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“Es absurdo, destituir a un presidente sólo por querer consultar al pueblo. Quieren negarle a Honduras el derecho a entrar en la democracia del siglo XXI”.

Miguel D`Escoto (28/6/2009)

Honduras ha sufrido una vez más en su historia lo que parecía imposible: un golpe de Estado repudiable, injustificable y retrógrado que únicamente la movilización popular y la solidaria y contundente respuesta internacional podrán revertir. Nada justifica lo ocurrido.

Es una nación tan cercana a nosotros, más que vecinos, somos hermanos, no por la frontera común, sino por la historia, la cultura, el parentesco y los problemas socioeconómicos que nos aquejan; a pesar de los encuentros y desencuentros durante los últimos dos siglos, que nos han llevado a la confrontación bélica y política, a conflictos fronterizos, al diálogo y el entendimiento, nuestros pueblos han sufrido juntos los males de la pobreza y la exclusión, se ha despertado en ellos, en distintos momentos, la esperanza. El líder unionista Francisco Morazán (1792 – 1842), Presidente de la República Federal de Centroamérica nació en Tegucigalpa; en Trujillo fue fusilado William Walker en 1860. Uno de los monumentos más antiguos de Nicaragua (inaugurado por J. S. Zelaya en el último año de su mandato, enero 1909), en Homenaje al Soldado Nicaragüense, es al joven Ramón Montoya (Montoyita; 14 años) quien murió en la Batalla de Namasigüe (Choluteca) enfrentándose a los ejércitos de Honduras y El Salvador (1907) en una de las tantas guerras sin causa en que miles de hombres y mujeres de ambos lados dejaron sus restos sobre los campos olvidados de Centroamérica. En Palmerola se instalaron las bases militares y el apoyo logístico norteamericano a la contrarrevolución durante la década del ochenta; en marzo de 1990 se firmó en Toncontín el Acuerdo para la desmovilización de la Resistencia Nicaragüense; el Protocolo del Sistema de Integración Centroamericano fue firmado en Tegucigalpa en 1991; el Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centroamérica que define un nuevo rumbo de la seguridad regional suscrito en 1995 en San Pedro Sula, en la misma ciudad que catorce años después, la 39 Asamblea General de la OEA (junio 2009) decidió, en un acto de soberana rebeldía latinoamericana, a pesar de la resistencia diplomática de Estados Unidos, anular la resolución de 1962 abriendo la posibilidad del reingreso de Cuba al organismo continental.

La consulta popular impulsada por el presidente Manuel Zelaya (Enero 2006 – 2010) fue cuestionada por los distintos poderes de Estado. El titular del Ejecutivo persistió en efectuarla con carácter no vinculante para después incorporar una cuarta urna en las elecciones de Noviembre 2009 para la reforma constitucional “acorde a los cambios políticos y sociales que demanda el país”. La oposición criticó esa legítima iniciativa de consulta al pueblo soberano, quien es el que, sobre la base de reglas transparentes, debe expresar y hacer respetar su voluntad, por considerarla ilegal, argumentando que se alejaba de las facultades presidenciales y que la pretensión era la reelección. Por su parte, ante las resoluciones e impedimentos, el bloque oficialista acusó de intentar dar un golpe de Estado técnico al intervenir en las facultades y desconocer la autoridad presidencial, con el fin de impedir reformas económicas y sociales a favor de los sectores populares, y que afectaba los intereses del poder económico, político, oligárquico y tradicional. Aunque Zelaya no cuenta con el apoyo unificado de su partido ni del Tribunal Electoral, del Tribunal Supremo de Justicia, del Congreso, la Fiscalía General, la Iglesia Católica, ni los principales medios de comunicación, aparentemente dispone de simpatía popular por las medidas de reforma impulsadas (a pesar del origen del mandatario), a la cual han tenido acceso los sectores pobres mayoritarios. El gobierno se ha integrado a la Alternativa Bolivariana de las Américas ALBA junto a Venezuela, Cuba, Nicaragua y Ecuador, asumiendo posiciones cercanas a estos países, además de haber sido el escenario donde la OEA anuló la vieja decisión contra Cuba, generando temor interno y preocupaciones externas. Lo que ocurre, afecta la seguridad, la gobernabilidad y la convivencia, quizás abra oportunidad de reformas profundas, pero en medio de la crisis económica global que, si no se administra con responsabilidad por los(as) hondureños(as), dueños legítimos de construir su propio destino, podrá estancar una vez más las esperanzas de desarrollo equitativo e incluyente. Al igual que Nicaragua, es uno de los cinco países más pobres del Continente, se encuentra en la posición 115 de desarrollo humano, por debajo de Nicaragua (110), es uno de los más desiguales de la región, tiene la tercera economía más pequeña de Centroamérica, por encima de la de Belice y Nicaragua.

Se junta al resquebrajamiento institucional otro mal que aqueja al país, y que quizás ha contribuido a afectar el apoyo ciudadano al Estado de Derecho: la violencia delictiva, cuyos efectos dañan la confianza entre las personas, hacia las instituciones y hacia el modelo democrático, es, según el 35% de la población, (Estado de la Región 2008), el principal problema del país. La percepción de inseguridad como amenaza para el futuro es del 84%. Según el Observatorio de la Violencia de Honduras, en 2007 se conocieron 3,574 homicidios, subiendo en 25% para el 2008 que registró 4,473. La tasa para el último año fue de 60.8 x 100 mil habitantes la más alta en Centroamérica, superando incluso a El Salvador quien había sido en lo que va de la década el de mayor índice. El 78% de las muertes fueron provocadas con armas de fuego; el 36% son “sicariatos”. Hay una alta impunidad y victimización. La delincuencia organizada nacional y transnacional, principalmente el narcotráfico y las maras, son autores de asesinatos, secuestros extorsivos, provocan temor creciente y afectan la seguridad de las personas. La situación carcelaria es crítica registrándose frecuentes asonadas y muertes en los centros penales; la violencia criminal e inseguridad son de las más deterioradas en la región junto a las de Guatemala y El Salvador.

A la inseguridad, la desigualdad socioeconómica, el bajo desarrollo humano, las fragilidades institucionales, los estilos autoritarios desde el poder y la prevalencia de estructuras políticas, económicas y sociales conservadoras, excluyentes y tradicionales, se suman los problemas de gobernabilidad en medio de la crisis económica, escasez de recursos, caída del empleo y aumento del déficit comercial y fiscal. Ojalá la crisis plantee cambios, permita aprovechar las oportunidades, construya nuevos y necesarios consensos. Honduras, los y las hondureñas, nuestros hermanos del Norte, tienen derecho a construir y buscar oportunidades. La clase política ha abierto una puerta y el Ejército ha utilizado el poder de las armas para asaltar el gobierno. La seguridad y el orden democrático han sido lesionados. El país debe volver con prontitud a los cauces democráticos constitucionales, de no ser así ¿Cuál será el porvenir? Su problema y las vías de solución, ineludiblemente nos afectan por la proximidad con que la geografía, la historia y la existencia común nos han puesto.


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