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La falta de rendición de cuentas de los medios se ha convertido en grieta que los gobiernos autoritarios utilizan para coartar de manera sutil la libertad de expresión. Un método al que empresarios de medios y periodistas han bautizado como “terrorismo fiscal y judicial”. La tesis de los regímenes autoritarios es que amordazando de forma “legal” a los medios, pagan un costo político menor que recurriendo a las prácticas tradicionales. Los gobiernos de Venezuela y Nicaragua acuden al mismo expediente.

El presidente Hugo Chávez luego de cancelar Radio Caracas Televisión Venezolana (RCTV) en septiembre de 2007, se ha visto tentado en construir su ‘maquinaria estatal´ - integrada por el Servicio Nacional Tributario-- (Seniat), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Fiscalía, Asamblea Nacional y Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel)- para coartar la libertad de expresión con argucias legales.

El ensayo más reciente ha sido Globovisión, a raíz de ser acusada de “promover el asesinato del presidente Hugo Chávez”; hacer “terrorismo mediático”; tener un “discurso de odio”, y “deshabilitar al chavismo”. En junio el TSJ emitió una resolución contra Globovisión ordenándoles pagar una multa de 4.1 millones de dólares como medida administrativa. La razón: haber realizado “ocultamiento de donaciones” o sea evasión impositiva.

Simultáneamente cuando iniciaba el escrutinio oficial contra Globovision, el Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco), era allanado por el Ministerio Público de Nicaragua, por instrucciones del partido de gobierno. Cinco comprobó que las acciones del ejecutivo eran camufladas, sustentándose en razones que jamás pudo justificar. En verdad la fiscalía admitió no encontrar elementos jurídicos que probaran tales delitos.

En Nicaragua, después de la investigación gubernamental contra Cinco, el caso más reciente ha sido la cancelación de la licencia de Radio La Ley y el secuestro de equipo por parte de la DGA. Un medio local conducido por el comentarista político Santiago Aburto. END fue categórico al titular “Ortega adopta estilo Chávez contra medios”. Según Aburto las actuaciones de Telcor y DGA son de carácter político por identificarse abiertamente con el dirigente Eduardo Montealegre. Un caso que demuestra como Telcor ha procedido de manera coercitiva, el expediente más utilizado por este gobierno.

Eso no significa que el terrorismo fiscal haya estado ausente en la actual administración. Lo que ha ocurrido es que la presión institucional contra los medios se ha dado tras bambalinas. Una muestra. Los canales 2, 8 y 10, de un día para otro, cambiaron su política informativa. Canal 10 fue el primero en ceder a las presiones del gobierno, cancelando el contrato de El 10 en la Nación conducido por el comentarista político Jaime Arellano. Canal 2, consciente del conflicto de Arellano con el gobierno le abrió las puertas. En términos de horas salió Primera Plana para darle la bienvenida a El 2 en la Nación. En menos de seis meses las presiones de la maquinaria estatal obligaron a Canal 2 a dar el réquiem a este programa. El gobierno a la vez envió un mensaje lapidario para el resto de canales de televisión.

Canal 8 que se caracterizaba por ser crítico del FSLN, luego de la campaña presidencial (2006), comenzó a realizar concesiones en su política informativo, las cuales se han incrementado con el regreso del FSLN al poder.

Pese al giro informativo, ninguno de estos medios todavía no explica a sus audiencias las razones que motivaron los cambios en sus políticas informativas. Canal 2 fue el único que escuetamente emitió un comunicado tras el cierre de El 2 en la Nación. Canal 10 ha preferido quedarse callado, lo que ha hizo fue incrementar la nota roja un golpe artero contra la dignidad de los nicaragüenses. El silencio de estos medios no deja de crear suspicacia debido a que la ciudadanía al final piensa que las acciones del gobierno son legales.

La práctica del terrorismo fiscal y judicial en los últimos años se ha enraizado en Nicaragua, como una amenaza a la libertad de expresión, independientemente de los gobernantes de turno. Telenica en tiempos del expresidente Arnoldo Alemán fue víctima de este método. El ex mandatario Bolaños cerró La Poderosa y multó a Trinchera la Noticia. Un mal precedente que solo se podría disminuir si medios y periodistas rinden cuentas y no ofrezcan pretextos a los gobiernos. Aunque al final estos buscaran como justificar su arbitrariedad mediante un ropaje legal.


*adrian090981@hotmail.com