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Quienes han visto películas policíacas de los EU., saben que en el sistema judicial, allá un cruel asesino, confeso y comprobado, no obstante puede salir libre si los investigadores, fiscales o jueces habían violado reglas de procedimiento al establecer la causa, pues allá vale más mantener intactos e intocables las reglas de procedimiento, las que se aplican quizás en centenares de casos posteriores, que la aparente injusticia de que un malhechor salga sin castigo debido. El mismo pensamiento -el respeto a las reglas acordadas antes que la valoración de un caso individual- es la base de la constitución estadounidense y de la jurisprudencia de su corte suprema en cuanto al funcionamiento del sistema político, y de ahí paulatinamente se ha extendido al derecho y a la práctica constitucional de otros países, en particular los estados de Europa.

Hay ahí una diferencia de fondo entre el derecho civil verso el derecho público y el derecho penal: mientras en el primero, la violación de las reglas por una parte exime la otra parte también del cumplimiento, no así en los últimos dos: ni el más horrendo crimen exime a los investigadores, fiscales y jueces de mantenerse estrictamente dentro de las reglas, como tampoco una supuesta flamante aberración de un actor en la esfera pública faculta a los demás actores a salirse del camino de los procedimientos establecidos, a no ser que los mismos se encuentren bloqueados por la fuerza. En la esfera del derecho público, además los actores se encuentran dos veces limitados, primero les debe corresponder la autoridad a actuar y por segundo los actos encaminados los deben contemplar la constitución o la ley en forma explícita y expresa.

Ahora bien, la Constitución de Honduras no contiene absolutamente ningún artículo, que facultara al Congreso Nacional a destituir un presidente, mucho menos al Ejército de desterrarlo a la fuerza. Sólo contempla en su artículo 205.15 15 “Declarar si ha lugar o no a formación de causa contra el Presidente”, donde después le corresponde a la Corte Suprema de Justicia según artículo 319.2 “conocer de los delitos oficiales y comunes de los altos funcionarios de la República, cuando el Congreso Nacional los haya declarado con lugar a formación de causa”. No obstante, literalmente todo el mundo, en vivo y directo, fue testigo este domingo pasado, que el Congreso no aplicó este procedimiento sino, sin formar causa ni tener la facultad, procedió en un solo acto legislativo a destituir al presidente -potestad privativa de la Corte Suprema después de que se haya formado causa por el Congreso- y elegir un sustituto.

Este acto tampoco es un asunto solamente interno de Honduras: comenzando con los tratados de Westfalia 1648 y los protocolos finales del Congreso de Viena 1819, y llegando al final a las actas constitutivas de la Liga de las Naciones 1919 y del sistema de las Naciones Unidas 1945, aunque ciertamente se estableció el principio de la no-intervención en asuntos internos de un país, al mismo tiempo -en aras de la estabilidad de las relaciones entre los estados- se condiciona el reconocimiento de un gobierno como representante legal y legítimo a que tal representación se diera en el marco de la legalidad propia del país de origen. De nuevo, paulatinamente estos principios se han extendido y fortalecido, sin embargo a las alturas del Siglo XXI ya son parte generalmente aceptada del derecho internacional consuetudinario.

Aunque al parecer les cuesta mucho a algunos a entenderlo, el asunto de fondo entonces no es si uno esté de acuerdo o no con la orientación política de Manuel Zelaya ni tampoco si éste haya o no haya violado el marco constitucional y legal de Honduras, sino si se respetó lo que la Constitución misma de Honduras establece como proceso debido para su eventual destitución. Sin tal respeto no hay Estado de Derecho, base incompleta aunque imprescindible para la democracia, ni mucho menos relaciones basadas en derecho entre los países. Por esta razón hay el reclamo unánime de la comunidad de estados a que se restablezca al presidente electo de Honduras en el pleno ejercicio de sus funciones.