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“La realidad va más rápido que el Derecho”, me dijo una vez un profesor en la escuela de Ciencias Jurídicas, refiriéndose, por supuesto, a que las leyes y demás componentes del marco jurídico regulatorio de la sociedad se va adecuando a la coyuntura y evolución de las necesidades sociales. Concluí entonces que existe disparidad entre el ser y el deber ser, y que el segundo sigue al primero por cuanto las situaciones primero se dan y posteriormente se define como deben ser.

Con el objetivo de dinamizar la economía, en la década de los noventa se dio una peligrosa condición de libertad a las entidades financieras, las cuales introdujeron el sistema de crédito mediante un sencillo instrumento, el “dinero plástico”, para ese entonces no existía una verdadera ley especial que regulara las relaciones entre los tarjetahabientes y las entidades emisoras, de hecho tampoco existía un instrumento legal que regulara los contratos de adhesión, de modo tal que toda relación jurídica se amparaba en el “pacta sunt servanda”, siendo entonces ‘ley’ lo acordado por las partes, o más bien la adhesión que hacían los usuarios de tarjeta de crédito a la condiciones del banco sin considerar la desprotección en la que se sumergían.

Debido al aumento dinámico del comercio, y por ende de las relaciones entre proveedores y consumidores al principio de esta década, se aprobó el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y cuatro la Ley 182 “Ley de Defensa de los Consumidores”, y en septiembre tres de mil novecientos noventa y nueve mediante el decreto de la Asamblea Nacional número 2187, el reglamento a esta ley. Éste sería un instrumento que regularía los actos realizados entre dos partes que intervienen en una transacción en su carácter de proveedor y consumidor; el objeto recaerá sobre cualquier clase de bienes o servicios públicos o privados. Se tipifican también los contratos de adhesión, definiéndolos como aquellos cuyas cláusulas se establecen unilateralmente por el proveedor de bienes o servicios, sin que el consumidor pueda discutir o modificar sustancialmente su contenido al momento de contratar. Tal es el caso de los contratos de tarjetas de crédito, pero como es de suponer, las autoridades han presumido un conflicto de competencias.

Los bancos serían regulados por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, creada mediante la Ley No. 125 publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 64 del diez de abril de mil novecientos noventa y uno, creándose entonces un vacío en cuanto a las regulaciones y vigilancia de las relaciones entre usuarios y proveedores de servicios bancarios, pues la Ley 182 sería aplicada por la Dirección de Defensa del Consumidor (DDC). Si existe un problema surgido de un negocio jurídico y la ley que se aplica a la entidad involucrada no contempla soluciones concretas o las regulaciones necesarias, entonces, debería ser posible invocar la analogía de las normas jurídicas, me refiero en específico a las controversias surgidas por los contratos de adhesión de los usuarios del dinero plástico.

La entidad “reguladora” de los bancos se regía únicamente por su Ley y normativa, lo cual es correcto, pero, ¿por qué no suplir vacíos de estas relaciones entre los bancos y los usuarios, si la Ley 182 plantea soluciones y regulaciones que son perfectamente aplicables a los casos concretos que han suscitado por dichos contratos? Pero los bancos no se someterían a la Dirección de Defensa del Consumidor por tener un ente regulador “especializado” que es quien “los pone en orden”, pero aquí nos encontramos ante la disyuntiva del ser y el deber ser, este último (deber ser) plasmado en una Ley a la que las instituciones bancarias no se someterían, pues ha existido desde siempre un argumento: “dura lex ex lex”, claro que esta situación tiene (como todo) su contraparte, por eso me pregunto, una vez agotado el trámite administrativo ante la Superintendencia de Bancos por sentir los usuarios violentados sus derechos por las condiciones que establecen los proveedores. ¿Qué probabilidades habría para que la DDC se declare competente y conocer estos casos?, no sabríamos los usuarios quién aplicaría preceptos legales a la situación dada.

El tres de diciembre del año dos mil cuatro es aprobada en la Asamblea Nacional la “Ley de Promoción y Ordenamiento del Uso de la Tarjeta de Crédito”, Ley 515, misma que surge como resultado de la necesidad social del momento, mucho incentivo para los bancos y nada de protección a los usuarios, fue reglamentada por la Superintendencia mediante una resolución del veintiséis de septiembre del año dos mil seis. Se plantearon los lineamientos básicos que serían referencia para las relaciones entre usuarios y bancos que brindaban este servicio, pero aun así no contamos con un verdadero trámite administrativo para salvaguardar los derechos de los usuarios, únicamente se planteo en el capítulo cuarto en los artículos del diecisiete al veintiuno, todos referidos a la impugnación de cargos en el cobro al usuario, pero muestra del gran atraso que contiene nuestra legislación aún en estos días es que el artículo veintiuno que reza: “en caso no hubiere avenimiento o resolución en las diferencias entre el tarjetahabiente y el emisor, el que se considere perjudicado, podrá hacer valer sus derechos en la vía que corresponde”. Entonces siempre cabe la posibilidad que el usuario no pueda hacer valer sus derechos, no se contempla como deberá entenderse el silencio por parte del banco, este puede simplemente no dar respuesta y ya, las herramientas que tiene el usuario son los recursos “genéricos” de revisión y apelación ante el órgano regulador, pero no existe un verdadero procedimiento tal y como se detalla en la Ley 182 para resolver conflictos similares, y al no haber un verdadero procedimiento administrativo y que vaya más allá de las impugnaciones de los cobros, el usuario tendría que acudir a la vía judicial, o sea, según el “deber ser”, hacer valer sus derechos ante un juez, pero según el “ser” de las cosas, está prácticamente en indefensión.


*Red Nacional de Defensa de los Consumidores (RNDC)