerales y marítimas o cuando hay campañas políticas electorales.

Las constituciones políticas de todos los países de América Latina reconocen los derechos de los pueblos indígenas, pero en la práctica hay discriminación étnica, social y cultural. La “Declaración universal de los derechos de los pueblos”, aprobada en Argel en 1976, indica que “Todo pueblo tiene el derecho de hablar su propia lengua, de preservar y desarrollar su propia cultura, contribuyendo así a enriquecer la cultura de la humanidad… Todo pueblo tiene derecho a que no se le imponga una cultura extranjera”. La “Declaración de San José sobre el etnocidio” de 1981 reconoce que el concepto incluye “la pérdida de la identidad cultural de las poblaciones” que es un proceso complejo que tiene raíces históricas, sociales, políticas y económicas. Enuncia que los “pueblos indios tienen derecho natural e inalienable a los territorios que poseen y a reivindicar las tierras de las cuales han sido despojados”.

Volvamos a los recientes sucesos en el Noreste del Perú. No es un conflicto reciente aunque ahora ocupa las primeras planas noticiosas: 65 etnias amazónicas con 650 mil personas, consideran que las decisiones gubernamentales de flexibilizar la venta de tierras vulneran sus derechos de propiedad. El paquete de leyes gubernamentales (algunas suspendidas por el Congreso), permitirán la explotación de la región como parte de los compromisos del país para poner en marcha el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Latinoamérica, concebida, influida y educada para ser siempre periferia y nunca centro, es dentro de sí misma, maquinaria de exclusión y etnocidio. ¿Podrá nuestra región encontrar un rumbo de consenso para un nuevo modelo de convivencia? ¿Queremos? ¿Nos dejarán?
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