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La trata de personas con fines de explotación sexual comercial es un asunto de políticas públicas, entre éstas la Política de Protección Social, de Garantías, Presupuestaria, Fiscal, de Inversión en los derechos económicos sociales y culturales de niñas, niños y adolescentes. También es asunto de Salud Pública y Educativa, de Igualdad Social y Seguridad Ciudadana.

A dos décadas de la Convención de los Derechos de la Niña, el Niño y la Adolescencia, y luego de aprobado el Código de la Niñez y la Adolescencia en 1998 (CDN), en Nicaragua no hemos avanzado en esta materia.

¿Por qué? Por una simple y sencilla razón: Falta de voluntad política del Estado para cumplir con el principio del interés superior del niño y la niña.

El artículo 3 de la CDN establece: “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, las autoridades administrativas o los órganos legislativos una consideración primordial a que se atenderá será el Interés superior del niño”. Habrá que preguntar a los diputados de la Asamblea y al Gobierno si a la hora de hacer el Presupuesto General de la República y sus reformas toman en cuenta este artículo.

El arto 4. Establece: “Los Estados partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos y adoptarán esas medidas hasta el máximo de los recursos de que dispongan y cuando sea necesario, dentro del marco de la cooperación internacional”.

Los días 3, 4 y 5 de septiembre del año 2007, en Nicaragua se desarrolló un Foro Regional, en el contexto de la realización del día de debate del comité de los derechos del niño, dedicado al tema de Inversión en ese mismo año. Este foro fue apoyado por el Grupo Alianza por la Inversión, mismo que debatió, analizó y elaboró una propuesta en relación a lo que ordena el artículo 4 de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la Niña.

En este foro participó una delegación de expertos de la sociedad civil de América Latina en el tema de los derechos de la niñez y adolescencia, siendo las principales conclusiones y propuestas las siguientes:
T Los procesos de descentralización así como reforma y modernización del Estado deben estar inspirados en responder al interés superior del niño y la niña.

T Garantizar los recursos necesarios para que los gobiernos cumplan con las funciones a su cargo.

T La primera responsabilidad fiscal de los gobiernos es cumplir con los derechos de la niñez y adolescencia.

T Aumentar los ingresos fiscales a través de los impuestos directos gravando más a los que más tienen.

T Proponer un nuevo contenido del arto 4 de la CDN y llevar propuesta sobre la inversión en la niñez para el día de debate del Comité internacional de los Derechos del Niño en Ginebra.

En este foro se tomó como antecedente y marco de referencia este debate, para plantear que mientras el Estado y especialmente cada gobierno continúe desarrollando sus propias iniciativas, sin tomar en cuenta los aportes y decisiones aprobadas por los gobiernos anteriores.


Mientras que de la sociedad civil aportamos por los derechos de los y las niñas. Continuemos sin fortalecer la articulación para exigir de manera enérgica, sistemática la inversión y mientras las familias, la comunidad y los mismos niños, niñas y adolescentes estemos esperando a que un gobierno se digne a cumplir.

Seguiremos analizando la situación de la niña, el niño y la adolescencia como problemas independientes uno del otro y a partir de las demandas de los periodistas de los diversos medios de comunicación que abordan estos temas con mucha sensibilidad.

Seguiremos analizando como las principales causas que generen esa realidad de abuso sexual, de violencia, de trata, a la pobreza, la desarticulación familiar, el arraigo de abuso en la vida cotidiana de miles de nicaragüenses, viéndolo como un problema policial o judicial y no de salud pública.

Por la falta de voluntad política de los Estados y gobiernos que deben ser los garantes en la aplicación de las políticas públicas y de la seguridad de las personas.

Si no hacemos nada a fondo para terminar con este flagelo de la trata de personas, seguiremos sin querer ver que la raíz de la situación de la niña, el niño y la adolescencia, es la desigualdad y la inequidad social, la injusticia social. No debemos de esperar otros veinte años para buscar la solución, que pasa por superar y cumplir con el interés superior del niño y la inversión en sus derechos humanos.


*Vocera
Coordinadora Civil