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No se disparan cañones en contra de un mosquito. Esta frase, que yo aprendí de mis maestros de comunicaciones, la dije hace casi una década ante un auditorio sandinista. Me refería a “Fuego Cruzado”, un procaz programa de comentarios políticos conducido por el diputado Enrique Quiñónez. No marcaba ni el 0.5 % en el rating de audiencias televisivas, pero el FSLN anunció que demandaría legalmente a sus directores por denostar en contra de su candidato Daniel Ortega y de sus principales líderes. Mi opinión es que no se debía perder el tiempo con una propuesta prácticamente invisible. Pero el diputado Edwin Castro alegó todo lo contrario. Presentó el asunto como uno de dignidad revolucionaria y legalidad.

¿Qué ocurrió después? El rating de “Fuego Cruzado” creció exponencialmente, gracias a la demanda que jamás pasó del anuncio del diputado Castro. La Fiscal Electoral jamás se dio por enterada. Millares de personas querían saber qué contenía aquel programa que tanto escozor causaba al FSLN. Al finalizar la contienda electoral ganada por el ingeniero Enrique Bolaños, “Fuego Cruzado” superaba el 8 % del rating. Ganancia neta. La historia se repite. Una non nata radioemisora local ubicada en Sébaco, localidad ganada por primera vez durante las cuestionadas elecciones municipales de 2008, ha sido violentamente cerrada un día antes de su inauguración. ¿Por qué? ¿Qué se gana con esto?

El Director de Telcor ha esgrimido un asunto de legalidad administrativa. El argumento es similar al del diputado Castro en 2001. De ser así, sería interesante saber por qué dicha legalidad no se ha aplicado a 7 de cada 10 habitantes del espectro radioeléctrico nacional en estos dos años. Existen muchísimas radioemisoras que debieran haber sido cerradas hace rato, por no cumplir con los términos de la concesión ofrecida por el Estado de Nicaragua.

Otra posibilidad es que la respuesta no esté en el campo del señor Orlando Castillo, sino en el del diputado Castro. El concesionario Santiago Aburto es colaborador confeso del ex candidato presidencial y ex candidato edilicio Eduardo Montealegre, a quien le recordaron el caso CNI a la misma vez que la Corporación Reto del Milenio anunciaba que cancelaba definitivamente un tercero y último desembolso de 62 millones de dólares.

Aburto no es cariñoso con el FSLN ni el presidente Daniel Ortega ni sus políticas de gobierno. Todo lo contrario. Como lo era Quiñónez en aquel “Fuego Cruzado”. Pero es deber aclarar que el lenguaje empleado por Aburto no se acerca al de Quiñónez. Eso sí, es antisandinista de principio a fin. Lo que provoca al menos dos preguntas: ¿Acaso Aburto (o cualquier otra persona) no tiene derecho de predicar lo que piensa y sostener el pensamiento político que le dé la gana? Yo no concuerdo con su pensamiento, pero lo menos que puedo hacer es defender su derecho a expresarse libremente.

La otra interrogante es: ¿Por ser el Estado (en nombre del pueblo de Nicaragua) el propietario del espectro radioeléctrico, el gobierno de turno debería de aplicar la Ley 200 de manera tan selectiva? ¡No! Eso se llama discriminación. El gobierno debe administrar la voluntad y los bienes públicos de manera imparcial, justa. Lo que no ha ocurrido en el caso de la non nata Radio La Ley.

No puedo evitar una tercera pregunta: ¿Por qué este gobierno pretende matar a esta radio de 250 vatios de potencia en antena? ¡Es un mosquito! ¡Y le han disparado con cañones desde Telcor!

Una probable respuesta la ofrece nuestra historia. El Secretario Político del FSLN convocó a los periodistas de toda la región para anunciar que el gobierno revolucionario había decidido la reapertura del temporalmente clausurado diario La Prensa. Centroamérica vivía los días posteriores a los Acuerdos Esquipulas I y II. ¿El argumento? “En realidad La Prensa nunca ha puesto en peligro la estabilidad de la revolución”. Entonces, ¿para qué la cerraron? Sólo cuando no se cuenta con las herramientas políticas ni ideológicas adecuadas se responde con la brutalidad del poder.