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La “Ley de Responsabilidad Paterna y Materna” (Ley No. 623) vigente desde el veintiséis de agosto del año dos mil siete, determina que se “podrá solicitar el pago de una pensión alimenticia ante la oficina del Ministerio de la Familia más cercana al domicilio de la hija o hijo” y una vez que se compruebe la filiación, es decir que con el certificado de nacimiento del hijo o hija se prueba por ejemplo la paternidad o maternidad, dicha Institución citará al demandado o demandada para que comparezca al trámite conciliatorio.

El trámite conciliatorio en sede administrativa es una forma ágil, expedita y gratuita para resolver además de la obligación alimentaria, los relacionados a la guarda y relaciones padre-madre-hijos; y la facultad de conciliar conforme nuestro sistema jurídico le corresponde al Ministerio de la Familia (Mifamilia), a través de sus Delegaciones Departamentales o ante el funcionario que dicho Ministerio designe. Este trámite es optativo, no obligatorio ya que la parte interesada, es decir quien demanda, puede interponer su acción respectiva ante el Juez competente.

Si el citado a la conciliación no comparece a la primera cita, se le invitará por segunda y última vez al trámite y en este caso se le prevendrá al citado que de no comparecer se levantará el acta de no comparecencia para resolver el asunto en sede administrativa para la justificación ante el judicial competente. Además, la Delegación del Ministerio de la Familia enviará copia certificada de dicha acta al Ministerio Público a la Unidad de Delitos de Omisión Deliberada de Prestar Alimentos, para los efectos legales. Es importante hacer constar que la parte demandante tendrá la opción de entablar la demanda ante el juez para determinar si existe o no la obligación de dar los alimentos.

De realizarse la audiencia y no llegarse a un acuerdo satisfactorio se levantará el acta de falta de acuerdo, la que será firmada por las partes y el conciliador, haciéndole saber a los comparecientes el derecho de recurrir a la vía judicial competente si lo consideran a bien. En este caso la parte demandante tiene el derecho de entablar la demanda de alimentos ante el Juez competente y solicitar que mientras se ventila el juicio se fijen alimentos provisionales.

De haber acuerdo, total o parcial, se levantará el acta pertinente la cual tendrá fuerza de título ejecutivo para hacerla valer ante el juez, en caso de que el obligado incumpla su deber entablando juicio ejecutivo por alimentos, lo que implica la traba o embargo de los ingresos del demandado. No obstante, la parte demandante puede interponer la acusación penal por incumplimiento de los deberes alimentarios, la que en asuntos de efectividad es más expedita que el juicio civil. Para la efectividad de la acusación penal es imprescindible que se tengan los elementos que demuestren la acción u omisión dolosa y deliberada del obligado conforme el Código Penal.

Finalmente, recordemos que los padres de los beneficiarios de la pensión de alimentos, o quien tenga la tutela de la hija o hijo con derecho a los alimentos, no necesariamente tendrán que recurrir ante el Ministerio de la Familia, sino que pueden acordar los mismos mediante un contrato en escritura pública la cual prestará mérito ejecutivo como una obligación contractual, y en caso de que el obligado incumpliere, la parte demandante puede recurrir a la sede administrativa referida, o entablar el juicio ejecutivo por alimentos, o interponer la acusación penal por el incumplimiento.


Abogado y Notario.

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