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La audiencia inicial con carácter de preliminar tiene por objeto determinar si existe causa para proceder a juicio, para el intercambio de información sobre pruebas, la revisión de medidas cautelares, los actos procesales previos al juicio; pero tiene otros adicionales como la revisión de la acusación. La falta absoluta de jurisdicción en el juez para el caso Cenis, que aunque no se hubiera reclamado, debe declararse por razón de orden público; pasa por el Recurso Extraordinario de Amparo, el que ha sido acogido por la sala competente del Tribunal de Apelaciones y actualmente se tramita ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema.

Si el Estado, entidad representada por la Procuraduría, llamó a la parte acusada en conjunto con la Fiscalía; al estrado penal, necesitan ambos de la sentencia definitiva en materia Constitucional para hacer valer la acción penal. Por ahora sólo somete a los órganos jurisdiccionales a contradicción pues una resolución dictada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia podría contradecir una resolución penal.

Faltan los antejuicios; el resultado de los mismos, o sea la sentencia de la Sala Constitucional. Por ahora el caso no es justiciable. El Principio de Legalidad contenido en el Arto. 1 del Código Procesal Penal (CPP) se impone; se observa el obstáculo procesal (Arto. 52 CPP); al habérsele admitido el Amparo interpuesto por los procesados en el caso Cenis.

La Corte Suprema de Justicia en innumerables sentencias ha sostenido como criterio general que la suspensión del Acto reclamado tiene exclusivamente como efecto mantener las cosas en el estado que guardaban al concederse dicha suspensión y por tanto que el Acto reclamado no se ejecute, sin que esto signifique que al dictarse la suspensión, puedan estudiarse o resolverse cuestiones que se refiera al fondo del Amparo, porque esto implicaría emitir criterios propios de la sentencia de fondo, respecto de la constitucionalidad o no del Acto reclamado, que es solo competencia de esa Sala Constitucional. Que el efecto de la suspensión en consecuencia paraliza o detiene el Acto recurrido estimado por el recurrente, como inconstitucional y que éste no se ejecute. Que dictada una suspensión de un Acto de autoridad, las autoridades responsables de ejecutarlos deben abstenerse de continuar los procedimientos, cualquiera sea su naturaleza, pues si no lo hacen sus Actos constituyen un desconocimiento a la decisión expresa de la Autoridad que decretó la suspensión, cuyos alcances son impedir toda actuación de las Autoridades responsables, para ejecutar el Acto que se reclama. Que es necesario recordar que es la sentencia definitiva de la sala de lo constitucional la que resolverá el fondo del recurso, la que podría no llenar su objeto si no se logra prevenir el peligro de que al pronunciarse el fallo, el Acto reclamado que está suspenso, pueda haber sido ejecutado por la vía penal, y por lo tanto tornarse imposible, dar a dicha sentencia su efecto natural de volver las cosas al estado que tenían antes de la interposición del recurso. (Sentencia de las diez y quince minutos de la mañana del doce de Julio del año dos mil dos).-

*Abogado y Notario Público